El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 absolvió hoy a tres empresarios acusados por hechos de corrupción durante la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, una causa de 30 años de antigüedad, informaron fuentes judiciales.
Los empresarios absueltos fueron Guillermo Henin, Gianfranco Rizzo y Robert Ortega, quienes estaban acusados de gestionar reembolsos indebidos superiores a los 190 millones de dólares a finales de los años 80.
El veredicto fue dado a conocer por el tribunal integrado por los jueces Gabriela López Iñiguez, Néstor Costabel y Daniel Obligado, quienes en las palabras previas a la lectura del resultado del debate oral hicieron referencia a que su trabajo estuvo limitado por la “erosión” de la prueba por el paso del tiempo.
“El modo bajo el cual se llevó adelante la causa ‘Yacyretá’, referida a los cobros de reembolsos del hormigón y de neumáticos, representa posiblemente el fracaso de todo aquello que la Justicia debería poder ofrecer a la sociedad y redundó de modo irremediable en una severa degradación de las pruebas a la que este Tribunal se enfrentó”, sostuvo la presidenta del tribunal, López Iñiguez, antes de leer el veredicto.
Al hacer referencia a la degradación de las pruebas, la jueza detalló que en este caso hubo “testigos que fallecieron; otros que ya no recordaban prácticamente nada relevante de los hechos, o que debieron ser interrogados en relación con documentación de dificilísima compulsa por estar acumulada en cajas viejas, desorganizadas, llenas de amarillentos expedientes muchas veces incompletos o carcomidos”.
Las absoluciones de los acusados fueron decididas por los votos de López Iñiguez y Obligado, mientras que Costabel se inclinó por declarar prescripta la causa de lo que alguna vez fuera considerado “el monumento a la corrupción”.
“Este proceso comenzó a tramitarse a partir de una denuncia presentada en el año 1988. Es decir que este proceso es anterior a la existencia misma de ´Comodoro Py´, como edificio judicial”, recordó López Iñiguez antes de dar comienzo a la lectura del veredicto.
Y agregó que “cualquiera sea la definición que se adopte para hablar de corrupción, esta ha sido siempre una causa considerada emblemática de ella”.
“Este Tribunal ha asumido, desde que la causa llegó a sus manos, la íntegra y total responsabilidad que le corresponde, a fin de honrar los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina para combatir, erradicar y sancionar la corrupción, lo que en esta causa concreta se demostró por los enormes esfuerzos realizados para poder llevarla hacia un juicio oral, público, célere y transparente, donde todos los hechos pudieran ser ventilados de modo abierto”, remarcó.
A modo de ejemplo, resaltó que “se le pudo recibir declaración al señor (el cineasta exsenador y exembajador) Fernando Solanas, quien pocas semanas después de declarar vía ´Zoom´ ante este Tribunal, falleció víctima del virus Covid-19 que asola el mundo”.
La fiscalía a cargo de Abel Córdoba había solicitado penas de entre cuatro y cinco años de prisión para los acusados, mientras que la querella del contador denunciante Antonio Casanova, representada por el abogado José Manuel Ubeira, reclamó condenas de entre cinco y seis años.
En 1999 Casanova denunció un nuevo hecho penal derivado del cobro indebido de reembolsos durante la construcción de Yacyretá y evitó la prescripción del caso.
En un primer juicio hecho, en 2013, fueron condenados exfuncionarios de la entonces Subsecretaría de Industria de la Nación.
“Directamente se puso en marcha un verdadero pacto de ilicitud y de ilegalidad porque la UTE donde se encuentran las empresas de la ‘patria contratista’ manejó todo”, expresó Casavona en declaraciones a la prensa antes del inicio del debate en referencia a compañías responsables de las obras.
Los reintegros impositivos se cobraron por neumáticos importados y hormigón fresco que se usó en la obra en la provincia de Misiones, al amparo de leyes al respecto, recordaron fuentes judiciales.
Yacyretá-Apipé, tal su nombre original, fue un gigantesco emprendimiento argentino-paraguayo que fue bautizado por el expresidente Carlos Menem como el “monumento a la corrupción”.
