Referentes del sector productivo de las provincias tabacaleras participaron de una reunión en la Comisión de Agricultura del Congreso nacional, por iniciativa del legislador del Frente de Todos Héctor “Cacho” Bárbaro, donde plantearon el impacto de las cautelares que eximen del pago del impuesto interno mínimo a tres empresas cigarreras.
Es que si la Corte Suprema de Justicia no se expide sobre la cuestión para este año, estiman pérdidas millonarias en el Fondo Especial del Tabaco (FET).
El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Cámara de Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, quien advirtió que “la actividad tabacalera se caracteriza por ser una tomadora de mano de obra artesanal e intensiva”. “Esta provisión se hace en siete provincias y conglomera a unos 23 mil productores en todo lo que hace la Argentina. Se producen 115 millones de kilos tanto de tabaco oscuro como claro en 65 mil hectáreas”, precisó.
En este sentido, graficó que “el productor tiene dos columnas que son muy fuertes: el precio que cobra en el momento de la venta, y la coparticipación de lo que le significa los recursos del FET que devienen de la venta del producto del cigarrillo”.
A su turno, el presidente de la Cámara de Diputado de la provincia de Salta, Esteban Amat Lacroix, explicó que “la Nación recauda 150 mil millones de pesos al año y que el 7 por ciento va a las siete provincias tabacaleras”, mientras que al margen de eso tenemos la provincia que representa presenta “una evasión de $50 mil millones anuales”.
Medidas cautelares
Por su parte el administrador del FET de Salta, Enrique Cornejo, explicó que “en la Argentina existen tres empresas cigarreras que han planteado a la Justicia Federal la inconstitucionalidad del impuesto interno mínimo aplicable a la comercialización de los cigarrillos”.
Contó que este régimen impositivo, establecido inicialmente en el año 2008, “surge por una necesidad de recepcionar un precepto de la Organización Mundial de la Salud que era desalentar el consumo del tabaco para combatir el tabaquismo y obtener una mayor recaudación, por ende se elevaron los precios de los cigarrillos”.
Posteriormente, “en el año 2016 se presentó una cigarrera denominada Sarandí que le solicitó al Poder Judicial la inconstitucionalidad del impuesto mínimo y desde esa fecha a la actualidad, a través de diferentes medida cautelares, esta empresa al igual que otras dos, no están tributando el mínimo que establece la Ley 26.467”.
“En el año 2017 se generó en el Congreso de la Nación una reforma con relación a la fórmula de cálculo del impuesto interno mínimo, la norma impositiva actual establece que cada cigarrillo debe pagar el 70% de su precio de venta a un valor mínimo de $68,25. Sucede que hay tres cigarreras que no tienen por mandato judicial cautelado este valor mínimo, entonces ellas pueden vender un producto a 50 pesos y pagar solamente el 70% de su precio de venta, esto significa que se disminuye la base recaudatoria”, aclaró.
Añadió que como “el Fondo Especial del Tabaco participa en un 7,35% de la recaudación del impuesto interno, entonces gravemente afectado por esta situación que genera una incidencia negativa en el sistema de recaudación”.
Más grave aún es, recalcó, es que “desde el año 2016 a la fecha, el país ha dejado de percibir una suma aproximada a 96 mil millones de pesos por impuestos no pagados y se calcula que para el 2020 serán aproximadamente nuevamente 40 mil millones de pesos que este conjunto de cigarreras dejarán de pagar en función a tener cautelada esta norma impositiva”. En consecuencia, el funcionario salteño advirtió que “se genera un trato desleal impositivo donde, través de estos mandatos judiciales, estas empresas tienen un régimen particular”.
A todo esto, afirmó las firmas cigarreras que se denominan “PyME” han generado “una consolidación del 25% en las ventas formales”, tendencia que según afirmó “va en aumento”.
“Si esto continúa corremos el riesgo que la empresa número uno que es Massalin Particulares, y la número 3 que es Nobleza Piccardo (porque Sarandí la ha desplazado del segundo lugar en participaciones de ventas) tengan que solicitar el mismo trato impositivo y de esa forma la recaudación de impuestos internos disminuirá prácticamente a la mitad”, sentenció Cornejo.
Y agregó que en Salta “hoy vemos que para el año 2020 vamos a tener una pérdida aproximada de 4.500 millones de pesos solamente para el Fondo Especial del Tabaco”.
Por todo esto, el diputado Héctor “Cacho” Bárbaro manifestó que pedirán al Gobierno nacional y al Ministerio de Agricultura que intercedan para que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre estas cautelares.
“Estamos hablando de 150 mil millones de pesos que el Estado está perdiendo, porque no sólo pierden las provincias beneficiarias del FET, ya que estos fondos van a muchos recursos”, sentenció.
Transferencias automáticas
El diputado provincial y presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Omar Olsson, solicitó que se dé cumplimento al artículo 2 de la Ley 25.465 respecto a las transferencias automáticas de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) a las provincias tabacaleras.
“Está explicitado en la ley, pero lamentablemente hay demoras. Hoy estamos teniendo problemas de transferencias”, sostuvo.
Y apuntó que “queremos que se dé cumplimiento a este artículo y que mes a mes se puedan transferir esos fondos a las provincias”. “Tenemos obras sociales y planes de diversificación, y no estamos cumpliendo en tiempo y forma”, concluyó.
