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El Grupo Z se llevaría más de $223 millones mensuales cubriendo todos los costos

30 agosto, 2020
¿ESTOS DE DÓNDE COBRAN? En la Justicia porteña denunciaron que los “bondis” traídos de Bs As siguen cobrando allá… ¿y acá?

Desde hace años, cada dos a tres meses, son conocidos los pedidos de “boletazo” en el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (SITM) por parte del Grupo Z. La excusa es siempre la misma, incluidas las amenazas de duplicar los precios de los boletos: que no le cierran los costos y que los subsidios no le alcanzan.

Sin embargo, PRIMERA EDICIÓN pudo saber que solamente con los aportes del Estado, al Grupo Z le queda casi medio millón de pesos de ganancia por unidad, después de cubrir los costos de cada una, incluido el chofer. En números más redondos, multiplicando $460 mil de diferencia por los 250 colectivos que tendría funcionando, le daría una utilidad de al menos $115 millones mensuales sólo con lo que recibe de subsidios estatales.

A su vez, a ese número hay que sumarle lo recaudado por la venta de boletos que, según la información a la que pudo acceder este Diario, superaría los $108 millones. Claro está que, sin un sistema electrónico con controlador fiscal que sirva de auditoría, la cantidad de pasajeros transportados se puede construir en base a las propias declaraciones juradas de las empresas Z. Con lo cual la recaudación podría ser aún mayor.

Es decir que, con los números disponibles, el Grupo Z gana no menos de 223 millones de pesos mensuales libres de todo gasto con la pésima prestación de servicios que tiene.

Día tras día crece la recolección de firmas de usuarios en diferentes barrios de Posadas como en Garupá y Candelaria, para que habiliten a la empresa Bencivenga a competir. Los pasajeros están cansados de hacer catarsis en las Audiencias Públicas, ver la inacción del (in) Defensor del Pueblo de Posadas Alberto Penayo y de la mayoría quienes dicen ser los representantes de los ciudadanos.

A su vez, con esa enorme cifra que consiguen de los aportes de los misioneros, fueron construyendo un grupo económico que se diversificó en negocios, creando empresas donde siempre hay un Zbikoski como accionista. El servicio del tren, la compra de parte del Grupo Plaza en Buenos Aires, las líneas con decenas de colectivos de La Nueva Metropol, La Central de Vicente López, por mencionarse algunas de las adquisiciones Z ahora tienen una explicación de dónde salieron los recursos económicos: del mal servicio y a elevados precios que deben padecer los misioneros.

No era errado escuchar a dirigentes barriales y legisladores opositores cuestionar que las inversiones se hacían afuera de Misiones, con el producido en la provincia.
Tal vez esa sea la razón por la cual apliquen una férrea oposición a la llegada de la SUBE nacional que terminaría por obligarlos a ser controlados y los más de 223 millones de ganancias mensuales correrían peligro de achicarse.

Más allá del exorbitante rédito del concesionario monopólico, el gran problema sigue siendo la falta de un contralor estatal sobre el destino de los dineros públicos, en tiempos donde escasean por la fuerte crisis económica.

 

MÁS AFUERA, MENOS ACÁ. Las millonarias ganancias terminan en nuevos negocios fuera de Misiones. Los pasajeros del SITM siguen viajando como “ganado”.

Subsidios, negocio redondo

El economista José Piñeiro Iñiguez reveló en FM de las Misiones 89.3 algunas de las cifras que se conocen en el Ministerio de Transportes de la Nación y en el sector financiero. Respecto a los costos para hacer funcionar cada unidad del transporte de pasajeros, recordó la última estimación por colectivo, difundida oficialmente por la cartera que dirige el massista Mario Meoni, un “amigo Z” que inició la gestión amenazando con no pagar subsidios si no llegaba la SUBE nacional y, a las pocas horas, postergó tal obligatoriedad.

“El cálculo de marzo, que sirvió para liquidar los subsidios hasta el mes de mayo del corriente año nos dice que, aproximadamente, un colectivo de transporte público en promedio cuesta $640.000 al mes, incluyendo la amortización, combustible, salarios de choferes, repuestos y además una rentabilidad empresarial en torno al 6%. Porque los subsidios tienen en cuenta un rédito para las empresas además de cubrir gastos que abaraten el costo de los boletos”, recordó.

“Estos $640.000 por unidad pueden variar entre $580.000 y $650.000 en función de si es del servicio urbano, suburbano o zonal”, aclaró. “Pero tomemos el promedio más alto de $640.000, sumamos cuántos colectivos tiene circulando el Grupo Z -que serían aproximadamente 250- y daría un costo de $160 millones al mes”, calculó Piñeiro Iñiguez.

Sobre los ingresos del Grupo Z, el especialista explicó que provienen fundamentalmente de dos fuentes: los subsidios (nacional, el provincial y el municipal), siendo el único “privilegiado” que suma tres estamentos de ayuda en Misiones. Y la venta de boletos.

“Un empresario de Eldorado, Apóstoles o Iguazú no tiene la misma suerte del Grupo Z, ya que solamente les dan subsidio nacional”, sostuvo el economista.

Insistió en que “las cifras sobre subsidios nacional, provincial y municipal hoy no se conocen públicamente, es información que debería ser pública y de fácil acceso para todos poder controlar”.

Siempre en el cálculo por unidad del transporte de pasajeros, se estima que el subsidio es cercano a los $1,1 millones. “Inferimos que cada colectivo tiene una utilidad al descontar los costos al subsidio de $460 mil. Multiplicado eso por las 250 unidades que tendría, le daría una utilidad de $115 millones mensuales sólo con los subsidios, solamente por tener los subsidios”, reveló Piñeiro Iñiguez.

 

La segunda fuente de dinero: boletos

El otro componente de ingresos de las empresas del transporte de pasajeros son los boletos. Al no tener SUBE nacional, las cifras con las que el Estado se maneja son las que escribe el mismo Grupo Z, ya que maneja la SUBE Misionera y no hay controlador fiscal impositivo.

“El sistema de información de la emisión de boletos no es confiable porque no es más que una mera declaración jurada del Grupo que presta el servicio. Pero, cuando haces una investigación, se puede inferir exactamente cuánto se mueve de dinero en boletos”, dijo Piñeiro Iñiguez.

“Nosotros sabemos que el tamaño del mercado del transporte automotor de Posadas es de aproximadamente 6 millones de viajes que se hacen mensualmente. Esos 6 millones de viajes están divididos entre todas las empresas concesionarias. Ahora, ya lo dijo el presidente de Bencivenga, Darío Skrabiuk, que su empresa maneja entre un 6 y un 10% con lo cual estimamos que el Grupo Z maneja entre el 90 al 94% del mercado. Supongamos que fuera 90%, una cifra más conservadora, estamos hablando de alrededor de 5,4 millones de viajes mensuales”, explicó.

Con la SUBE Misionera, el costo del boleto urbano es $20 que, multiplicado por los 5,4 millones de viajes mensuales “daría un ingreso adicional de $108 millones”, reveló el especialista.

 

Negocio misionero

En la sumatoria de ganancias, habría un “resto” de $115 millones de subsidios tras cubrir los costos más otros $108 millones por boletos, “que hacen un total de $223 millones mensuales libres de gastos, son ganancias netas”, sostuvo Piñeiro Iñiguez.

Pero no termina allí el beneficio. El mismo Grupo Z maneja la tarjeta SUBE Misionera ya que no hubo una decisión política de implementar la SUBE Nacional. Lo cual le deja también ganancias extra a los $223 millones por subsidios y viajes.

¿Cómo? José Piñeiro Iñiguez lo explicó: “¿Qué hace el usuario con su dinero cuando percibe el sueldo o un ingreso social? Trata de asegurarse sus pasajes y deposita ese dinero en la tarjeta SUBE Misionera, es decir, carga el crédito para llegar a su trabajo o moverse al hospital o a realizar un trámite. Entonces, por los 6 millones de viajes en Posadas al mes, podemos decir que la masa de dinero que se mueve en el Sistema es aproximadamente $120 millones. Se calcula que le quedan a Servicios Urbanos unos $3,6 millones solamente de ganancia financiera de la carga de crédito para poder viajar”, estimó el economista.

Pero también la competencia (Bencivenga) se ve obligada a utilizar la SUBE Misionera, a pesar de haber pedido autorización para implementar el sistema nacional. “Esa empresa que maneja alrededor de un 10% del volumen de viajes paga un 9% de costo operativo a la SUBE del Grupo Z, que sería alrededor de $1,1 millones. Estamos hablando que la SUBE Misionera genera otros casi $5 millones mensuales, una más que buena y verdadera razón por la cual el SUBE Nacional no ingresa a Posadas”, concluyó Piñeiro Iñiguez.

 

El Grupo económico no para de crecer

Sin alguien que controle, con la Justicia federal porteña tras sus pasos -pero la misionera sin moverse-, solamente la prensa es capaz de mostrar que el Grupo Z no les hace ningún favor a sus pasajeros cuando dice que los números no le cierran, ni se queda con apenas “migajas” como pretende instalar cual “entidad de beneficencia”.

Al contrario, sin la concesión misionera no hubiera podido nunca construir su enorme poder económico, con el que también pretende cercenar la libertad de expresión en los estrados judiciales.

Sin Misiones, el Grupo Z no podría haber constituido negocios en diversos rubros, además de las ramificaciones que consiguió en el sector del transporte terrestre y ferroviario.

Hay abogados que investigan la constitución de al menos 23 empresas (inversoras, constructoras, almacenamiento, energía, administradoras y servicio, etc) donde un “Z” cumple un rol protagónico.

Esto es sólo las constituidas en el país, integrando sus directorios en todas y conformando un amplio y diversificado grupo económico cariñosamente denominado “Z”.
De avanzar, se podrá demostrar dónde fueron a parar los cientos de millones que -desde la tierra colorada- le sirvieron para no parar de crecer económicamente.

Lamentablemente, son millones que podrían haber servido para tener mejores paradas de colectivos, el prometido sistema inteligente, más frecuencias barriales para no viajar como “ganado”, construyendo las transferencias que faltan y muy especialmente bajando el costo del boleto a los misioneros.

Tags: #PosadasColectivosGrupo ZTransporte
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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