El Gobierno citó para el 14 de octubre al Consejo del Salario para definir, por primera vez en la gestión de Alberto Fernández, un ajuste en el piso de ingresos formales que en la actualidad es de 16.875 pesos y que incide de manera directa en el valor de los planes sociales, las prestaciones por desempleo y, desde la cuarentena, en el monto del subsidio ATP que cubre la mitad de los sueldos en empresas del sector privado afectadas por la crisis.
La convocatoria había sido pedida por la CGT y se producirá tras dos años en los que el salario mínimo acumuló una pérdida de 40 puntos contra la inflación.
El debate que comenzará a las 15 en la sede del Ministerio de Trabajo, con participación de las centrales empresarias y obreras, volvió a correrse este año luego de que en 2019 se llevara a cabo en septiembre, en 2018 en agosto y en convocatorias anteriores, en julio.
El Ejecutivo explicó que en esta ocasión incidió de manera absoluta la dinámica de la pandemia para diferir la negociación hasta encontrar un cauce de relativa normalización de la actividad económica. Según la resolución firmada por el ministro Claudio Moroni el plenario del Consejo sesionará a las 15 y luego, con el objetivo de intentar un valor por consenso, a las 16.30 por segunda vez.
En el Gabinete económico evitaron adelantar el valor en el que intentará encarrilar la conversación. No obstante confirmaron que más allá de incidir de manera directa en menos de 300 mil trabajadores que perciben ese piso, el ajuste del salario mínimo se trasladará al subsidio Asignación de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP), que en la actualidad compensa unos dos millones de sueldos del sector privado en empresas golpeadas por la crisis. En esos casos el aporte es no inferior a un salario mínimo y tampoco superior a dos.
En cambio no está previsto que la suba resultante termine por reflejarse en el Ingreso Familiar de Emergencia. Si bien ese aporte estatal de 10 mil pesos no está asociado al salario mínimo había sectores gremiales y sociales que especulaban con que el debate sería una oportunidad para incrementarlo tras más de seis meses sin cambios.
Donde sí tendrá impacto directo el cambio del sueldo mínimo será en los más de 500 mil planes que pagan el denominado “salario social” y que, a diferencia del IFE, crecerán en igual proporción. En la actualidad el salario social equivale a la mitad del mínimo, es decir 8.500 pesos.
Con una inflación que en 2018 fue del 47,6% y al año siguiente de 53,8 por ciento, el salario mínimo, vital y móvil creció en esos períodos un total de 60% (25 y 35 por ciento, respectivamente) y perdió más de cuarenta puntos del poder adquisitivo.
El otro ítem que deberá resolver el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (tal su nombre completo) es un eventual ajuste de las prestaciones por desempleo, que en la actualidad, y a partir de la pandemia, registran un mínimo de 6 mil y un máximo de 10 mil pesos.
El Consejo del Salario reúne cada año a los referentes de la CGT -que en los últimos días gestionó con Moroni la convocatoria y este miércoles encontró la confirmación del llamado-, las dos versiones de la CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y de las principales cámaras empresarias como la Unión Industrial, las cámaras de Comercio y Construcción, el agro, los bancos, la Bolsa de Comercio y las pyme.
De no haber acuerdo de partes el Gobierno podrá, como sucedió en la última discusión en la gestión de Mauricio Macri, disponer un incremento unilateral.
Fuente: ambito.com
