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El CGE desobedeció un fallo que anuló una titularización docente

14 agosto, 2020
ACUERDO DEFINITIVO. El falló de la Cámara de Apelaciones Laboral salió la semana pasada.

El 3 de agosto, la Cámara de Apelaciones en lo Laboral, integrada por las vocales de la Sala Segunda, las doctoras Irma Natalia Saraceni y Cecilia Wdoviak de Guirland, falló en contra de la apelación del Consejo General de Educación (CGE), ratificando la nulidad parcial de la Resolución 6694/67 de ese organismo, afectando específicamente a los párrafos donde se titularizó a la docente Yanali Yacovoski; y ratificó la orden de su desplazamiento puesto que en junio de este año caducó la tutela sindical que, según fundamentó el CGE en su apelación, garantizaba la continuidad de la misma en sus funciones, sin ningún tipo de alteración.

Ese mismo día, en una clara violación del fallo de la Cámara Laboral, el CGE aprobó por Resolución 1053/20 “desafectar de la Escuela 809, seis horas cátedras Nivel Primario modalidad común de Educación Artística Música Resolución 6694/67, docente titular Yanali Yacovoski a partir del 2 de marzo de 2020. Afectar a la Escuela 952, seis horas cátedras Nivel Primario modalidad común de Educación Artística Música, desafectadas de la Escuela 809 a partir del 2 de marzo. Reubicar definitivamente en la Escuela 952, en seis horas cátedras Nivel Primario modalidad común de Educación Artística Música a la docente titular de las horas cátedra desafectadas por el artículo 1, señora Yanali Yacovoski a partir del 2 de marzo”.

 

Tres años de lucha administrativa y judicial

El 13 de julio de 2017, la profesora de música Andrea López desplazó en seis horas de música a la docente sin título específico Yanali Yacovoski, quien tiene título habilitante no docente de danzas folclóricas, y la Dirección de Personal del CGE el 24 de ese mes se expidió señalando que la desplazada no revestía condición de representante sindical, razón por la cual mediante Disposición 09/17 se efectivizó el desplazamiento a favor de López el 19 de agosto de ese año.

Pero tres meses después, el 22 de noviembre, por Disposición 10/17 se restituyó a Yacovoski las horas de las que la habían desplazado fundamentando esa decisión en su condición de delegada sindical. Ese mismo día, el CGE aprobó la Resolución 6694/17 titularizando a Yacovoski y a otros docentes (esta es la Resolución que la Justicia anuló en parte, no afectando la titularización de esos otros docentes). López fue notificada el 30 de noviembre de la titularización de Yacovoski, sin contar con el título específico, incumpliendo con el marco legal de la resolución 1731/17, por lo que solicitó su nulidad.

Acto seguido, con el patrocinio de la Unión Docente Nueva Argentina de Misiones (UDNAM), López decidió acudir a la Justicia para solicitar una acción de amparo y pidió medida cautelar de prohibición de no innovar.

 

Tutela sindical versus calidad educativa

En el ámbito judicial, el Juzgado Laboral 1 a cargo de Manuel Ángel Silva Dico, el CGE fundamentó la restitución de las seis horas de música a la docente que no tenía título específico en detrimento de la docente que sí lo tiene, en la tutela sindical de la primera, puesto que la misma era delegada sindical de la Unión de Docente de la Provincia de Misiones (UDPM). Según informó el CGE, Yacovoski fue electa como delegada de ese gremio docente entre el 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 y del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019 en la Escuela 809.

Vale agregar, además, que por Resolución 3547/14 Del CGE, los delegados sindicales de los gremios con personería, no podrán modificarse las condiciones de trabajo hasta un año después de la finalización de su mandato, fecha que se cumplió el 6 de junio pasado.

Sin embargo, el fallo judicial no le fue favorable al CGE pues el juez consideró que no estaba en riesgo la tutela sindical de Yacovoski, pues también es titular de horas de danzas en esa misma institución educativa, por lo que fundamentó que “si bien la tutela sindical merece la máxima protección constitucional, dicha modalidad no puede servir a los efectos de vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso de los docentes que han alcanzado una titulación competente, como así los niños y adolescentes que se ven beneficiados con el sistema educativo”.

Por ello, para la Justicia, incluso al ser desplazada de las horas de música, Yacovoski conservaba sus horas como titular de danza, “por lo que puede seguir ejerciendo la noble tarea de delegado sindical, nada impide que la misma sea desplazado de las horas en cuestión, ya que al encontrarse dos normas de rango constitucional (protección sindical y derecho a una educación de calidad) entiendo que debe primar la segunda a los efectos de poder cumplir con los pactos internacionales en la materia.

Y en ese sentido, según argumentaron ambas vocales en su voto “la titulación de la actora (López) viene a marcar la diferencia, ya que es a través de dicho instrumento, donde el Estado pone en cabeza de un profesional las competencias necesarias para el dictado de la asignatura correspondiente”.

Por todo ello, el fallo de primera instancia, que tuvo lugar en febrero del presente año, ordenó el desplazamiento de Yacovoski en las seis horas de música y anuló la Resolución 6694/17 a través de la cual fue titularizada.

En febrero, el CGE apeló este fallo a la Cámara de Apelaciones cuya sentencia salió este 3 de agosto, la misma que el organismo optó por ignorar.

 

“Si el CGE no cumple la sentencia, entonces cabe una denuncia penal”

“El CGE, para no cumplir la orden judicial, desafectó las horas y las llevó a otra escuela con la supuesta titular de esas horas, para seguir actuando contrario a la ley. Esto es un escándalo y una estafa procesal”, argumentó el abogado de la Unión Docente Nueva Argentina Misiones (UDDNAM), Javier Olano, quien asesora y acompaña desde hace tres años en sus actuaciones legales a la docente Andrea López.

Consultado sobre los pasos que seguirán, Olano indicó que “una vez que vuelvan las actualizaciones al juzgado de origen, debo ejecutar la sentencia. Entonces, si el Consejo General de Educación (CGE) no cumple la orden, cabe denuncia penal”.

 

“Versa sobre los sin títulos protegidos”

Para el abogado, “la resolución del CGE es elocuentes respecto de la maniobra para burlar el cumplimiento del fallo judicial”.

En tanto, advirtió sobre la importancia de este fallo judicial porque sienta precedente sobre los docentes sin títulos y la tutela sindical. Según indicó, “este fallo es trascendental para los docentes pues versa sobre los sin título protegidos por pseuda tutela sindical, un tema sumamente álgido para los miles de docentes que buscan trabajo y se encuentran con las horas y cargos ocupados por el clientelismo político con personas sin formación docente”.

Tags: CGEdocenteJusticiaMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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