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México registra un ataque contra la prensa cada 11 horas

15 septiembre, 2020

La violencia no da tregua a los periodistas en México. El país latinoamericano registró 406 agresiones contra la prensa durante los primeros seis meses de este año, al ritmo de un ataque cada 11 horas, según un informe publicado este lunes por la organización Artículo 19.

Se trata de un aumento del 45% en comparación con el primer semestre de 2019, que ya fue de por sí el año más violento para los miembros de los medios de comunicación en la última década, con 609 periodistas agredidos, publicó el diario el país.

En México no solo es patente el fracaso del Estado en el esclarecimiento de los crímenes, la protección de derechos básicos como la libertad de expresión y la ola de violencia que azota al país desde hace casi 15 años, sino que además la mitad de los ataques fueron cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles de Gobierno.

“Hemos visto cómo las intimidaciones y campañas de desprestigio empiezan en las conferencias mañaneras del presidente y se replican por otros miembros de su Gobierno o en los estados y municipios”, afirma Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.

“Nos enoja y nos preocupa que siga pasando lo mismo en este país, sobre todo en este Estado, convulsionado por las agresiones a periodistas que no han parado sin importar quién gobierne”, dijo el miércoles pasado Raúl Arroniz, director de El Mundo de Córdoba, apenas unas horas después de que uno de sus reporteros, Julio Valdivia, fuera hallado decapitado en Tezonapa, en los límites entre los Estados de Veracruz y Oaxaca. Menos de 48 horas después del asesinato de Valdivia, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llamaba “pasquín inmundo” al periódico Reforma, en el enésimo enfrentamiento con la prensa crítica a su Gobierno.

La secuencia de eventos de la semana pasada no es un tema menor. El informe no solo documenta las amenazas de muerte, las agresiones físicas y el hostigamiento, además refleja cómo “el clima de hostilidad desde la tribuna presidencial” se ha traducido ya en uno de los principales detonantes de los ataques contra la prensa, en palabras de Maldonado.

Entre enero y junio hubo 45 ataques perpetrados por funcionarios del Gobierno federal, alrededor de tres veces más de los que se registraron en ese periodo el año pasado.

Ser periodista en México, sobre todo en las regiones, implica ser amenazado, amedrentado y perseguido. Todo esto pasa sin que haya consecuencias, en un país en el que el 99% de los delitos contra la prensa quedan impunes, según la organización.

“Se manda un mensaje desde las fiscalías de que si se agrede a un periodista nada va a suceder en términos de una sanción penal”, señala Maldonado, en una espiral que se agrava ante la ausencia de una política integral para la prevención y atención de estos delitos.

La doble estrategia de denostar a la prensa desde las tribunas del poder y amedrentarla por debajo de la mesa queda patente, por ejemplo, en Puebla, gobernada por Miguel Barbosa, también de Morena, el partido del presidente.

Al tiempo que rechaza preguntas incómodas de los medios que le cuestionan, más de la mitad de las agresiones contra la prensa fueron cometidas por trabajadores de su Estado, uno de los cinco que concentran más del 50% de las agresiones, junto a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. En un año, Puebla pasó de ser el décimo al segundo estado más hostil contra la prensa, solo detrás de la capital.

El caso de Veracruz ha ocupado recientemente las portadas de los diarios del país, al registrar dos de los cuatro homicidios de periodistas de este año: el de Valdivia y el de la periodista María Elena Ferral, asesinada a tiros en marzo pasado.

“Tenemos unas autoridades que vienen de la lucha social, pero que ahora que están en el Gobierno no están haciendo nada diferente a sus antecesores y se queja igual que todos cuando es sometido al escrutinio público”, comenta Ana Laura Pérez, directora de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas.

“El brutal asesinato de Julio Valdivia afianza el estatus de Veracruz no solo como el estado más violento para los periodistas en México, sino como la región más mortal para los periodistas en todo el continente”, aseguró Jan Albert Hootsen, el representante en el país del Comité para la Protección de los Periodistas.

La pandemia del coronavirus y el confinamiento también han impactado en las cifras. Por un lado, han abonado a la precariedad laboral y a las difíciles condiciones de trabajo, que dejan aún más expuestos a los reporteros en las zonas más inseguras, como Veracruz, asolado por las disputas de grupos delictivos y que ponen un blanco a quien afecte sus intereses, apunta Pérez.

Por el otro, el seguimiento informativo del manejo gubernamental de la epidemia ha aumentado las tensiones una relación de por sí desgastada, con 68 ataques directamente vinculados a la cobertura de la covid-19.

Los cuatro periodistas asesinados en 2020 contrastan con los 10 que hubo el año pasado, pero no hay visos de que las condiciones de trabajo de la prensa hayan mejorado en el terreno, advierte la organización.

“En este continuum de agresiones, la intención es amedrentar para censurar y la tendencia claramente va en ascenso”, sentencia Maldonado.

En solo seis meses ya se ha superado el número de ataques de 2020 y ha superado todos los que hubo en 2015. Si se mantiene este ritmo, todo apunta a que se batirá un nuevo récord de violencia.

Fuente: Medios digitales

Tags: MéxicoPeriodistas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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