Los brazos salvadores fueron los de su vecina, quien oyó desde su casa -durante la noche del jueves 30 de marzo de 2017- los gritos de una adolescente: “Por favor no me toques más así, por qué me pegás papá”.
Salió a buscar a la víctima y logró rescatarla del violento progenitor, pero fue el puntapié para que la menor de 16 años pueda develar casi tres años de violaciones y golpizas a las que fue sometida.
El martes y a pocas horas de enfrentar el banquillo de los acusados ante los integrantes del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial, aceptó la propuesta del fiscal Martín Alejandro Rau de trece años de prisión efectiva.
Su firma en un acuerdo de suspensión por juicio abreviado comprendió el reconocimiento como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, varios hechos y lesiones, todo en concurso real”, comprendidos por los artículos 119 y 89 del Código Penal Argentino.
Según el exordio de los hechos que iban a ser debatidos, el acusado hoy de 49 años y de oficio electromecánico, habría comenzado los abusos a su hija con manoseos casi tres años antes que fuera detenido. En Cámara Gesell la menor detalló los eventos y aseguró que cada intentó de frenarlo que opuso, las respuestas fueron golpizas y amenazas de muerte.
De acuerdo al relato de la víctima, los ultrajes ocurrieron durante la noche y luego de que su padre se alcoholizara con las bebidas que la obligaba ir a comprar.
Para evitar el testimonio clave de la víctima y los testigos de la noche de marzo 2017 mencionada, el acusado asesorado por defensor particular, decidió declararse culpable y firmar la suspensión de juicio abreviado.
La audiencia se realizó de manera remota, con el encartado en la Unidad Penal 6 del Servicio Penitenciario Provincial y las oficinas de la Fiscalía. Acto comprendido por la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio para enfrentar la pandemia de COVID-19, medida dispuesta por el presidente Alberto Fernández en marzo de este año.
