El Municipio elaboró y aprobó un paquete de ordenanzas en las últimas semanas con la intención de relevar y elaborar un informe que sirva como lanza para efectuar una serie de reclamos a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Los pedidos apuntan a dos aspectos: 1)- regalías económicas por las pérdidas que sufrió el municipio al construirse la represa y elevarse el embalse del río Paraná y; 2)- obras y programas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Otros municipios de la zona están elaborando las mismas normativas para exigir a la EBY el cumplimiento de las obligaciones asumidas por parte de la Entidad con los afectados, fundamentalmente cuestiones ambientales y obras de mitigación.
El intendente Pablo Castro dijo a PRIMERA EDICIÓN que “Santa Ana fue muy afectada por la represa y no recibimos nada”. “Nuestro principal potencial era el puerto y se fundió desde que comenzó la obra porque se detuvo la hidrovía. Ahí empieza el daño. Después suben el embalse y Santa Ana no recibió nada por su aporte para generar electricidad para todo el país”, remarcó.
Agregó que “no tenemos toma de agua porque está en zona inundada, no tenemos las obras de acceso al pueblo, no tenemos obras costeras, no tenemos acceso al puerto. Nos han inundado tierras que tributaban al municipio y no nos han retribuido como corresponde”.
Castro explicó que “debido a eso iniciamos un estudio para reclamar lo que nos corresponde. Ahora se aprobaron las ordenanzas que son las herramientas legales. Sabemos que esto va a demorar, pero es hora de empezar”.
Aclaró que no está cuantificada la cantidad de dinero que van a reclamar porque “todavía nos falta hacer el estudio”.
Sostuvo que “el pueblo de Santa Ana está desilusionado con Yacyretá porque perdimos mucho más de lo que ganamos. Nos prometieron un montón de cosas y no nos dieron nada. Las ciudades de Posadas, Garupá y Candelaria tienen grandes obras y la gente está contenta. En Santa Ana la gente está desilusionada con Yacyretá”.
Las ordenanzas
El Municipio sancionó varias ordenanzas, pero las principales son las Nº 25, Nº 26, Nº 29 y Nº 30.
La primera ordenanza habla de “la necesidad de protección y preservación del patrimonio municipal” y establece como objetivo general “fundar las acciones destinadas a la Protección, Preservación, Salvaguarda, Restauración, Promoción, Acrecentamiento y Transmisión o Reasignación de aquellos Bienes Muebles o Inmuebles y/o Derechos, considerados o a considerarse como Patrimonio Municipal”.
Entre los principales puntos se destaca la idea de “Promover medidas Tributarias y Financieras para aquellas Personas e Instituciones u ONG que sean tenedores/locadores, usen, exploten, comercialicen y conserven Bienes o Derechos del Patrimonio local”.
La segunda norma habla de la necesidad de establecer estudios de impacto ambiental para todas las acciones que puedan deteriorar el medio ambiente.
Y remarca que “todo proyecto u obra de ingeniería civil, hidráulica pública o privada que impacte el medio ambiente; deberá presentar un ‘estudio de impacto ambiental’, al área competente de la Autoridad de Aplicación que designe el Departamento Ejecutivo Municipal” y que la Autoridad de Aplicación “deberá convocar a una Audiencia Municipal para el análisis de los Proyectos de Obras sujetas a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, donde se podrá hacer las observaciones al estudio”.
También la normativa agrega en el artículo 9 que “el Ejecutivo Municipal deberá realizar con la urgencia que la cuestión amerita, toda diligencia ante la EBY a los efectos de tomar conocimiento de las intervenciones en todo el ámbito jurisdiccional de este Municipio, al mismo tiempo realizar los reclamos pertinentes”.
En tanto, la ordenanza municipal Nº 29 refiere al “resguardo del patrimonio municipal” y adopta como “línea de ribera a la poligonal de afectación realizada por Yacyretá según el Decreto Nacional Nº 1.585/82 del PEN, en consecuencia, toda el Área involucrada entre la mencionada Poligonal de afectación de Yacyretá y el Pelo de Agua del Lago, es de dominio público municipal”.
