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Motines en cárceles de Ecuador dejaron más de 60 muertos

23 febrero, 2021

Tres motines coordinados en las tres principales cárceles de Ecuador, en principio generados por disputas por el control de los penales, dejaron hoy un saldo de 62 presos muertos, lo que puso en inmediata alerta al gobierno, que usó la fuerza “para garantizar la seguridad de los detenidos”, según adelantó el presidente Lenin Moreno.

Moreno acusó al correísmo de estar detrás de los desmanes, sin presentar evidencias, en medio de una carrera electoral todavía abierta que tiene pendiente una segunda vuelta para el 11 de abril, pero por la tarde las autoridades del área dejaron en claro que las revueltas fueron obra de “grupos delictivos internos” en una disputa por el liderazgo de los lugares.

Aunque las primeras versiones de los diarios locales La Hora y El Comercio hablaron de 10 muertos, el sitio digital Primicias elevó luego esa cifra a 31 y más tarde la Policía informó que los fallecidos superaban los 50.

Una conferencia de prensa posterior en el Palacio de Carondelet –sede del Ejecutivo- llevó a 62 el número “oficial y final” de víctimas fatales.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (Snai), Edmundo Moncayo, dijo que los muertos eran 67 al inicio de su conferencia, pero luego la corrigió a 62: 21 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayas; 33 en el Centro El Turi, en Azuay y ocho en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, en Latacunga.

“No hay funcionarios fallecidos, pero sí tenemos policías heridos; los hechos fueron coordinados y protagonizados por grupos delictivos que operan al interior de las cárceles y que intentan disputar el liderazgo que ejercen tras las rejas ‘Los Choneros’”, explicó Moncayo.

Los motines se iniciaron casi en simultáneo, por la mañana, en los tres penales mayores del país, ubicados entre sí a distancias que van de los 200 a los 450 kilómetros.

“Organizaciones criminales realizan acciones de violencia simultáneas en varios centros penitenciarios del país; la Policía de Ecuador, en coordinación con el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, están actuando para retomar el control de cárceles en Guayaquil (oeste), Cuenca (sur) y Latacunga (centro)”, fue lo primero que escribió Moreno en su cuenta de Twitter.

Le siguió el mismo Pazmiño, quien advirtió que se trataba de una “acción concertada de las organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios”.

“Ante la acción concertada de organizaciones criminales para generar violencia en centros penitenciarios del país, desde el Puesto de Mando Unificado conjuntamente con el mando policial gestionamos acciones para recuperar el control”, publicó el titular de Gobierno.

Pero en su habitual ciclo “De frente con el Presidente”, Moreno volvió a la idea de que las revueltas tenían origen en “una pelea de mafias organizadas” y reseñó que pidió que “se use la fuerza de manera progresiva para garantizar la seguridad de los detenidos”.

Después fue más allá y advirtió que le parecía “raro” que ocurrieran motines en los centros penitenciarios y hasta especuló con la chance de que militantes y seguidores de su antecesor Rafael Correa tuvieran que ver con las revueltas.

“En octubre (2019), el correísmo contrató a criminales que estaban fuera de las cárceles para provocar los desmanes y distorsionar la legítima aspiración de los indígenas; no nos asombraría que ahora la mano de ellos esté presente, total, son bastante conocidos”, sostuvo el mandatario, desmentido luego por los propios funcionarios del área.

El concepto parecía una referencia a que hoy llegó a Quito la columna de Pachakutik que reclama al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento de votos de las elecciones de hace semanas, en defensa de la candidatura de Yaku Pérez a la presidencia. Pérez aparece tercero detrás del exbanquero Guillermo Lasso.

La réplica de Correa fue casi inmediata: “Este pobre hombre está realmente fuera de sus cabales. Mientras tanto, siguen matándose en las cárceles y la gente muere por falta de vacunas.”

“Recuerden que eliminó el Ministerio de Justicia, responsable de la rehabilitación social”, escribió Correa en Twitter desde Bélgica, donde reside tras terminar su mandato.

Y agregó: “Nunca olviden que Moreno, para darle más poder a Romo, eliminó el Ministerio de Justicia, encargado de la cárceles y la rehabilitación social. La nefasta labor de Romo, solo preocupada en perseguir y repartir hospitales, destruyó la seguridad del país en todos los sentidos.”

María Paula Romo fue ministra de Gobierno de Moreno y era muy cercana al mandatario, pero fue destituida por la Asamblea Legislativa en noviembre del año pasado por su desempeño durante las manifestaciones y protestas de octubre de 2019.

Sobre los motines de hoy, el comandante de la Policía, Patricio Carrillo, calificó de “crítica” la situación y alertó que “además de sus normales responsabilidades de seguridad ciudadana y los amotinamientos, la Policía Nacional está haciendo frente a dos hechos que demandan operativos sobre la marcha”.

Según la planificación policial, 1.470 efectivos están desplegados en distintos puntos de la capital para controlar posibles desmanes, de acuerdo al diario El Comercio.

La vocera de la Policía Nacional, Rafaela Montoya, dijo al sitio Primicias que más de 20.000 uniformados tienen asignadas tareas relacionadas con el proceso electoral.

https://www.primeraedicion.com.ar/wp-content/uploads/2021/02/WhatsApp-Video-2021-02-23-at-19.57.02.mp4

Fuente: Agencia de Noticias Télam 

Tags: cárcelesEcuadormotinesMuertos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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