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En once meses de Gobierno la deuda subió 45% de lo que se negocia con el FMI

1 diciembre, 2020
Deuda de la administración central – serie mensual enero de 2019 – Octubre de 2020

Mientras el Gobierno inició negociaciones formales para revisar los términos del Acuerdo Stand-by que el FMI cerró con la administración Macri, originalmente por 50.000 millones de dólares y ampliado a 57.000 millones pocos meses después, aunque sólo se desembolsaron hasta septiembre de 2019 el equivalente a 44.000 millones de dólares por decisión del presidente Alberto Fernández, la Secretaría de Financiamiento dio a conocer los datos preliminares de la evolución de la deuda pública en octubre, la cual acusó un incremento neto en el mes de 960 millones de dólares.

Con ese nuevo aumento, en los casi 11 meses de gestión del Frente de Todos, el total de la deuda pública por parte de la Administración Central se incrementó en 19.846 millones de dólares, a USD 333.146 millones. Representó poco más del 45% del monto neto que recibió el Gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019 y que ahora se busca reprogramar los vencimientos que se concentraron entre 2021 y 2023, más allá de las limitaciones que impuso el nuevo escenario de crisis sanitaria.

“En octubre se registraron colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos por el equivalente a 6.757 millones de dólares, de los cuales 148.236 millones (USD 2.087 millones) correspondieron a licitaciones de títulos de mercado en pesos. Por primera vez en el año, se licitaron bonos vinculados al dólar (dollar-linked) que resultaron en la colocación de nuevos instrumentos por 3.426 millones de dólares”, resume un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Casi dos de cada tres dólares de la deuda pública correspondió a la colocación de títulos públicos; poco más de un quinto con organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, y en menor medida con el Banco Mundial, BID y otras instituciones globales y regionales.

Agrega la OPC, dirigida por el experto en finanzas públicas Marcos Makón: “Se canceló el equivalente a 4.874 millones de dólares de capital, principalmente explicados por vencimientos de Letras del Tesoro en pesos. Se observó una cancelación neta de Adelantos Transitorios del BCRA por 125.780 millones de pesos (USD1.608 millones), de los cuales 100.000 millones correspondieron a una precancelación realizada en la última semana del mes”.

La brecha bruta entre la colocación de nueva deuda, más canjes, capitalizaciones de intereses y cancelaciones fue desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández de 26.196 millones de dólares, equivalente a casi 60% de la deuda que se busca renegociar con el FMI, pero se atenuó a USD 19.846 millones por efecto de la “licuación” de los compromisos asumidos en moneda nacional convertidos a dólares en 6.350 millones por la devaluación del peso en el período.

Para noviembre y diciembre la OPC estima vencimientos de servicios de deuda por el equivalente a 13.210 millones de dólares, que se reducen a aproximadamente 7.714 millones si se excluyen las tenencias intra sector público.

Mientras que para el primer semestre de 2021 se destacan los vencimientos de Letras colocadas al BCRA por 9.625 millones de dólares (enero y marzo) y títulos públicos en moneda nacional por el equivalente a 9.266 millones.

Más allá del acuerdo final que el Gobierno logre cerrar con el FMI, el monto de la deuda pública total seguirá su camino ascendente por efecto de la perspectiva de continuidad del déficit del Tesoro el cual se prevé en el rango de más de 5% del PBI final, y la decisión de limitar la acción del Banco Central como principal fuente de financiamiento.

Un atenuante podría ser la posibilidad de que, como ocurriera en los primeros 11 meses de gobierno, la tasa de devaluación del peso supere al ritmo de aumento del índice general de precios.

Fuente: Medios Digitales

Tags: #economíaDeudaFrente de Todos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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