La reciente experiencia de la protesta policial sumó más sectores de trabajadores estatales al reclamo de mejoras salariales. Es indiscutible ese pedido por parte de docentes, personal de la salud como de otros organismos cuando el país profundiza su crisis, el poder adquisitivo se sigue achicando y se espera una inflación por encima del 40%.
Cualquier manifestación o reclamo encuentra lecturas políticas de unos y otro lado. Como también oportunistas, pero estará en la inteligencia de quienes levantan banderas sociales no reemplazarlas por intereses partidarios.
Del lado de los trabajadores está claro el pedido de un básico que cubra la canasta básica de julio, fijada por el INDEC en $44.521. Esa es la postura de los trabajadores del Parque de la Salud para levantar la protesta. ¿El Gobierno está lejos del pedido? Según los propios trabajadores no, pero le falta un poco para llegar a ese mínimo.
Del otro lado, frente al Ministerio de Salud de la provincia, se levanta un pedido más exigente: un ingreso de bolsillo de $70.000 como mínimo para los trabajadores sanitarios. Ahí sí que se está lejos de acceder a esa petición general del acampe.
En el caso de los docentes disidentes al acuerdo de la Mesa de Dialogo, donde se fijó un piso salarial de $27.500, el pedido apunta directamente a mejorar los pagos al básico en blanco. Los gremios más cercanos al Gobierno firmaron por $9.277 de básico y los que rechazan el acuerdo van por $12.000. Esa postura hasta el viernes -que ocurrió el último encuentro de negociación- aparece alejada de obtener la respuesta esperada. Pero nada está dicho en ninguno de los dos casos.
Para ambos temas, al igual que se resolvió con la Policía de Misiones, lo importante es que se canalice en mesas de diálogo continuo, sabiendo que en toda negociación alguien tiene que ceder para poder acordar.
Son indiscutibles los roles protagónicos de maestros y trabajadores de la salud, pero también lo es la importancia de no forzar la caja del Estado en tiempos de escasez de recursos.
“El Estado misionero se administra día a día, pero de forma responsable, con sensibilidad e inteligencia. Eso es algo que lo reconocen los otros gobiernos y los ciudadanos. También se reconoce la voluntad permanente de diálogo para encontrar soluciones a todas las demandas. Aunque no siempre se obtiene lo que se quiere, porque un gobernante debe atender a todos, a la totalidad de la gran familia misionera, que son policías, docentes, obreros de la construcción, la salud pública, la asistencia social, los productores, los comerciantes, etc. Es un esquema de responsabilidad con todos donde se debe atender a todos”, dicen en la Rosadita misionera. Si hay un punto que se le debe reconocer a la nueva gestión provincial es haber convocado y debatido salarios con sectores más críticos que llevaban años sin sentarse a participar como UDNAM, UTEM, MPL, Tribuna Docente, etc.
Desde el Gobierno aseguraron, ante posturas poco flexibles de algunos sectores, que “Misiones es la única que durante 16 años pagó los salarios antes de la fecha que hay que pagar. Si no venía el FET respondía la provincia, lo mismo el FONID; y desde el Gobierno lo seguirán haciendo, porque se tienen las cuentas en orden. Las otras provincias pagan en tramos y por sectores, acá gente tiene la seguridad y tranquilidad de tener la plata siempre. Pero para eso hay que mantener el orden, equilibrio y responsabilidad”.
El debate de fondo puede resultar largo y con miles de aristas, porque es una vieja discusión que tiene décadas y que no obedece solamente a la buena o mala administración de los recursos. Sino a la falta de previsibilidad de un país como Argentina. Una situación endeble que se potencia con la crisis sanitaria internacional con un impacto negativo histórico.
Precisamente sobre ese contexto sanitario es importante hacer un llamado a la responsabilidad ante convocatorias a grandes movilizaciones de personas ya que, viendo las últimas en Dos de Mayo y Garupá, no parecieron ajustadas a la necesaria y exigida prevención. Ello no quita que el reclamo salarial, de mejora en las condiciones de trabajo, se debilite.
Pero todos somos responsables de sostener bajo control la epidemiología. Esperemos que quienes eligieron el camino de la expresión en las calles y rutas lo hagan bajo medidas preventivas porque la emergencia por COVID-19 está muy claro que no pasó.
Reparto federal
Tal como se dijo en estas páginas en innumerables oportunidades, la necesidad de barajar y dar de nuevo en materia de coparticipación, es una imperiosa necesidad. Pero, hay que ser realistas, desde 1994 cuando se reformó la Constitución hasta ahora, no se consiguió debatir y sancionar una nueva ley en ese sentido, porque nadie quiere resignar recursos y muchos quieren recibir más.
En los hechos, ningún gobierno democrático ha sido capaz de lograr un acuerdo para poner en práctica el mandato constitucional de 1994, tras la reforma de la Carta Magna, donde juraron hacerlo varios de los actores políticos que aún siguen ocupando cargos públicos, tanto en el oficialismo como en la oposición.
Con la excusa de enmendar lo que Mauricio Macri le recortó a la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández le quitó muchos miles de millones a Horacio Rodríguez Larreta. Pero la herramienta del “Fondo de Reparación” no es para todos igual.
En 1988 Misiones cedió coparticipación por acuerdo político entre la UCR y el PJ, para beneficiar a otras provincias. Hoy, 32 años después, Misiones fue la menos agraciada en recibir recursos federales en el NEA ante provincias con menor cantidad de habitantes y menos fortaleza económica para producir la generación de recursos.
Sin embargo, dificilmente a Fernández se le podría ocurrir quitarle fondos a Chaco o Formosa (donde tiene a dos aliados puros del kirchnerismo) para beneficiar a una aliada como es la renovación.
Una prueba reciente es la negativa que el Presidente tuvo hacia -casualmente- la conformación de un fondo de reparación histórica de $3.000 millones pedidos por Misiones, cuyo compromiso firmó en agosto de 2019 en Rosario (Santa Fe).
¿Herrera debería romper con Alberto Fernández o hacer un piquete frente a la Casa Rosada hasta que se llegue a recibir lo que le corresponde?
Solamente a alguien extremista se le podría ocurrir semejante acto. Por el contrario, la sociedad misionera en su gran mayoría espera una postura común, sin partidismos, de oficialistas y opositores alineados detrás de conseguir una distribución más federal, más justa.
En la última proclama de esta semana que firmaron 19 gobernadores (entre ellos el de Misiones), está claro el pedido de hacer una distribución más equitativa. Los analistas políticos se equivocan si se quedan solamente con el apoyo de las provincias a Alberto Fernández en la pelea PBA versus CABA.
Lamentablemente, el Presidente viene amagando en “recostarse” para gobernar en las provincias donde los jefes distritales deben salir a apoyarlo políticamente. Pero en lugar de eso, Fernández prioriza las relaciones políticas centrales con el kirchnerismo y el massismo.
Mientras eso suceda, la pelea seguirá siendo centralista y las demás provincias seguirán siendo meras espectadoras además de recaudadoras para otros.
Incertidumbre para Díaz Beltrán
A principios de agosto se conoció en los medios porteños que desde Córdoba se había promovido una denuncia contra la cúpula de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que preside el misionero Gerardo Díaz Beltrán. Fue por la supuesta “administración, distribución irregular y desvío de fondos” del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por la suma de 353 millones de pesos.
El debate interno en la CAME se agilizó respecto a cómo salir de la dañada imagen que se había instalado en la sociedad sobre la administración de los recursos.
Ahora, el Consejo Directivo de la Confederación resolvió por amplia mayoría realizar su Asamblea Anual para la renovación de autoridades el próximo 2 de octubre. Eso significa que, en apenas 20 días, se decidirá la suerte del misionero y todo el resto del mando de CAME.
Paralelamente a conocerse el aceleramiento de las elecciones internas, hubo rechazos a las acusaciones a las que calificaron institucionalmente de “infundadas”. Sin embargo, no se conocieron expresiones de apoyo a una reelección para Díaz Beltran. ¿El misionero tendrá los días contados al frente de una entidad donde converge 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones industriales de todo el país?
