En 2017, el exintendente Juan Esteban Romero, actual titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), suscribió un convenio con funcionarios nacionales donde se benefició al municipio con tierras fiscales situadas en la costa del río Paraná.
De acuerdo a información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, se trata de los predios individualizados como “Departamento 14, Municipio 64, Sección 01, Chacra 000, Manzana 000, Parcelas 014 y 014M, y Parcelas 003B y 026B.” que deberían ser “destinados a la utilización a favor de la comunidad local con sentido social”.
En la actualidad, el organismo nacional que cedió las tierras realizó un relevamiento y constató que en el lugar se diseñó un country de carácter privado donde se han levantado chalets de fin de semana (algunos todavía en construcción) que no tendrían absolutamente nada que ver con el “sentido social” acordado.
Al parecer, en lugar de realizar una playa, un parque o un espacio común que todos los vecinos puedan disfrutar, lo que se habría desarrollado es un fenomenal negocio inmobiliario con tierras de muchísimo valor económico y estratégico, al que no todos pueden acceder, solamente aquellos que cuenten con un capital importante como para adquirir uno de esos lotes, que serían más de 250, pero la mayoría todavía está sin dueño ni edificación.
Varios políticos actuales de San Ignacio tendrían su casa edificada en la costa del río, así como algunos exintendentes y figuras influyentes vinculadas al poder de turno.
Este Diario intentó comunicarse ayer, durante toda la jornada con los teléfonos personales del ex intendente Romero y del actual, Javier Peralta, de su mismo espacio político, pero no respondieron los mensajes ni devolvieron las llamadas.
Desde el municipio indicaron, extraoficialmente, que el relevamiento realizado por el organismo nacional es una respuesta a los reclamos que viene haciendo San Ignacio junto con otros municipios para conseguir más resarcimientos de parte de la Nación como compensación por las tierras perdidas a raíz del aumento del embalse de la represa Yacyretá.
En los últimos meses se ha conformado un grupo de siete intendentes que se vienen reuniendo con frecuencia y están elaborando una estrategia común para demandar al organismo nacional debido a que existirían convenios que no se están cumpliendo en favor de los municipios.
Sin embargo, en la cláusula cuatro del documento firmado por Romero en 2017 se indica que “el objeto de la celebración del presente comodato lo constituye el cuidado, mantenimiento y seguridad de los inmuebles antes mencionados como así también la utilización de los mismos en favor de la comunidad local con sentido social”.
Asimismo, el punto siete describe textualmente: “el incumplimiento total o parcial de cualquiera de las cláusulas integrantes del presente, por parte del comodatario (San Ignacio) hará caer automáticamente y de pleno derecho el presente contrato”.
El documento fue firmado el 22 de marzo de 2017. Romero siguió siendo intendente hasta el 10 de diciembre de 2019 y desde ese momento ocupa un cargo provincial en el Gobierno.
Desde el organismo nacional aseguraron que están analizando la posibilidad de presentar una denuncia penal por este hecho.
En tanto, desde el espacio político del intendente Peralta minimizaron la supuesta irregularidad señalando -mediante fuentes extraoficiales- que no hay motivos para denuncia ni para la caducidad del contrato y que lo realizado en el lugar no violaría lo firmado.
Enfrentamiento
Desde el Municipio sostienen que el relevamiento que realizó el organismo nacional es una respuesta a los pedidos de resarcimiento y busca amedrentar a los intendentes para que dejen de reclamar.
Municipios en la mira
Al parecer, el organismo nacional habría realizado relevamientos e investigaciones sobre todos los comodatos firmados con municipios y con la provincia, encontrando varias irregularidades e incumplimientos.
