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Legalización del aborto: ¿cómo están los números en el Senado?

25 octubre, 2020

La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, pero por estas horas los números en el Senado siguen sin garantizar su aprobación.

En la votación del 10 de agosto de 2018, la Cámara alta rechazó el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito con 38 en contra, 31 a favor y dos abstenciones.

Este año, la diferencia entre “verdes” y “celestes” se acortó y la pelea se muestra más pareja, pero todavía persisten las dudas y el Gobierno hace cuentas antes de enviar el proyecto al Congreso.

De acuerdo a un relevamiento confeccionado por NA, tras el recambio legislativo de 2019 hay 35 senadores en contra, 32 a favor y cuatro que no tomaron postura pública frente al tema, mientras que el tucumano José Alperovich (Frente de Todos), que está en contra, sigue de licencia.

Con el presidente Alberto Fernández metido de lleno y a favor en el debate público sobre el aborto, el balance interno del bloque oficialista será un punto a tener en cuenta para el Gobierno, que está haciendo números mientras evalúa cuál es el mejor momento para enviar el proyecto.

La bancada tiene a 17 de sus 40 senadores (sin Alperovich) en contra de la legalización, incluyendo al presidente del bloque, el formoseño José Mayans, que cada tanto ratifica su posición en los discursos con los que cierra los debates.

En caso de no poder modificar esa situación con la “disciplina política” que rige en los oficialismos para otros temas, el “no” estaría a dos votos de alcanzar la mayoría absoluta y el “sí” necesitaría convencer a los cuatro indefinidos, que se vuelven la clave de la votación junto con el futuro de la banca de Alperovich.

Una de las indefinidas es la neuquina Lucila Crexell (Interbloque Federal) que se abstuvo en la votación de 2018; otro es el santafesino Roberto Mirabella, que ingresó el año pasado en reemplazo de Omar Perotti, la segunda abstención de aquella noche.

Mirabella presentó en el verano pasado un proyecto de ley sobre despenalización del aborto con las causas actualmente contempladas en el protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) para los casos en los que la mujer fue víctima de violación o existe riesgo de vida.

Los otros dos indefinidos son los entrerrianos Edgardo Kueider (Frente de Todos) y Stella Maris Olalla (Juntos por el Cambio), quien solo se ha expresado en declaraciones a la prensa local sobre la importancia de la educación sexual desde su mirada de docente al ser consultada sobre el aborto.

Otro tema que estará en análisis del oficialismo si decide enviar el proyecto antes de fin de año será la situación de Alperovich, cuya licencia -iniciada en noviembre de 2019 a raíz de la denuncia por abuso sexual que presentó una sobrina suya- vence el 31 de diciembre.

Con este escenario, el margen del Gobierno e incluso de los gobernadores para administrar los votos del bloque oficialista; la definición de Crexell, Olalla, Kueider y Mirabella; y el futuro de Alperovich serán algunas de la variables principales en caso de que el proyecto llegue al Senado.

En caso de empate, deberá definir con su voto la presidenta de la Cámara alta, Cristina Kirchner, quien estuvo a favor siendo senadora en 2018 y en contra durante su mandato en el Ejecutivo.

Lo que sí está confirmado es que, por una cuestión de prevención frente al coronavirus, el debate en las comisiones no podrá extenderse tanto como la última vez.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: Aborto LegalDebateSenado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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