El 28 de diciembre de 1990, el entonces Presidente de la Nación, Carlos Menem, completaba la firma de una serie de polémicos decretos a través de los cuales fueron indultados tanto la Junta Militar como los líderes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), todos juzgados y condenados en 1985 por violaciones de los derechos humanos en un histórico juicio durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Cinco años después de ese célebre “Juicio a las Juntas”, el mandatario riojano firmó el Decreto 2741/90 que puso en libertad de inmediato a los jerarcas de la dictadura cívico militar Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Reynaldo Bignone, Basilio Lami Dozo, Jorge Isaac Anaya, Luciano Menéndez, Santiago Riveros, Cristino Nicolaides, Albano Harguindeguy, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, José Alfredo Martínez de Hoz y al ex líder guerrillero Mario Firmenich, entre otros.
Menem en una entrevista manifestó que tenía “la autoridad moral” para disponer el indulto a los detenidos.
Luego de que en 2003 el Congreso de la Nación declarara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida algunos jueces comenzaron a declarar inconstitucionales aquellos indultos referidos a crímenes de lesa humanidad y a reabrir los casos, al menos los que involucraban a militares.
El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Argentina, consideró que los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales.
El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.
