En medio de la pandemia, con delfines saltando alegremente en los canales de Venecia, creíamos como Humanidad que lograríamos grandes cambios en la relación humana y con la naturaleza. Pero no, el agua, elemental para la vida, empezó a cotizar en Wall Street. Como el oro, el petróleo o la soja, como un commodity más. Pero el agua no es (o no debiera) ser una mercancía.
Ya lo advertía el papa Francisco en su Encíclica Laudato Si: “Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado”.
Al convertir los permisos de uso de agua en activos financieros se abre la puerta a sectores que pretendan especular con estos permisos.
Introducir en el mercado el acceso al agua significa transferir a su lógica de funcionamiento, asimétrico e incompleto, la responsabilidad de definir los aspectos distributivos asociados con sus usos. Esto no es inocuo sino que tiende a agravar los problemas ya existentes, socavando los intereses de las actuales y futuras generaciones y los derechos de las otras especies, porque los “mercados” desconocen el “valor” (que no es lo mismo que el “precio”) ya que ignora las complejas funciones e interrelaciones de los ecosistemas.
Pero una de las cosas más perversas es que, como todo bono financiero, su precio crecerá (y las ganancias de sus tenedores) cuando mayor sea la crisis, en este caso del agua. Así, las crisis serán recurrentes para garantizar mayores ganancias. Sin crisis, esos bonos carecen de valor.
El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Sin embargo, todos los días 4.000 niños mueren por no acceder al agua sana y a un saneamiento seguro”.
Una de las mejores maneras de detener el proceso de mercantilización en la Argentina es reconocer, mediante una ley nacional, el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Esto determinará prioridades justas en su uso, garantizaría su libre acceso y restringiría su privatización. Porque el agua como mercancía es exactamente lo opuesto al agua (su acceso) como derecho humano fundamental.
Es sorprendente que en nuestro país hay sectores políticos (y económicos) que se oponen a considerar el acceso al agua potable como un derecho, para mantener al agua como una mera mercancía cuyo acceso fluctué al vaivén de la inefable oferta y demanda. Como si se pudiese elegir prescindir del agua para las necesidades más elementales como el higiene y alimentos.
Sin agua no hay nada: ni salud, ni comida, ni vida.
Esto en medio de una crisis global del agua donde permanentemente es acometida por procesos violentos de contaminación, expropiación y privatización de actividades como la gran minería, la actividad petrolera, el agronegocio (y los agroquímicos asociados), la deforestación, las megarrepresas, entre otros.
Pero vamos más allá, no sólo debiera ser un derecho humano fundamental, sino que el agua, como parte de la naturaleza, tiene derechos. Si, el agua tiene derechos y que tenga derechos la saca del mercado, deja de ser una cosa para convertirse en un sujeto de derechos. Tiene derecho a la preservación de la funcionalidad de sus ciclos, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, a vivir libre de contaminación para la reproducción de la vida de la naturaleza y todos sus componentes.
Por Enrique Viale
Abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)
