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Contra el intervencionismo estatal, el campo cumple el segundo día del paro

12 enero, 2021

Luego de una reunión por zoom, fuentes de las tres entidades Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) ratificaron que continuarán con el paro de 72 horas que comenzó el lunes a la medianoche.

“El motivo del paro es el intervencionismo del Gobierno en los mercados, por eso el paro sigue”, dijo más temprano Matías de Velazco, titular de CARBAP, en declaraciones a C5N. “Se está buscando consenso pero por ahora el paro sigue”, remarcó.

Según de Velazco, en el Gobierno “persiste una tendencia a intervenir los mercados y a decir quién sí y quien no”.

Consultado por el aumento de precios en los productos agropecuarios, el titular de CARBAP deslindó de responsabilidad a los productores agropecuarios, y consideró que “el Estado podría participar en la accesibilidad de los precios para el consumo de otra manera, por ejemplo poniendo menos impuestos, bajando las retenciones“.

“No siempre el productor tiene que poner el hombro, el Estado también puede hacer algo, ¿no?“, cuestionó de Velazco.

El Gobierno nacional reabrió parcialmente este lunes las exportaciones de maíz, por unas 30.000 toneladas diarias, para intentar destrabar el conflicto con el sector exportador.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca difundió un comunicado cuando el paro por 72 horas impulsado por las cámaras del agro ya había comenzado.

Agricultura dijo que anunció la medida tras “intensas negociaciones” entre el ministro, Luis Basterra, y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

El funcionario se había reunido con los presidentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras; de Maizar, Alberto Morelli; y del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, Roberto Domenech.

“Es de preocupación del Estado Nacional el impacto de los precios de esta materia prima sobre las distintas cadenas de transformación en alimentos de la mesa de los argentinos”, dijo el Gobierno.

Dijo que el Consejo Agroindustrial “también expresó preocupación similar, acordándose un cronograma de trabajo, con inicio el martes 12 de enero, a los efectos de trabajar propuestas para desacoplar los precios internacionales de los domésticos”.

Tras ello, el Gobierno consideró que se alcanzó el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, pero se aclaró que resta aún resolver las condiciones de accesibilidad a esa oferta no solo en términos de cantidad sino también de precios.

“Atento al acuerdo con el CAA, se decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de maíz”, dijo Agricultura en su comunicado.

No obstante, durante el período de análisis de las alternativas para el logro de estos objetivos, mientras se alcanzan los consensos, el ministerio, a través de la Subsecretaría de Mercados, realizará un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20.

A tal efecto, las DJVE maíz 19/20 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias, informó Agricultura. “Estarán exceptuadas de este requerimiento las especialidades Flint y las orgánicas NOP”, dijo esa cartera.

Fuente: Medios digitales

Tags: AgroExportadoresMaiz
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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