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Correa denunció un “golpe” en Ecuador y su candidato pide respetar el balotaje

21 febrero, 2021
(FILES) In this file picture taken on October 22, 2018 former Ecuadorean President (2007-2017) Rafael Correa attends a meeting on power and checks and balance at the national theatre in Brussels. - Ecuador's justice will issue on September 7, 2020 its final veredict on the sentence to eight years in prison imposed on Correa for corruption, after studying an appeal filed by the former president, the country's highest court announced on September 4. Correa, who insists he's innocent and the victim of political persecution, was convicted in absentia. (Photo by JOHN THYS / AFP)

(FILES) In this file picture taken on October 22, 2018 former Ecuadorean President (2007-2017) Rafael Correa attends a meeting on power and checks and balance at the national theatre in Brussels. - Ecuador's justice will issue on September 7, 2020 its final veredict on the sentence to eight years in prison imposed on Correa for corruption, after studying an appeal filed by the former president, the country's highest court announced on September 4. Correa, who insists he's innocent and the victim of political persecution, was convicted in absentia. (Photo by JOHN THYS / AFP)

Ecuador

A poco de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Ecuador, el expresidente Rafael Correa denunció un “golpe de Estado” por el pedido de la Fiscalía General de retirar las computadoras del Consejo Nacional Electoral para hacer “una pericia”, lo que su candidato y ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, calificó como “una grosera violación de la ley” para dilatar el balotaje.

“Atención Latinoamérica y mundo: Ecuador sufre nuevamente golpe de estado. Fiscalía intenta llevarse computadoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que no se proclamen resultados e impedir la segunda vuelta. La Presidenta del CNE denuncia que le quitaron custodia policial”, tuiteó el exmandatario.

Poco después, Arauz exigió al “Tribunal Contencioso Electoral que actúe de forma expedita y proceda a aplicar la ley con las sanciones del caso ante esta intromisión e interferencia en el proceso electoral ecuatoriano” y llamó a “la comunidad internacional a permanecer vigilante y alerta porque no se ha desactivado aún este intento de interferencia de intromisión de la Fiscalía”.

En una conferencia de prensa, el candidato correísta, que ganó la primera vuelta con 3.033.753 votos (32,72%) y peleará con el empresario Guillermo Lasso el balotaje, denunció a la Fiscalía General del Estado de intentar “que se posponga o se cancele la segunda vuelta” presidencial.

“Los ecuatorianos no aguantamos más este Gobierno y no vamos a aceptar que se extienda el mandato del señor (presidente) Lenin Moreno y la segunda vuelta electoral debe realizarse el 11 de abril sin falta, no queremos que el señor Lenin Moreno siga en el Gobierno después del 24 de mayo; ese día debe asumir el nuevo Gobierno democráticamente electo”, afirmó el economista y exministro de 36 años, en la conferencia difundida por sus redes sociales.

Esta madrugada y tras dos semanas de alta tensión por denuncias de fraude y operaciones mediáticas y pedidos infructuosos de recuentos, el CNE proclamó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y anunció que la segunda vuelta será entre el candidato de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES) y la alianza entre el partido de Lasso CREO y el Partido Social Cristiano del exintendente Jaime Nebot.

“El Consejo Nacional Electoral ratifica la transparencia del proceso de elecciones generales 2021 y hace un reconocimiento público a la ciudadanía por su activa participación en la jornada de votación”, afirmó el ente electoral responsable de todo el proceso en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En su anuncio, el pleno del CNE también rechazó formalmente el pedido de recuento hecho por el dirigente del partido indígena Pachakutik y candidato que quedó tercero muy cerca de Lasso, Yaku Pérez, lo que seguramente significará que ahora se abre un período de impugnaciones ante la Justicia electoral, según dicta la ley local y apoyó tanto Arauz como Lasso.

Pérez, quien denunció varios intentos de fraude electoral “de la derecha” en los últimos días, había pedido un recuento del 100% de las actas de Guayas, la provincia costera donde se encuentra Guayaquil, el corazón económico del país, y el 50% de otras 16 provincias. Tras un acuerdo con Lasso, éste había presentado un pedido similar, aunque en vez del 50% de 16 provincias, solo lo pidió en seis.

El CNE también votó en contra de este pedido -al igual de otros de otros partidos minoritarios- y solo aceptó un pedido de revisión de apenas 26 actas en Guayas y Los Rios hecho por el partido indígena Pachakutik.

Pero lejos de reducir la tensión electoral y los temores de una crisis poselectoral, este anuncio se vio opacado por otro de la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado difundido en sus redes, la institución ordenó la “recolección del contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral” con el objetivo de “preservar la base de datos que administra el sistema informático electoral con corte a la fecha” y “generar un reporte a nivel de base de datos de los registros de las actas con inconsistencias de la Junta Provincial Electoral de Guayas”.

Según denunció Arauz, si el material informático es retirado del CNE y “pasa a ser custodiado por la Policía, esto podría impedir la segunda vuelta presidencial”.

“Si quieren hacer una revisión de la información, no hay por qué retirar el material informático del CNE; el CNE compartió con todos y en detalle el conteo no solo a través de su página web, sino también en plataformas dedicadas a las fuerzas políticas”, sostuvo el ganador de la primera vuelta presidencia. Y no fue el único en cuestionar la decisión de la Fiscalía.

Lasso también consideró al pedido de la Fiscalía como un “hecho que debería alarmar a todos quienes defienden la democracia en Ecuador” y advirtió: “No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares.”

Asimismo, Pérez dijo a medios locales: “Antes de que cante el gallo, a las 2.30 de la mañana se consumó el fraude. Teníamos previsto que se iba a presentar la proclamación, por eso anunciamos que la resistencia continúa en el campo legal y político. Esta lucha no es de un día o de una semana“. En medio de este clima de incertidumbre y denuncias, Arauz hizo otro pedido concreto para evitar una potencial crisis electoral.

“Nos sorprende que, a pesar de que han transcurrido 14 días desde las elecciones generales, la misión de observación de la OEA aún no publica su informe preliminar, lo que tradicionalmente suele ocurrir tres o cuatro días después de los comicios”, advirtió y luego reclamó: “Queremos exigir que la misión de observación se pronuncie inmediatamente y publique su informe preliminar para que en ecuador haya paz social y no se generen dudas en estos momentos.”

Sin embargo, poco después, la misión de la OEA divulgó su informe preliminar sobre la primera vuelta, en el que afirmó que veía “con preocupación que, tal como sucedió en la etapa preelectoral, instituciones ajenas a la función electoral obstaculicen el correcto desarrollo del proceso electoral”, según la agencia Europa Press.

Fuente: Agencia de Noticias Télam 

Tags: EcuadorGolpe de Estado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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