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Oficializaron el incremento salarial para las empleadas domésticas

15 diciembre, 2020

El Gobierno confirmó hoy el aumento salarial de 28%, a pagarse en tres cuotas a partir de diciembre, para todo el personal doméstico. Lo hizo a través de la Resolución 3/2020, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Se trata de una medida que ya había sido acordada a finales de noviembre último tras una reunión virtual entre los representantes del sector, tanto de los trabajadores como de los empleadores, y funcionarios nacionales.

De esta manera, y como ya se había anunciado, el incremento será de un 10 por ciento en diciembre, de un 8 en febrero del 2021 y del 10 restante en abril de ese mismo año, a lo que se le sumará también una suba en el adicional que se cobra por zonas desfavorables.

Este último es el caso de aquellos que cumplen sus tareas dentro de las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, o en el partido bonaerense de Patagones. Para ellos, habrá además un aumento en el sueldo mínimo del 25 por ciento a partir de diciembre, que llegará al 28 en febrero del próximo año.

Así las cosas, desde este mes el personal que realiza tareas generales, como limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar, cobrará $159 la hora y un mensual de 19.564,50, si el contrato es con retiro del domicilio al final de la jornada laboral, y $171.50 por hora y 21.755 pesos mensuales, si es sin retiro.

En tanto, en febrero esos montos pasarán a 171 pesos por hora y 20.987 por mes, y a $183,50 la hora y $ 23.337 el mensual, respectivamente. En abril, con el último incremento pactado, llegarán a 185 y 22.765,50 pesos, y a 199,50 y 25.315 pesos, para aquellos que trabajan sin retiro.

Por su parte, un casero, aquel que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita, percibirá en diciembre un total de $21755 mensuales por su trabajo; 23.337 pesos, en febrero del 2021, y 25.315, desde abril de ese año.

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En los considerandos, el Gobierno explicó que este aumento fue decidido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, organismo a cargo de decidir sobre las políticas del sector e integrado por representantes del personal doméstico, de los empleadores y de los Ministerios de Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Debido a la pandemia del coronavirus, este grupo se reunió de forma virtual el pasado 30 de noviembre y, “luego de un extenso intercambio de posturas” entre sus integrantes, se acordó este incremento salarial a hacerse efectivo “desde 1 de diciembre de 2020 y hasta el 31 de mayo del 2021″.

Además, se detalló que en ese mismo encuentro remoto fue que se dispuso también la suba del porcentual que perciben los trabajadores del sector por “zona desfavorable”, fijando su importe total en un 28% sobre los sueldos mínimos correspondientes a cada una de las categorías estipuladas.

El último aumento salarial para el personal doméstico había sido del 5% y se comenzó a pagar en mayo pasado. Sin embargo, poco después tuvieron que suspender su actividad debido a las prohibiciones de circulación decretadas por el Gobierno a raíz de la pandemia.

Durante la cuarentena, algunas trabajadoras pudieron acceder a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000 que otorgó la Anses.

No obstante, esta suma no reemplazó el pago de sus salarios, que los empleadores debieron seguir abonando.

A mediados de octubre, las autoridades nacionales autorizaron este trabajo en el marco de las flexibilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires.

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Tags: AumentoDecretoEmpleadas DomésticasSalarios
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“Fuimos escuchados y armamos mesa de diálogo y de trabajo”

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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