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Escuela vs Covid-19: “Prefiero perder un año que perder a un hijo”

1 septiembre, 2020

“Si mi hijo se pierde un año en la escuela, no tendrá importancia más adelante. Pero si yo pierdo a un hijo, entonces sí. Prefiero perder un año a perder a un hijo”. La investigadora Érika Andreassy, de 47 años, lleva casi cinco meses trabajando desde casa con la presencia de sus dos hijos, João Pedro, de 15 años, y Camilo, de 10, ambos alumnos de colegios públicos de São Paulo.

“Se han multiplicado las cosas que hacer en casa”, dice sobre la nueva rutina familiar. Está sola y no tiene a nadie que la ayude a cuidar de los niños y asistirlos en las clases virtuales. Aun así, prefiere que todo siga como está. “Si las clases vuelven ese año, no pienso mandar a mis hijos a la escuela”, reveló a elpais.com.

La opinión de Érika la comparten el 79% de los brasileños, que, según el Instituto Datafolha, creen que los colegios deben permanecer cerrados al menos dos meses más. La discusión sobre el regreso de las clases presenciales cuando los índices de contagio de coronavirus todavía son elevados ocurre en todo el mundo. Involucra a padres agobiados, escuelas privadas al borde de la quiebra, profesores preocupados, alumnos ansiosos y Gobiernos que van y vuelven en sus decisiones sobre qué toca hacer.

Especialistas y autoridades plantean soluciones para mitigar los daños de la educación a distancia, ya que muchas veces las escuelas cuentan con poca o ninguna estructura para ello. Desde añadir un cuarto curso a la enseñanza secundaria hasta suspender a todos los alumnos, las posibilidades que están sobre la mesa son varias.

Repetir todo el contenido del último año es, incluso, una idea que barajan los propios estudiantes, especialmente los de las escuelas públicas, que tuvieron más dificultades para seguir las clases remotas. “Me costaba mucho aprender a distancia, y al final desistí. Y luego me enteré de que no era la única que tenía dificultades”, explica Jessica Matias Pereira Lúcio, de 17 años, alumna del segundo curso de la enseñanza secundaria en la Escuela Estatal Martin Egídio Damy, en Brasilândia, un suburbio de São Paulo.

Debido a las dificultades que afrontó, la estudiante dice que no reanudará sus estudios en lo que queda de 2020, ya sea virtual o presencialmente: “Hace tiempo que desistí de volver a estudiar este año”, dice. Aunque su escuela reabra, no piensa acudir: “Mi madre forma parte del grupo de riesgo, porque tuvo cáncer. Prefiero quedarme en casa a representar algún riesgo para ella”.

Fernando Angelis de Souza, de 14 años, alumno del noveno curso en la zona este de São Paulo, tampoco volverá al aula: “Aún parece raro tener clases online, mi conexión es inestable y no veo al profe”, dice. “Pero, por más que quiera volver, creo que no es bueno hacerlo ahora. No me siento seguro”, dice. Preocupado, el adolescente explica que prefiere repetir el curso antes que volver ahora a su centro educativo: “Creo que sería mejor que volver”.

Un castigo para toda la familia

Desde el punto de vista educativo, la pandemia ha afectado a los grupos de forma muy diferente, opina Ivan Gontijo, coordinador de proyectos en la ONG Todos por la Educación. “Por eso, una solución general, como suspender a todo el mundo, por ejemplo, no tiene en cuenta a esos grupos específicos que pudieron llevar a cabo la enseñanza remota”, dice.

“Suspender a un alumno del tercer [último] año de una escuela pública, que depende del certificado para entrar en el mercado de trabajo y que ha realizado las actividades remotamente, puede convertirse en un castigo que afectará a toda su familia”.

Gontijo reconoce, sin embargo, que la enseñanza remota no sustituye a la presencial: “La enseñanza remota es una solución para mitigar los efectos de la pandemia y mantener algún vínculo entre las escuelas y los estudiantes”, dice. “Que no suspendamos a todos no significa que no haya habido grandes perjuicios. Va a haber lagunas en el aprendizaje”.

En São Paulo, el Gobierno decidió implementar un cuarto año de secundaria de carácter no obligatorio. La idea, según Henrique Pimentel Filho, subsecretario de Articulación Regional de la Secretaría de Educación, es que los estudiantes puedan revisar los temas que no acabaron de entender.

Para Gontijo, podría ser una buena medida. “Sería una posibilidad opcional. La haría quien quisiera. Y puede servir para prepararse para la Selectividad”, dice. “Aumentar la jornada escolar diaria del próximo año e incluir más clases de refuerzo y recuperación también me parecen medidas acertadas para que nadie se quede atrás”, afirma.

Además, Gontijo advierte sobre cuestiones que van más allá del plan de estudios: la acogida emocional y la atención psicológica de los estudiantes y los profesores. “No será una vuelta al colegio normal. Los estudiantes volverán muy afectados”, dice. “Recibir bien a estos estudiantes y profesores será una condición previa para estructurar todas las cuestiones pedagógicas después”.

Problemas de infraestructura

En São Paulo, el epicentro de la pandemia, el Ayuntamiento aún no ha fijado una fecha para la vuelta de las clases presenciales. Esta semana, un estudio serológico realizado por el equipo del alcalde Bruno Covas ha revelado que el 16% de los estudiantes de las escuelas públicas municipales ya han pasado la covid-19, y el 66% de ellos eran asintomáticos. Una cuarta parte de estos estudiantes viven con personas mayores de 60 años, lo que puede representar un riesgo.

Por eso, Covas dice que no seguirá la directriz del gobernador João Doria de reanudar las clases de forma parcial el 8 de septiembre, con actividades como el refuerzo. Y fijó el 7 de octubre como fecha probable para el regreso total de las clases.

Para ello, las ciudades deben haber estado por lo menos 28 días con bajos índices de contagio y de ocupación de las UCI. La capital, si continúa al nivel actual, tendría las condiciones necesarias para volver a abrir las puertas de las escuelas en septiembre.

“La vuelta a las clases en este momento significaría un aumento del número de contagios, hospitalizaciones y muertes”, afirmó Covas al presentar los resultados del estudio. La decisión se aplica a todas las escuelas, incluidas las privadas.

El Sindicato de Establecimientos Educativos del Estado de São Paulo ha presentado un recurso contra la decisión del Ayuntamiento. “Se han retomado las actividades económicas. ¿Dónde va a dejar la gente a los niños?”, cuestionó el presidente de la entidad, Benjamin Ribeiro da Silva. “¿Cómo prohíbe el alcalde que la familia envíe a sus hijos a la escuela? La decisión tiene que tomarla la familia”.

Según Silva, las escuelas privadas ya están preparadas para la vuelta a las aulas. En São Paulo, algunas de las escuelas más caras han contratado consultores de hospitales de renombre para establecer protocolos de seguridad.

Han instalado fuentes que se activan con sensores de aproximación, han comprado termómetros de infrarrojos, cámaras de reconocimiento facial para comprobar si los estudiantes llevan puesta la mascarilla e incluso han implementado el uso de rayos UV para higienizar los libros de la biblioteca.

Pero, por otro lado, la realidad de las instituciones públicas es bastante diferente. “¿Qué escuela tiene jabón, papel higiénico? No tienen ni siquiera lo básico”, afirma Flavia Bischain, directora del sindicato de profesores de la red de escuelas públicas de São Paulo.

“Aquí en Brasilândia muchas escuelas tienen las baldosas del suelo rotas, suelos de cemento. Muchas han tenido que cerrar aulas por problemas de filtraciones”, dice. Según ella, ni siquiera el suministro de agua está garantizado. “Sucede mucho que hay que decirles a los estudiantes que se vayan a casa antes porque el agua se acaba.”

Según un informe de Unicef publicado en agosto, la realidad de las escuelas brasileñas es mucho más parecida a la de esta de Brasilândia que a las que tienen rayos UV para higienizar los libros. Menos del 40% de las escuelas tiene acceso al saneamiento básico, solo un 61% a agua potable y el 5% de las escuelas municipales y el 5% de las estatales no tienen ni siquiera baños.

Amazonas fue el primer estado de Brasil, el 8 de agosto pasado, en reabrir los colegios públicos tras 5 meses.

Por lo tanto, según Italo Dutra, jefe de educación de Unicef, la vuelta necesita recursos mínimos para asegurar las condiciones de higiene. “No podremos garantizar el acceso al agua potable rápidamente, pero podemos crear al menos medidas paliativas”, dice.

Las condiciones de las escuelas generan temor en las madres. “Veo que la gente hace bromas en Facebook, diciendo que ni siquiera tienen papel higiénico en la escuela y que quieren poner una mampara de vidrio entre los pupitres”, dice la vendedora Dayse Barbosa da Silva, de 32 años, madre de dos hijos, uno de ocho y otro de tres, matriculadas en una escuela pública de São Paulo.

“Las escuelas no tienen la estructura necesaria para recibir a los niños ahora. Incluso en casa es difícil controlarlos, tenemos que estarles encima todo el rato. Y fuera de mi vista… imposible”. Erika Andreassy está de acuerdo: “¿Crees que un niño se va a quedar cuatro horas y media dentro de un aula con una mascarilla? Creo que es arriesgado”.

En Manaos, la capital del Estado de Amazonas en la que no había plazas en los hospitales ni en los cementerios para las víctimas de la covid-19 durante los meses de mayo y junio, las clases volvieron el pasado 10 de agosto. Pero el debate sigue abierto en la capital amazónica, que podría ser un laboratorio de lo que el resto del país podría enfrentar en los próximos meses.

Los profesores de las escuelas están movilizados, porque denuncian que el Gobierno de Amazonas no ha cumplido el protocolo de confinar a los profesionales diagnosticados con covid-19. “Vamos a convocar una huelga en todo el país si insisten en que vuelvan las clases ahora”, dice Flavia Bischain, del Sindicato de Profesores del Estado de São Paulo.

Fuente: elpais.com

Tags: #BrasilcoronavirusCovid-19San Pablo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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