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Movilidad jubilatoria: oficialismo busca sancionar la fórmula antes de fin de año

19 diciembre, 2020

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzará a debatirse el lunes próximo a las 14 en un plenario informativo de las comisiones de Previsión Social, que conduce Marcelo Casaretto (Frente de Todos-Entre Ríos) y de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller (Frente de Todos-Ciudad de Buenos Aires), con la presencia de funcionarios nacionales.

El encuentro, que se realizará a través de una teleconferencia, contará con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, según informaron fuentes parlamentarias.

“Nuestro objetivo es tratar la ley de movilidad antes de fin de año para sancionarlo como ley y que tenga vigencia el año que viene, de manera de que podamos dar el primer aumento en marzo de 2021”, aseguró Casaretto en declaraciones a Télam.

El diputado nacional, presidente de la comisión de Previsión, estimó que “además de los diputados del Frente de Todos vamos a tener el acompañamiento de bloques provinciales para garantizar la sanción de la ley”.

Ayer por la tarde, las autoridades de ambas comisiones citaron a los diputados para el martes 22 a las 10 para analizar el texto y, un día después, el miércoles 23 de diciembre, volverán a reunirse para emitir dictamen de manera presencial en el recinto de la cámara baja.

Fuentes parlamentarias anticiparon a Télam que si bien no está citada aún la sesión, la intención del oficialismo es tratar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en el recinto de la cámara baja el martes 29 de diciembre para convertir en ley el proyecto del Poder Ejecutivo, que ya tiene sanción del Senado.

El proyecto modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión bicameral mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

La iniciativa que aprobó el Senado combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Para avanzar en el dictamen y en la sanción del texto, el oficialismo deberá lograr el respaldo de los bloques provinciales de la oposición, ya que tanto Juntos por el Cambio como parte del interbloque Federal, anticiparon que rechazan la nueva fórmula enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Alejandro Cacace (UCR-San Luis), vicepresidente de la comisión de Previsión Social de la cámara baja, adelantó el rechazo a la iniciativa de Juntos por el Cambio y sostuvo que “la fórmula de movilidad propuesta por el gobierno es para seguir ajustando a los jubilados, como pasó durante todo este año”.

En tanto, los bloques de Consenso Federal, del Socialismo y del Frente Progresista adelantaron días atrás que no acompañarán la fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado de la Nación y sostuvieron que “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados” con ese índice.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, anticipó que ese espacio presentará un dictamen alternativo para rechazar la fórmula impulsada por el Poder Ejecutivo “en defensa de los ingresos de los jubilados y jubiladas”, al adelantar que ese espacio prepara una marcha para el lunes 22 frente al Congreso para manifestarse contra el índice propuesto por el gobierno.

La iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo recibió, a sugerencia del Frente de Todos, algunos cambios sustanciales en el Senado para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.

Si bien el proyecto original establecía que los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses, la decisión de fijar como trimestrales esos aumentos, fue tomada para “empalmar” los meses de “enero, febrero y marzo”, que estaban “afuera” de la actualización.

Es que, la fórmula anterior aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2017, empezó a regir en marzo de 2018.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: diputadosJubiladosLegislativasMovilidad Jubilatoria
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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