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Ercolini inhibió bienes de una subsidiaria en la causa Vicentin

18 agosto, 2020

Vicentin

El juez federal Julián Ercolini, quien instruye la causa por supuesto fraude de la cerealera Vicentin con préstamos del Banco Nación, levantó hoy el secreto fiscal y bancario de los directores de la firma y de ex gerentes de esa entidad, e inhibió bienes de Algodonera Avellaneda, una firma subsidiaria.

La resolución se produjo luego del pedido realizado por el fiscal Gerardo Pollicita, y también comprende la prohibición de innovar sobre la composición accionaria de la empresa, una medida que apunta a evitar un vaciamiento.

La medida forma parte de la investigación iniciada a raíz de los créditos por 18.500 millones de pesos que se le otorgaron a Vicentin durante la gestión de Mauricio Macri y cuya presidencia de la entidad recaía en Javier González Fraga, uno de los imputados.

En paralelo, la empresa Avellaneda enfrenta desde hace casi dos meses un duro conflicto con los trabajadores, quienes instalaron carpas frente a la algodonera.

Incluso, este martes, dos empleadas que participaban de la protesta sufrieron lesiones tras ser atropelladas por una moto que ingresó al predio de la firma, en un hecho que los delegados denunciaron como realizado en forma voluntaria y no accidental.

La Justicia intenta determinar el nivel de connivencia entre los directivos del Nación y los ejecutivos de Vicentin, una empresa que a fin del año pasado entró en convocatoria de acreedores por una deuda millonaria.

Para evitar un desguace y que se agrave la pérdida patrimonial, Ercolini decidió inhibir a la Algodonera Avellaneda, pero no la extendió a Vicentin porque los bienes están siendo evaluados dentro del concurso preventivo, que instruye el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini.

Para determinar el grado de participación de los imputados, levantó el secretario fiscal y bancario desde enero de 2018 hasta el presente y así poder determinar el movimiento de dinero realizado por quienes dieron el préstamo y quienes lo recibieron.

También comprende a las firmas subsidiarias que conforman el complejo entramado de empresas que conformaban el activo de Vicentin.

El levantamiento del secreto fiscal y bancario abarca al ex titular Javier González Fraga y a los directivos Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Hernán Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan y Daniel Buyatti. La denuncia que derivó en esta investigación la realizó el economista y actual director del Nación, Claudio Lozano.

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Tags: ErcoliniVicentin
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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