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Molineros criticaron mega compra de yerba del Gobierno nacional por calidad y precios

18 diciembre, 2020
PLAN. El Ministerio de Desarrollo Social impulsó contrataciones para atender la demanda de la población vulnerable.

PLAN. El Ministerio de Desarrollo Social impulsó contrataciones para atender la demanda de la población vulnerable.

PLAN. El Ministerio de Desarrollo Social impulsó contrataciones para atender la demanda de la población vulnerable.

Desde la Cámara de Molineros de Yerba Mate de Zona Productora (CMYMZP) criticaron la compra de un millón de paquetes, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social nacional, que dirige el massista Daniel Arroyo.

El diario porteño La Nación reveló el nuevo escándalo el pasado martes, al publicar la resolución 1.123. En la nota se remarcó que dos de los proveedores elegidos tuvieron inspecciones este año en las cuales se secuestraron cargas de palitos.

Desarrollo Social dispuso comprar a la marca Yerutí unos 750.000 paquetes de yerba mate elaborada con palo, libre de gluten en envases de un kilo por un valor de $187,97 por unidad, con un monto total que ronda los $140.977.500.

También incluyó una operación comercial de 150.000 paquetes a $161 cada uno de la marca Yo La Vi, por $24.150.000.

Al mismo tiempo, la Nación comprará unos 100.000 paquetes de yerba mate elaborada con palo, libre de gluten, de un kilogramo cada uno, de la misma marca Yerutí a $187,50, unos centavos más barato que la primera operación antes mencionada.

Así, una de las irregularidades marcadas por el diario porteño, relaciona a dos de los oferentes con operativos realizados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la Policía de Misiones, para detectar el uso de palitos de yerba mate, un material de descarte que no se debe incorporar al producto pero nunca se aclaró si se llegó a comercializar. A nivel general, los operativos fueron por mercadería por $147 millones.

El matutino citó una fuente que le informó sobre los dos proveedores de Desarrollo Social nacional, que se detectó la presunta presencia de palos de yerba mate y, en algunos casos, la molienda y mezcla de esos palos en la yerba mate canchada, que superaría ampliamente el 30% establecido en el Código Alimentario Argentino.

 

Duros cuestionamientos de la industria yerbatera

La Cámara de Molineros de Yerba Mate de Zona Productora repudió, a través de un comunicado, la compra de yerba publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial.

Remarcaron que “para el sector son inadmisibles las anormalidades del procedimiento y el costo que se pagó por kilo cuando a la Industria no le aumentaron ni un peso pese a los justificados reclamos”.

“Desde el sector de la Industria expresamos nuestro más enérgico repudio al procedimiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en la compra de un millón de paquetes de yerba mate de un kilo que denotarían irregularidades en las exigencias de calidad del producto y cuya operatoria, según se especifica en el Boletín Oficial, alcanza casi 184 millones de pesos, promediando un valor por paquete que está por encima de lo que hoy se está pagando a salida de molino”, sostuvieron los molineros industriales.

“Consideramos que se trata de un hecho inadmisible y preocupante a la vez, si se tiene en cuenta que hace meses venimos solicitando un incremento en el precio de salida de molino, para readecuar el desfase de costos y atenuar la crítica situación por la que atraviesa nuestro sector”, agregaron en la nota pública de la entidad que dirige actualmente Víctor Saguier.

Expresaron que “en lo que va del año sólo hemos recibido un exiguo aumento del 10,5%, pese a que en el mismo período de tiempo la materia prima se ha incrementado en más de un 75%, más todos los costos de elaboración involucrados (mano de obra, envase, etc.). A pesar de que nuestras solicitudes están plenamente justificadas, la Nación ha hecho oídos sordos a las mismas”.

Plantearon que “resulta, además, un acto inaceptable, considerando que mientras la industrialización requiere elevados recursos económicos y estándares de calidad que demandan un alto costo financiero, se admitan este tipo de anormalidades que infringen la normativa y omiten los controles requeridos en el pliego de bases y condiciones”.

“Mientras convivimos con estas contradicciones, la Industria sigue sin poder trasladar los costos al producto final e incrementando su endeudamiento ante la permisividad y la mirada desentendida de la Nación”, finalizaron.

 

Contra el negocio de los palitos

Desde hace varios meses, el INYM y la Policía de Misiones llevan adelante operativos conjuntos, provocando duros golpes al millonario negocio de quienes comercializan ilegalmente los palitos de yerba mate, con la intención final de incorporar este material de descarte en los paquetes de yerba elaborada.

Según destacan desde el Instituto, “desde que asumió la nueva conducción del organismo yerbatero se acentuaron los controles en rutas, depósitos y establecimientos de la región productora, concretando la intervención e inutilización de unos 735 mil kilos de palos de yerba mate”.

Para comprender la magnitud que significa esta actividad basta con estimar la “cotización” de estos palitos que se comercializan ilegalmente. Si los mismos llegan a ser incorporados a las bolsas de yerba canchada (sobrepasando el máximo permitido por el Código Alimentario Argentino), valen alrededor de 110 pesos por kilo.

Ese número se duplica si los palos se muelen y llegan a los paquetes. Pasan a valer lo mismo que un kilo de yerba empaquetada; es decir aproximadamente 200 pesos el kilo.

La resolución 11/2017 del INYM considera a los palitos de yerba mate de un tamaño mayor al establecido como un material de descarte del proceso de zarandeo de la materia prima, por lo cual debe ser inutilizado y no puede ser transportado; menos aún molido y mezclado con la canchada como en algunos de los casos detectados por los fiscalizadores del INYM.

Tags: CompraDesarrollo SocialmolinerosRepudioYerba Mate
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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