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Vecinos de Puerto Rico piden que se elimine un basural

31 diciembre, 2020

Los montículos de basura que se acumulan en el patio de una vivienda en el barrio municipal de esta localidad están dando lugar para la proliferación de escorpiones y ratas, pero los vecinos no encuentran un instrumento legal para el cierre del lugar, ya que, en teoría, el particular posee un permiso.

El basural, literalmente a cielo abierto, se encuentra a menos de cinco cuadras de la avenida San Martín, arteria principal de la ciudad. Junto con ese motivo y el aumento de alimañas alrededor de la acumulación de residuos de todo tipo, inclusive orgánicos, la Comisión Vecinal presentó distintos escritos y denuncias ante el Tribunal de Faltas; sin embargo, hasta ahora ni siquiera hubo una inspección al lugar, por lo que se teme que existan “acuerdos partidarios” que se hacen valer por encima de la salud de los vecinos.

“Los vecinos ya no sabemos qué hacer para que nos ayuden a poner un freno a este accionar del vecino, los residuos están a cielo abierto y además de las alimañas que se propagan de forma escandalosa, los malos olores y los mosquitos nos tienen en jaque”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Aída González integrante de la comisión barrial y principal afectada por los hechos porque su vivienda es lindante al basural.

“Convivimos con mosquitos y olores nauseabundos. Ni siquiera podemos abrir la puerta. Hay escorpiones y hasta víboras que llegan a mi casa. Mi marido y una sobrina fueron picados por alacranes. Los vecinos ya nos cansamos de presentar quejas ante la municipalidad por medio de la comisión vecinal y absolutamente nadie hace nada”, describió la mujer.

 

De vieja data
La situación no es nueva, pero se agudizó durante la pandemia. Según relató Aída, el basural se comenzó a acumular hace dos años.

“En los hechos es un basural inmenso en el patio de un particular, pero los argumentos de la municipalidad son que se trata de una planta de reciclaje que cuenta con autorización para acopio y clasificación de residuos”, indicó.

A entender de los vecinos de ninguna manera una autorización puede pesar más que el derecho a vivir en un ambiente en buenas condiciones de salubridad.

“No podemos respirar aire puro ni siquiera sentarnos en el corredor porque en la misma zona del basural hay letrinas y eso empeora aún más nuestra situación”, clamó la atribulada mujer.

De acuerdo al pormenorizado relato que hizo la integrante de la comisión vecinal, los motivos que se exhiben para no cerrar el basural es que posee una autorización municipal para “reciclar”.

“Más allá de cualquier permiso nos resulta inadmisible que allí se recolecte todo tipo de basura ya que va en contra de los derechos de los vecinos que estamos alrededor. Otra cosa, además del acopio que realiza el propietario de la casa, llegan hasta aquí personas de otros barrios a depositar sus residuos, alguien tiene que hacer algo”, reclamó.

“Nadie quiere tener basura en su cuadra, ¿por qué tenemos que aguantar nosotros la basura que otros desechan”, se preguntó.Como medida urgente, los vecinos del barrio municipal exigieron la toma de conciencia por parte de las autoridades de Puerto Rico, en primer lugar y de las demás personas en general.

Tags: alacranesBasuralPuerto Ricoratas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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