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En qué países del mundo es legal la eutanasia

18 marzo, 2021

El Congreso de los Diputados español dio este jueves su aprobación definitiva a la ley que despenaliza la eutanasia en España y convierte a este país en el cuarto de Europa y el séptimo del mundo que permite poner fin a la vida con la intervención de un profesional de la salud en caso de enfermedad incurable, grave, crónica e invalidante.

En el caso de España, una vez entre en vigor la ley, la eutanasia se podrá prestar solo a mayores de edad, en condiciones “plenas”, que tengan una enfermedad grave o sufrimiento intolerable y que hayan expresado su voluntad de morir. La decisión podrá ser revocada en cualquier momento por parte del paciente, quien habrá sido previamente informado sobre las distintas alternativas que existen y el acceso a cuidados paliativos.

Hasta ahora, la eutanasia activa está legalizada en siete países: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, Nueva Zelanda y España.

En abril de 2002 Holanda sentó un precedente al convertirse en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia. Poco después, Bélgica y Luxemburgo siguieron el camino que había tomado su país vecino. Estos tres lugares son, en la actualidad, los únicos de Europa donde se permite la “muerte asistida”. Más recientemente, Colombia y Canadá ampararon esta práctica en su legislación, aunque cada norma recoge sus propios matices.

 

Cómo es en cada uno

En Holanda se aplica a enfermos con dolor insoportable e irreversible y es el paciente quien debe pedirla a su médico, que está obligado a consultar con otro antes de decidir.

Bélgica tiene una ley similar. Tampoco hay un control previo y solo se necesita el visto bueno de dos médicos. A diferencia de la ley holandesa, la eutanasia puede aplicarse a cualquier edad, mediando consentimiento paterno, y también incluye casos de sufrimiento psíquico irremediable.

En Nueva Zelanda, la eutanasia voluntaria fue aprobada en referendo en octubre de 2020, después de que el Parlamento diera el visto bueno, y entrará en vigor el 6 de noviembre de 2021. A partir de entonces, se permitirá que un médico administre una droga letal a un adulto al que le quede un máximo de seis meses de vida y sea víctima de una enfermedad terminal insufrible, siempre y cuando el paciente lo haya solicitado de forma consciente y voluntaria.

En Canadá, el Tribunal Supremo reconoció el derecho a la muerte digna y voluntaria en 2015, mismo año que Colombia la legalizó para enfermos mayores de edad en fase terminal con patologías oncológicas o no oncológicas que la soliciten, ejerciendo su capacidad de decisión de manera verbal o escrita.

En España, la nueva ley de la eutanasia despenaliza la ayuda médica para morir, tras muchos años de intentos. Una vez entre en vigor, dentro de tres meses, podrán solicitarla aquellas personas mayores de edad que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que cause “un sufrimiento físico o psíquico intolerable” sin posibilidad de curación o mejoría.

El paciente debe confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso, que se puede alargar algo más de un mes desde que lo solicita por primera vez, y en cualquier momento podrá echarse atrás o aplazar la eutanasia.

La ley, incluida dentro del Sistema Nacional de Salud, contempla el derecho de los médicos a lo objeción de conciencia y establece la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada comunidad autónoma (provincia) para evaluar cada caso.

Luego está el caso atípico de Estados Unidos, donde a nivel federal la eutanasia es ilegal, pero en algunos de sus estados como California y Montana dejan abierta las puertas a la muerte asistida en pacientes terminales.

De la misma manera, en Washington, Oregon y Vermont, se contempla el suicidio asistido basándose en el fundamento legal que reconoce “el derecho a decidir de las personas”.

 

Suicidio asistido

Hay otros lugares que no contemplan la eutanasia activa en su legislación pero sí permiten el suicidio asistido. La diferencia es que éste no requiere de una intervención directa de los médicos: únicamente suministran los medios necesarios y es el paciente quien se toma la medicación voluntariamente para terminar con su vida.

Uno de esos países es Suiza, donde no se contempla castigo para quienes ayuden a otro a morir, siempre y cuando sea por razones altruistas.

Allí se permite el suicidio asistido desde la década de 1940 y desde entonces existen organizaciones que ayudan a extranjeros procedentes de Italia, Francia o España a gestionar sus peticiones para “morir dignamente”.

 

Otra versión: la eutanasia pasiva

Lo que no se permite en Suiza, Alemania o Austria es la eutanasia activa, pero sí indirecta o pasiva siempre y cuando el enfermo haya expresado esa voluntad.

La eutanasia pasiva, cuando se consigue la muerte del paciente en situación irreversible suspendiendo el tratamiento médico, está reconocida también bajo ciertas condiciones en las legislaciones de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia.

También Argentina y Chile contemplan esa posibilidad de que el paciente (o sus familiares o representantes legales si está impedido para hacerlo) rechace tratamientos que prolonguen artificialmente su vida.

En el lado opuesto se encuentra Polonia, que entiende la eutanasia como un asesinato y castiga su práctica con hasta cinco años de prisión, aunque no es el único país europeo donde está penado. También Bulgaria o Croacia lo castigan con hasta 6 y 8 años respectivamente.

Fuente: RTVE

Tags: españaEutanasiaLegalización
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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