Se le puede llamar subsidios cruzados, reparto, transferencia de recursos, redistribución de la riqueza, captación de rentas ajenas o justicia social, pero el plan económico del Gobierno está basado en ese único concepto con la mirada puesta en las elecciones legislativas.
Sin embargo, esta vez el típico reparto se hará en sintonía con algunas medidas “ortodoxas”. Será sin interferir la meta de achicar el déficit fiscal, sin exacerbar la emisión monetaria y sin permitir que haya un desborde nominal de salarios.
Será tal vez por la lupa del Fondo Monetario o por convencimiento propio -como dio a entender Martín Guzmán al hablar sobre el peligro de la emisión monetaria-, pero el plan supone una novedosa forma de populismo con responsabilidad fiscal y monetaria, un experimento nuevo para la Argentina, sobre el que los expertos no se ponen de acuerdo sobre si dará resultado o acabará en una crisis inflacionaria.
El Gobierno es optimista con el nuevo “aporte extraordinario” que pagarán las grandes fortunas -y cuyo pago fue adelantado para marzo-, para que haya simultáneamente un alivio fiscal y cambiario.
La estimación oficial es que ingresarían en esa primera etapa unos $420.000 millones -equivale al 55% de la recaudación de AFIP de enero-, para financiar la política de subsidios. Este ingreso extraordinario, que está bajo fuerte riesgo de judicialización, liberaría al Tesoro de tener que pedir asistencia al Banco Central, lo cual sacaría presión inflacionaria.
Efecto colateral
Para el tributarista César Litvin, el que pague la cuota mínima de ese impuesto tendrá que pagar $4 millones, y como nadie tiene ese efectivo en la mano, es probable que deba vender algún activo para poder pagar. Probablemente, dólares. Por cada punto de recaudación del impuesto, es probable que, además, se venda al mercado unos 20 millones de dólares.
Todo con un “timing” perfecto para ayudar al Banco Central a transitar el verano antes de que empiece el ingreso de los “sojadólares”.
Ayuda sin recorte fiscal
Para el Gobierno, el motor de la recuperación económica tiene que ser el consumo. No le consuela que haya previsiones de crecimiento de hasta 8% del PBI si eso no mejora el sector de menores ingresos. Pero también está claro que el Estado no puede seguir pagando el IFE a 9 millones de personas, como ocurrió en 2020 y que implicó no menos de dos puntos del déficit fiscal.
De manera que la asistencia social no sólo quedará reducida a las asignaciones por hijo y los planes de alimentación o -en el caso de empresas- a los renovados planes REPRO-, sino que además deberán buscar nuevas fuentes de financiación.
Eso explica la sucesión de medidas de los últimos días, que van todas en la misma dirección: que los sectores que crecieron hagan una transferencia de recursos hacia los que están en problemas.
Salario no, tarifa pisada sí
El problema del Gobierno es que llegó al convencimiento de que la mejora del poder adquisitivo -y el impulso al consumo- es difícil de hacerse mediante una mera suba nominal de salarios. Las experiencias del pasado llevan al temor de la clásica “espiral inflacionaria”.
Es por eso que el Presidente elogió y puso como modelo al acuerdo salarial de los bancarios que aceptó firmar una paritaria en línea con la proyección oficial del 29% y cláusulas de revisión. La consigna es no excederse en los reclamos, dijo el propio Alberto Fernández.
En lo que respecta a las tarifas, hay dos impedimentos: uno es de tipo fiscal y el otro está dado por la propia fragilidad de los servicios.
Guzmán prometió que este año los subsidios no pasarán del 1,7% del PBI, en contra de la opinión de los economistas que están proyectando subsidios energéticos por 3% del PBI. Si se los compara con el peor momento de Cristina Kirchner, los subsidios llegaron a representar un impactante 5% de la economía nacional.
Los clientes cubren el 48% de costo eléctrico
Jorge Lapeña, exsecretario de Energía y director del Instituto Mosconi, señaló que “la capacidad instalada genera la sensación de holgura; pero no es así” y agregó que “en enero con altas temperaturas hubo cortes de suministro que pone en evidencia serios problemas de calidad en las redes de distribución en la zona más densamente poblada de Argentina imputables a los crónicos congelamientos tarifarios”.
Y aporta números contundentes: los subsidios energéticos crecieron un 92,8% en 2020, en el marco de la pandemia.
Cammesa recibió $293.000 millones para pagar los combustibles para las centrales y cubrir los impagos de las distribuidoras eléctricas.
En definitiva, ¿qué tan grave es la situación? El sistema generador trabaja a pérdida, porque lo que pagan los clientes apenas permiten recuperar el 48% de su costo.
Ganancias, otro cambio en las reglas de juego del país
El de Ganancias sea tal vez el ejemplo más acabado de esta nueva filosofía del Gobierno de “populismo fiscalmente responsable”. Porque el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se ocupó de aclarar de inmediato que el alivio para 1,2 millón de asalariados no supondría un peligro para el compromiso de achicar el déficit fiscal.
Porque aunque celebró la actividad que ganará la economía por los $40.000 millones que se volcarán al consumo -una porción de lo cual volverá a las arcas públicas en forma de IVA- es consciente de que Ganancias, que explica el 22% de los ingresos de la AFIP, no puede ponerse en riesgo. En otras palabras, Massa sabe que alguien tiene que pagar el costo de las buenas noticias.
Fue ahí cuando se puso en práctica el principio del traslado de rentas: pagarán las empresas que tenían previsto un esquema de rebaja en el peso del impuesto. Para mejor, eso sumará $70.000 millones a las arcas públicas, según el cálculo oficial.
“Se mantiene la suspensión de la rebaja a las grandes empresas y ese ingreso fiscal, en lugar de apropiárselo el Estado, se utiliza para beneficio de trabajadores y jubilados”, explicó el propio Massa.
Y así expresado parecía la fórmula perfecta. Salvo por un detalle: las empresas afectadas no actuarán de forma neutra.
Según ya están advirtiendo diferentes economistas, las compañías afectadas dejarán de invertir o, peor aun, quizás tiendan a trasladar los costos a precios.
Por no mencionar uno de los defectos clásicos que, según los empresarios argentinos, ahuyentan inversiones: otro cambio en las reglas de juego.
Fuente: iProfesional
