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La guardería macrista de Campo Ramón cerró y le reclaman sueldos

4 diciembre, 2020

Un grupo de empleados que trabajaba en el Espacio de Primera Infancia (EPI) de Campo Ramón, administrado por la ONG Pamperito, se comunicó con PRIMERA EDICIÓN para denunciar que les adeudan dos meses de sueldo desde el inicio de la cuarentena y que se está “desmantelando” el lugar.

La ONG se radicó hace algunos años en la ciudad y recibió fuerte apoyo del Gobierno de Mauricio Macri para levantar un local y desarrollar varios emprendimientos sociales. Su referente es Ana Méndez, una dirigente social de Quilmes que estuvo vinculada políticamente al macrismo.

Los trabajadores contaron a este diario que “somos cerca de 20 personas a las que nos deben dos meses de sueldo y quedamos sin trabajo desde abril. Cuando reclamamos dicen que la Nación no manda el dinero”. Los montos van de 16 mil a 27 mil pesos, de acuerdo a la actividad que realizaba cada uno. Contaron que no había contrato ni otra formalidad. Eran todos monotributistas que facturaban a la Asociación Pamperito.

Lo que más les indigna es que, según ellos, la ONG “sigue recibiendo ayuda y mercadería de la Nación” y recordaron que “hace poco vimos que le descargaron pallet de mercaderías”. Pero el EPI no está recibiendo más niños y por lo tanto no utiliza esa mercadería con fines sociales: “Nosotros sospechamos que lo están usando en sus negocios particulares como una panadería”, dijeron.

Relataron que “también vimos que se están vendiendo todos los bienes que se utilizaban en la ONG, por ejemplo dos vehículos traffic que transportaban a los chicos”. Aunque no supieron explicar si era propiedad de la ONG o del hijo de Méndez, identificado como Alejandro Millares.

 

Polémicas anteriores

Hace dos años, cuando empezó a funcionar, la guardería no contaba con habilitación municipal. Luego hicieron el trámite y se pusieron en regla.

Era tal la vinculación de Ana Méndez con el macrismo que el propio expresidente vino a presidir la inauguración del EPI. Los que conocen la trama aseguran que Méndez se vinculaba políticamente con la exministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien le giraba importantes sumas de dinero, materiales de construcción y mercaderías para construir y después poner en funcionamiento el EPI y otros emprendimientos sociales.

Con la llegada directa a la Nación, en Campo Ramón veían que la ONG pasaba por arriba del municipio y la Provincia, lo cual generaba rispideces.

En un momento se pensó que Méndez tenía intenciones políticas en el pueblo ya que estaba armando una estructura financiada con fondos nacionales, aunque la derrota de Macri en las presidenciales del año pasado le puso paños fríos a esa movida.

Tags: Campo RamónGuarderíaSueldo
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Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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Mecánicos de distintas especialidades señalan que la situación económica obliga a priorizar reparaciones, mientras crecen las revisiones previas al verano y persisten daños antiguos, como los provocados por la gran granizada.
Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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