El pasado 12 de agosto una denuncia daba cuenta de la desaparición de al menos un kilogramo de cocaína que estaba bajo custodia en la seccional Tercera de Oberá. La pesquisa avanza, se recaban pruebas, hay varias personas investigadas, pero aún no quedó determinado cuántos ni quiénes son los responsables del hecho.
Como primera respuesta al notar el faltante, fue la misma Fuerza la que informó del caso a la Justicia. Seguidamente la superioridad policial dictaminó el pase a disponibilidad del jefe y dos agentes de la División Toxicomanía de la Unidad Regional III.
En principio, el Juzgado Federal de Oberá ordenó que se realizaran allanamientos tanto en la comisaría, como así también en viviendas para intentar encontrar la droga que faltaba.
Fue así que en un domicilio secuestraron una pequeña cantidad de clorhidrato de cocaína, el cual iba ser cotejado químicamente para determinar si era de máxima pureza como la que había desaparecido de la custodia. De manera preventiva fue detenida una persona, pero no se trataba de un miembro del cuerpo policial, aunque sí un allegado.
Lo extraño del caso fue que no había signos de violencia en el lugar donde se guardaban los estupefacientes.
El lacrado no estaba roto
Por otra parte, los únicos que tenían acceso eran los del personal de Toxicomanía, por lo cual fueron los primeros en quedar bajo sospecha. Más allá de esto, desde el Juzgado del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, se ordenó que varias personas, entre jefes, agentes y civiles, fueran citados a declaración testimonial en la causa.
Era necesario saber el rol de cada uno en la cadena de custodia de ese depósito judicial y conocer quiénes eran los últimos que tuvieron acceso, sin que esto determinara la responsabilidad directa en la desaparición. Había dos llaves y ocho personas tenían ingreso a ese lugar. Desde la investigación manejaban el caso con extremo cuidado para no responsabilizar a quienes no tendrían participación en el hecho.
La droga que faltaba era parte de la prueba en una causa que se encuentra en poder del Tribunal Oral Federal de Posadas, en etapa de juicio.
Por la gravedad del hecho, al estar involucrados en el ilícito efectivos policiales, el Juzgado Federal ordenó un nuevo secreto de sumario por otros diez días. Posteriormente, una vez que completen las pruebas necesarias y puedan dilucidar con certeza quién o quiénes son los responsables de la desaparición de la droga, el magistrado interviniente dictará los procesamientos.
