Una orden de búsqueda y captura del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que vive en Bélgica desde hace tres años. Es el dictamen emitido este miércoles 23 de septiembre por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para el líder político, condenado a ocho años de prisión por cohecho en un caso conocido como “Sobornos 2012-1016”.
Junto a Correa también pesa una orden contra quien fuera su exvicepresidente, Jorge Glas, quien se encuentra en prisión por otro caso de corrupción, y otros exfuncionarios y varios empresarios que estarían implicados en la trama de corrupción al recibir sobornos a cambio de contratos con diversas empresas.
Inhabilitado de por vida
La resolución judicial -emitida por dos magistrados- también dispone que se ejecute el fallo, confirmado en última instancia hace dos semanas, el cual incluye la inhabilitación de por vida de Correa a desempeñar cargos de elección popular. El político había mostrado su voluntad de presentar su polémica candidatura a la vicepresidencia en los comicios de febrero de 2021.
El magistrado ordenó que se remita el fallo al CNE, ya que la orden dispone “la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena” a la vida política del país.
Correa, en el poder entre 2007 y 2017, solicitó a través de internet, debido a que no reside en su país, al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de su candidatura a la vicepresidencia junto con Andrés Arauz, ex ministro de Correa, quien se postula como candidato presidencial. Pero la justicia de su país ya había rechazado previamente la aspiración a un nuevo cargo en el poder del líder izquierdista.
“Inmediata localización y captura”
El juez Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra “ejecutoriado” o “en firme“, dispuso que el mismo miércoles 23 de septiembre se cursaran los oficios respectivos a las autoridades policiales par la “inmediata localización y captura” de los sentenciados.
Además, el Ministerio de Finanzas deberá emitir una orden por la que se elimine la pensión vitalicia que recibían Correa y Glas en calidad de exmandatarios: “por sus anteriores calidades de expresidente y exvicepresidente de la República dichas personas perciben pensiones vitalicias, y por esta razón de hallarse ejecutoriada la sentencia condenatoria en su contra, se dispone que por Secretaría -en el transcurso de este día- se oficie al Ministerio de Finanzas a fin de que de manera inmediata se deje de pagar tales pensiones”, reza el fallo.
Indemnización millonaria al Estado ecuatoriano
En lo que respecta a los temas relacionados con la indemnización a las víctimas -el Estado-, de conformidad con lo determinado en la sentencia, se ratificó el pago de más de 14.7 millones de dólares en calidad de “reparación integral”. El pago deberá ser de forma proporcional: los autores por instigación, coautores y autores directos pagarán el valor de 778.224,017 dólares cada uno; mientras que los cómplices pagarían una cuantía de 368.632,43 dólares.
Los pagos para la reparación integral deberán concretarse dentro de los 30 días posteriores a la ejecutoría del proceso y para dicho efecto se dispuso a la Procuraduría General del Estado, como acusación particular en representación de la víctima –el Estado ecuatoriano-, que en el término de 24 horas proporcione a este Tribunal el número de cuenta en que se deberá hacer los depósitos.
“Medidas de reparación simbólica”
En cuanto a la decisión de condenar a los acusados con “medidas de reparación simbólica“, el tribunal manifestó que señalará hora y día para que lo hagan en la Plaza de la Independencia, en el casco colonial de Quito.
Asimismo, deberán colocar una placa en el Palacio presidencial de Carondelet, en el centro de la capital, con el siguiente texto en español y quichua: “los recursos públicos deben ser siempre administrados honradamente, el servicio público no es otra cosa que un servicio a la comunidad, con sujeción a los principios de la ética“.
El pasado 7 de septiembre, un Tribunal de Casación de la Corte Superior de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión. Hasta el momento, el líder ecuatoriano no se ha pronunciado sobre la última orden judicial.
El caso “Sobornos” investiga una red de corrupción mediante la cual se recibieron “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
Fuente: Medios digitales
