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FET: Misiones pierde $67 millones al mes por PyME que no tributan

7 enero, 2021
DOBLE VARA. Algunas empresas aportan $12 por paquete mientras otras tributan menos de $6 por paquete.

La producción tabacalera en Misiones padece una millonaria pérdida de recaudación por las empresas que, gracias a medidas cautelares, no pagan el impuesto interno mínimo fijado por la ley.

Según remarcaron desde la Federación de Productores Tabacaleros de Argentina, la venta de cigarrillos en Argentina durante el mes de noviembre fue de 151.622.823 paquetes. Sin embargo, en nuestro país se destacan dos grupos de empresas tabacaleras: los que tributan lo que indica la ley que son Massalin SRL y BAT; y las que con el beneficio de medidas cautelares, no tributan el impuesto interno mínimo.

Así que mientras las empresas del primer grupo comercializaron 111.698.966 paquetes, ingresando al fondo especial del tabaco un monto de $1.417.059.053 (esto representa por cada paquete vendido en promedio $12.68).

En contraposición, las empresas que no pagan lo que fija la ley (pagan menos), comercializaron $39.345.500 paquetes y generaron un ingreso al FET de $235.999.759 con un aporte por cada paquete vendido de $5,99.

Desde la Federación de Productores Tabacaleros de Argentina aclararon que la diferencia entre los que tributan lo que marca la ley y los que no es de $6,69 por paquete. Lo que representa una suma dineraria no ingresada al FET durante el mes de diciembre de $263.228.085.

Para Misiones esto representó una pérdida de 67.675.940 equivalente a $2,21 por kilo de tabaco. En tanto en Chaco perdieron $1.263.494 lo que implica $1,41 por kilo. En Corrientes la pérdida alcanzó más de $2.526.989 lo que se traduce para el productor en $1,14 menos por kilo entregado. En Salta equivalen a $89.497.543, lo que significa que el productor perdió por kilo $2,55.

Se calcula que las medidas cautelares otorgadas a Sarandí SA, Espert SA.y Tabes SA. impactaron en una pérdida anual para el productor argentino en un valor aproximado de $25 por kg de tabaco producido.

Por ello, desde la Federación de Productores Tabacaleros de Argentina exigen a los poderes del Estado el cumplimiento de la ley y el principio de igualdad, ya que el trato desigual afecta el empleo de un millón de trabajadores de este cultivo en el NEA y NOA.

Vale recordar que en diciembre pasado el diputado, Héctor “Cacho” Bárbaro, presentó un proyecto de declaración ante la Cámara de Diputados de la Nación, en el cual advirtió sobre las pérdidas que generan las cautelares que benefician a las tabacaleras.

“Conforme surge del Informe del Ministerio de Hacienda, en el período mayo 2018/mayo 2019, el impacto de las medidas cautelares en el sistema de tributación nacional fue de $20.000 millones no ingresados a las arcas oficiales. Al día de la fecha, esta situación se acrecentó notoriamente y continúa incrementándose día a día.La estimación para el 2020 fue de $160.000 millones de impuestos no cobrados, lo que pone de manifiesto la enorme importancia de este tributo”, indica la iniciativa.

Y también señala que “el comercio de cigarrillos está siendo afectado por procesos judiciales que eximen a las cigarreras de pagar el impuesto interno mínimo, brindándoles un trato impositivo a la necesidad de su conveniencia, ilógicamente afectando la recaudación y la política de salud”.

También apuntó que “si las cautelares continúan in eternum o la Corte falla a favor de las ya beneficiadas: es probable que las grandes cigarreras acudan a la Justicia a solicitar el mismo trato impositivo”. “Si esto sucediera, implosionará todo el sistema de recaudación de los impuestos internos”, finaliza.

 

La mira en la Justicia
La producción tabacalera está poniendo las críticas en la Justicia federal que viene beneficiando hace años a estas grandes empresas que solicitan amparos para no pagar y son aceptados por algunos jueces.

Tags: FETmillonesMisionesPymetributan
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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