Organizaciones sociales, campesinas y políticas repudiaron el desalojo de un grupo de colonos asentado desde hace más de 60 años en Colonia Pepirí, en El Soberbio.
El hecho tuvo lugar el sábado último, alrededor de las 5, cuando varios móviles con 40 policías de la URVIII de El Soberbio, y el grupo de apoyo de la División de Infantería, irrumpieron en Colonia Pepirí para proceder al desalojo por orden del juez de Instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco.
Desde hace 15 días se están desarrollando reuniones con las autoridades del Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante de El Soberbio, el Poder Legislativo, la Secretaría Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, el Ministerio de Derechos Humanos y los vecinos, quienes tienen previsto un nuevo encuentro este martes donde se presentará el listado de las familias y se marcará el perímetro de lotes en los que viven, con el compromiso de ayudar a resolver la situación, reconociendo los derechos de quienes habitan esas tierras.
Los colonos denunciaron públicamente que durante el operativo recibieron “golpes y sufrieron destrozos en sus viviendas”.
“Eran más de 35 policías con escudos, sin respeto por mis hijos menores, ni por mí que me sacaron del móvil descalza y casi sin ropas. Me llevaron al patio de mi casa donde el comisario (José Katz) comenzó a interrogarme como si yo fuera una delincuente. Eso fue un abuso de autoridad de parte de la Policía”, denunció Thalía Ramírez.
Ante esta situación, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Coordinadora de Trabajadores Rurales de Misiones (COTRUM), el Frente Popular Agrario y Social, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) y el Movimiento Territorial Liberación de la FJC-PC, entre otros, emitieron un documento en el que rechazan y repudian el desalojo de familias de Colonia Pepirí.
“En esas tierras vive un grupo de familias que se asentaron hace más de 60 años, en terrenos abandonados del Paraje Mbiguá. Inicialmente eran 43, pero a lo largo de los años, ante el violento hostigamiento, se vieron obligados a abandonar sus tierras”, indicaron.
Hoy quedan pocas familias que siguen produciendo alimentos para subsistir. “Son cuatro generaciones las que son hostigadas y amenazadas. La situación no es desconocida por la Municipalidad de El Soberbio y el Gobierno provincial, a quienes las familias acudieron en reclamo de regularizar sus tierras y el acceso a luz y agua para vivir tranquilos en su comunidad”, detallaron.
Y manifestaron que “a pesar de las instancias de diálogo, una vez más la Justicia en complicidad con los terratenientes, ordena el desalojo a familias que resisten hace más de 60 años entre cuatro generaciones, muchos de ellos nacidos y criados en el lugar”.
“Basta de desalojos! Ni un metro más, la tierra es nuestra; reclamamos la restitución de los derechos de los y las campesinas!”, enfatizaron los partidos y movimientos populares.
