El chef y empresario gastronómico de la ciudad de Posadas, Iván Ortega, viralizó el último fin de semana una denuncia pública por lo que considera una “brutal emboscada”, después de que la Comuna capitalina le clausurara su local Cabureí, del que es concesionario desde la anterior gestión en la costanera, junto al balneario El Brete.
Es que, según él mismo explicó, su habilitación se venció e inició el expediente de renovación, pero “por burocracias del Municipio, el expediente hace una semana y media que está dando vueltas” y para colmo “cambiaron las reglas del juego”.
“Antes, con el papel de habilitación en trámite se pagaba un canon provisorio por expendio de bebidas alcohólicas; entonces, los comerciantes que teníamos el expediente abierto en la Municipalidad podíamos trabajar igual. Ahora esto cambió y hasta que no está la habilitación definitiva no te dejan pagar el canon, de forma que hacen que mientras el expediente está abierto, el bar no trabaje, los mozos no trabajen, los cocineros no trabajen, por más que el Municipio demore siglos” en ese expediente, protestó Ortega.
En este contexto –planteó- “ahora me están clausurando con una multa altísima por no tener el canon de bebidas alcohólicas, o sea, por no tener un papel que ellos mismos no me dan”.
Por medio de un mensaje emitido en vivo a través de Instagram al mismo momento del operativo municipal y luego reproducido en otras redes sociales, Ortega mencionó “el enorme sufrimiento que tiene para mi haber invertido toda la guita de mi vida en este lugar: primero en plena pandemia no se pudo trabajar cuatro meses, luego me robaron todo y después comenzó para mí un calvario, una persecución para quedarse con este lugar”, denunció.
No obstante, desde la Municipalidad remarcaron que el emprendimiento de Ortega está funcionando desde hace tres años (la concesión por cinco años data de 2017) “con una habilitación provisoria y un permiso de expendio eventual, que rige exclusivamente para eventos ocasionales y no un local de actividad permanente”.
“El Municipio ha procedido de acuerdo al marco jurídico vigente, respetando los derechos de las partes y en defensa del interés público afectado”, remarcaron, teniendo en cuenta que -en palabras del secretario de Gobierno municipal, Juan Pablo Ramírez-, las normas y procedimientos aplicados “no son un capricho, sino para resguardar la salubridad y la seguridad de todos los ciudadanos”, teniendo en cuenta que se trata de un espacio público, por más que esté concesionado a un particular.
