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Más de 13 millones de mujeres desempleadas en Latinoamérica

5 marzo, 2021
Más de 13 millones de mujeres perdieron sus empleos en Latinoamérica por a la pandemia

Más de 13 millones de mujeres perdieron sus empleos en Latinoamérica por a la pandemia

La crisis económica a raíz de la pandemia de la COVID-19 ha agudizado las brechas de género en el campo laboral, y generado un retroceso de al menos una década, dado que 13 millones de mujeres han perdido sus empleos en América Latina y el Caribe, según el último informe Panorama Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La tasa de participación laboral de las mujeres en 2020 sufrió una baja histórica de 5,4 puntos porcentuales y cayó a 46,4 %, lo que representa que 12 millones de mujeres salieron de la fuerza laboral en América Latina y el Caribe por la desaparición de sus empleos.

De acuerdo con los datos del Panorama Laboral, “hace más de 15 años que no se registraba una tasa tan baja de participación de las mujeres“.

Asimismo, la tasa de desocupación regional en mujeres aumentó de 10,3 a 12,1%, por encima del promedio de desocupación general, que subió a 10,6 por ciento, lo cual significa que aproximadamente 1,1 millones de mujeres se incorporaron al desempleo femenino.

La reducción de la tasa de participación laboral femenina refleja el porcentaje de mujeres que salieron de sus trabajos por la pandemia, pero no buscan uno nuevo porque no hay empleo o han tenido que atender otras responsabilidades en la familia.

En tanto que el incremento de la tasa de desocupación representa el porcentaje de mujeres que busca empleo, pero no encuentra.

Esas 13,1 millones de mujeres que han perdido sus puestos de trabajo se suman a cerca de 12 millones que ya estaban afectadas por la desocupación antes de la pandemia.

 

Desempleo llega a 25 millones

En total, alrededor de 25 millones de mujeres están desempleadas o se encuentran fuera de la fuerza de trabajo en este momento, precisó el informe de la OIT.

“Esta crisis sin precedentes ha exacerbado las brechas de género en los mercados de trabajo de la región, sacando de la fuerza de trabajo a millones de mujeres y anulando avances anteriores“, declaró el director de OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

“Hemos retrocedido más de una década en un año y ahora necesitamos recuperar esos empleos y pisar en el acelerador de la igualdad de género“, añadió.

Pinheiro subrayó que “en este Día Internacional de la Mujer -8 de marzo-, es crucial reafirmar el compromiso para recobrar el terreno perdido durante la debacle económica y social en nuestros países“.

Más de 13 millones de mujeres perdieron sus empleos en Latinoamérica por a la pandemia

 

Trabajos en servicios y comercios 

El grave efecto de la pandemia en el trabajo femenino responde a que las mujeres estaban empleadas mayormente en los sectores económicos más afectados por las restricciones aplicadas para impedir el avance del coronavirus.

De acuerdo con el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe de la OIT, la contracción del empleo en 2020 fue particularmente importante en sectores de servicios como hoteles (-17,6 %) y comercio (-12,0 %).

Otro factor que ha afectado y puede condicionar las perspectivas de recuperación del empleo de las mujeres son las dificultades de conciliar el trabajo remunerado con las obligaciones en el hogar.

“A todo esto hay que sumar el aumento del teletrabajo y del trabajo en el domicilio en un contexto de cierre o suspensión de los espacios de cuidado asociado con las medidas de confinamiento y de distanciamiento físico“, comentó la especialista regional de empleo de la OIT, Roxana Maurizio.

La organización planteó políticas sociolaborales pertinentes para evitar que la crisis regional se vuelva permanente y se extienda el alejamiento de la fuerza laboral femenina. “Se requiere apuntalar, aún con más fuerza que antes, un proceso que asegure a las mujeres mayores oportunidades de empleo de calidad, formación y acceso a las nuevas tecnologías, reducción de brechas y el pleno cumplimiento de los derechos laborales“, precisó Maurizio.

Fuente: DW

Tags: Coronavirus Covid-19desempleoLatinoaméricaOIT
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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