El oficialismo logró este jueves aprobar y convertir en ley el proyecto de moratoria ampliada pese al rechazo de la oposición.
La iniciativa aprobada establece el 31 de octubre próximo como fecha tope de adhesión, en tanto que está previsto que el pago de la primera cuota de las deudas reestructuradas tenga lugar en noviembre.
En tanto, prevé una tasa de interés fija del 2% mensual por seis meses y, a partir de ese momento, una variable en pesos de acuerdo a la tasa de interés BADLAR conforme al sistema de amortización francés.
Por otra parte, contempla premios para los contribuyentes cumplidores mediante el otorgamiento de exenciones impositivas en el monotributo y el Impuesto a las Ganancias.
Juntos por el Cambio le dio la espalda a la iniciativa y justificó su postura al sostener que más allá de aspectos positivos que contiene la ley como el alivio a contribuyentes, “se esconde otro propósito” que es el de “darle un traje a medida” al empresario Cristóbal López para que “se salve” con una moratoria que, según advirtieron, no sólo lo beneficiaría económicamente sino que además contribuiría a extinguir las acciones penales en su contra por posible “defraudación” al fisco.
“No podemos acompañar este proyecto. No lo vamos a hacer. Creemos que una defraudación de este tamaño merece todo el peso de la ley. El dinero fue utilizado para comprar medios de comunicación. No es que no lo tenía. Nos sacó la plata a los argentinos y los usó para otra cosa”, reprochó el miembro informante de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich.
“No podemos seguir ese camino, basta de privilegios. Darle a un delincuente que le robo a los argentinos un traje a medida para que es se salve no es el camino”, remató el senador del PRO.
En la misma línea, el senador Alfredo De Angelis consideró que el proyecto incluye un “indulto a los que estafaron al país, los que se quedaron con parte de los impuestos que tenían que tributar e hicieron medios de comunicación para hablar a favor del Gobierno”.
Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, defendió la moratoria ampliada y explicó que parte de la necesidad de ampliar la recaudación en un contexto de fuerte caída de los recursos por la pandemia de coronavirus. “La expectativa que tenemos de recaudación está entre los 540.000 millones y 6000.000 millones de pesos”, puntualizó.
El formoseño advirtió que el déficit este año podría crecer por encima de los ocho puntos, y resaltó que “el Estado va a hacer todo el esfuerzo que pueda pero es preocupante la caída.Por eso es necesaria esta moratoria que estamos haciendo para que el Estado pueda, además de ordenar las cuentas del sector público y privado, ver la forma de que esta emergencia que estamos pasando nos pegue lo menor posible”.
Sobre el argumento de Juntos por el Cambio de que en realidad la moratoria es una maniobra encubierta para “salvar” a Cristóbal López, Mayans contestó que es “otra excusa que pone la oposición para atacar al Gobierno”.
“Sobre 600.000 millones (que se podría recaudar con la moratoria), ¿acá el problema son 1200 millones, o el problema es netamente político?”, se preguntó, y agregó que “acá se utiliza la moratoria para tirar a diestra y siniestra que somos cómplices”.
Entre los motivos de caducidad de la moratoria, además del atraso en el cumplimiento del pago de las cuotas, se estableció que las empresas de mayor tamaño que adhieran a la moratoria no podrán podrán distribuir dividendos, ni realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado de divisas.
La novedad de esta moratoria es que no solamente las PyME están alcanzadas como en versiones anteriores sino también empresas de mayor envergadura y tamaño, aunque a último momento se excluyeron a los bancos y a las telefónicas, por considerar que se trata de sectores que siguen gozando de una elevada rentabilidad.
En cambio, grandes empresas de los sectores agropecuario, industrial, construcción, comercial, servicios y turismo podrán acogerse a los beneficios de la moratoria.
También quedaron fuera de la posibilidad de acceder al régimen quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días.
Al respecto, Bullrich cuestionó la medida al considerar que se ejerce una “discriminación con aquellos que tienen fondos en el exterior”.
A su vez, aseguró que se establece “una discriminación ideológica entre pequeñas y grandes empresas”, y pronosticó que esa situación “va a generar un problema legal”.
Fuente: Agencia de Noticias NA
