“La aduana de multas” que se encuentra instalada en El Arco, donde los conductores son obligados a detenerse para ser notificados de las multas de tránsito que tiene el vehículo, o los radares fijos o móviles en las rutas; los cuales, a veces, no cumplen con todo lo reglamentado, son ejemplos de los derechos vulnerados de los ciudadanos.
El presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM), Fabián Pons, habló con la FM 89.3 Santa María de las Misiones sobre estos temas. En referencia a los retenes en los accesos a Misiones, dijo que “la Policía o cualquier autoridad de control puede realizar la multa una vez constatada la infracción”. Sin embargo, aseguró que “no puede cobrar”.
En este punto, el ingeniero recordó que “en la mayor parte de las jurisdicciones el único autorizado para determinar la culpabilidad o la inocencia es el juez. Después de eso se realiza el pago (de la multa)”.
Explicó que “los controles en los accesos a las ciudades deben ser para detectar si los vehículos tienen pedido de captura, pero no así (para notificar) para las multas”. Agregó que “la multa se le realiza al vehículo, pero no a la persona porque un rodado puede tener varios usuarios; y no es motivo de retención del vehículo; sólo si tiene un pedido de secuestro”.
Advirtió que “no conocemos nuestros derechos ni obligaciones” y como ejemplo mencionó que “a muchos les exigen el comprobante del pago del seguro, pero eso no es exigible, salvo en Mendoza”. Por la falta de este documento en muchos lugares amenazan con el secuestro del vehículo y, ante esto, deslizó que “no te pueden secuestrar el vehículo ni siquiera por no tener vigente el seguro”.
Asimismo, criticó que “hay autoridades, provincias y municipios inescrupulosos que intentan sacar provecho de nuestro desconocimiento, con la coerción de un uniforme, que lo van a dejar demorado o con las amenazas; por lo cual hay gente que accede y paga”.
Denuncias
En relación a qué debe hacer un conductor en estos casos, Pons llamó a los ciudadanos a realizar las denuncias pertinentes en la Fiscalía. Pero, “para eso debe tomar el número de placa y el nombre del policía y ahí recién hacer la denuncia”, apuntó.
Sin embargo, deslizó que “la mayor parte de las veces se niegan a dar estos datos y cuando la persona quiere imponer sus derechos -automáticamente- empiezan a aparecer más y generan más presiones; y muchas veces es dificultoso defenderse de estas injusticias generadas por la propia autoridad”.
Radares y fotomultas
Por otro lado, el ingeniero Pons habló sobre los radares y las fotomultas. Indicó que “si miráramos muy finito la mayor parte de las multas no tendrían valor”.
En consecuencia, se explayó: “La decisión final de tener o no un radar -en última instancia- es del municipio”. Pero, aclaró que “los aparatos deben ser homologados con la marca, el modelo y la versión. Además, deben estar calibrados y esto se debe hacer de forma anual en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o en el laboratorio que éste señale, pero dicho ente no da abasto”.
Ante esto, remarcó que “en la documentación que se entrega, o a través de la cual se comunica a la persona que cometió la infracción, tiene que aparecer la marca, el modelo y la fecha de la calibración. Sin embargo, la mayoría no pone ese dato porque sino sería impugnada gran parte de las multas, ya que tienen su calibración vencida”.
Pons aseguró que “lo que sucede es que en general están mal realizadas las multas. Se debe pensar que me están acusando de una infracción y tengo mi derecho legítimo a defensa”; es decir que una vez que se comunica, el infractor cuenta con cierta cantidad de días -según la jurisdicción- , para hacer el descargo ante el juez o quien corresponda. Eso es un derecho.
Enfatizó que “hay muchas cuestiones que el usuario del vehículo desconoce y del cual se abusan muchas provincias y municipalidades con el mero fin de recaudar”.
Apuntó que “nos hemos cansado de ver en las ruta nacionales 12 y 14 los carteles móviles que se llevan en la caja de carga de la camioneta policial y quienes se instalan en el algún lugar para infraccionar impunemente y después lo remueven. Te dicen: ‘Mire acá estaba este cartel, pero después a ese cartel lo remueven y ya no estaba más’”.
Qué sistema debe usarse
En relación a qué sistema de tránsito debería adoptar el país para que sea totalmente eficiente, Fabián Pons de OVILAM señaló a FM de las Misiones: “No me gusta el sistema federal de tránsito, sino que debería ser un sistema centralizado que cuente con normas equivalentes. Además, se deben tener en cuenta las particularidades geográficas que puedan llegar a tener una u otra provincia”.
En esta línea, apuntó que “no se debe tener legislaciones distintas en cuanto a las exigencias de documentaciones, de requisitos para circular, de velocidades, de niveles de alcoholemia, de edades para conducir o ser acompañantes, las cantidades de luces que deben tener encendidas; entre otros puntos. Esas son cosas básicas que deberían ser un factor común”.
El ingeniero manifestó: “No estoy en contra de los controles, pero deben ser nobles. En Argentina necesitamos 100 veces más controles de los que tenemos, pero tienen que ser controles nobles, claros, transparentes”.
Finalmente deslizó que “se necesitan cuestiones que sean sencillas de entender y controlar. Debería haber un 90% o más de puntos en común para todo el país y ser juzgado de la misma forma”.
Radar
El ingeniero Fabián Pons explicó que “la idea del radar, ya sea fijo o móvil es controlar la velocidad en lo que se llama puntos negros; que es donde se registran los siniestros”.
Avivadas
Indicó que “están las típicas avivadas de provincias o municipios que hacen los llamados ‘cazabobos’ que inventan una señal de transito móvil para poder hacer fotomulta y recaudar”.
Infracción
Si la infracción se realizó a más 60 kilómetros del lugar de residencia, la persona tiene derecho a hacer su descargo vía mail así lo establece la ley 26.363, recordó el ingeniero.
