En Argentina, todavía se sostiene la esterilización a personas discapacitadas sin su consentimiento. Durante estas prácticas, “se somete a personas con discapacidad, principalmente a mujeres, a la esterilización forzada ya que su voluntad se sustituye por la de un familiar o por consentimiento judicial”, dijo a PRIMERA EDICIÓN la abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una de las organizaciones que impulsaron la iniciativa, Dominique Steinbrecher.
Debido a esto, organizaciones sociales presentaron la iniciativa #BastaDeEsterilizacionesForzadas, con el objetivo de promover la modificación de los artículos 2 y 3 de la ley 26.130 como paso fundamental para erradicar estas prácticas. Y es que esta normativa de contracepción quirúrgica, “en sólo avala esta práctica porque permite la sustitución de la voluntad de personas con alguna discapacidad en la esterilización de su propio cuerpo, sino que además no contempla ningún tipo de prevención de las esterilizaciones”, explicó.
La ley, “sólo habilita a las personas sin restricción judicial de la capacidad jurídica y mayores de edad a brindar el consentimiento para las esterilizaciones. En cambio, si la persona fue declarada incapaz en sede judicial, la práctica puede ser solicitada por su representante legal y autorizada por el Poder Judicial”, señaló y agregó que “esto lesiona el derecho de las personas con discapacidad a una vida libre de violencia basada en género y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás, entre otros derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Dominique mencionó que la reformulación de la ley promulgaría que “siempre, sin excepción, se requiera del consentimiento de la persona para esterilizarse y que no se permita la sustitución de su voluntad por la de un tercero, sea familiar, personal de la salud o por autorización judicial. La decisión de querer hacerlo o no, debe venir sí o sí de la persona en cuestión”. Por otra parte, la abogada destacó que “en el 2012 diversos organismos los Derechos Humanos ya habían llamado la atención a la Argentina para re formular los artículos de esta normativa que es contraria a las obligaciones y derechos internacionales”.
Según Steinbrecher, una de las particularidades de esta problemática es que, a diferencia de otras problemáticas, la esterilización a personas discapacitadas en nuestro país, no sólo cuenta con un respaldo legal sino que cuenta con la aceptación social. “Se sigue considerando a las personas discapacitadas como sujetos vulnerables y por ende incapaces de criar hijos. Creen que al normalizar la esterilización, le están haciendo un favor o las están protegiendo de posibles situaciones de violencia sexual, cuando en realidad están vulnerando diversos derechos”, expuso. Entre ellos, el derecho a la salud, integridad personal y a una vida libre de violencia, entre otros.
Violencia de género
Como afecta mayormente a las mujeres, la abogada la definió como otra forma de violencia de género. “Muchas veces ni si quiera tienen conocimiento de que la van a esterilizar porque la hacen en el marco de otra intervención”.
