Un exfuncionario de Eldorado será juzgado el lunes próximo por estar acusado de malversación de fondos públicos mientras ocupaba el cargo durante el 2014 de Secretario de Obras y Servicios Públicos y se descubriera que ordenó llevar tierra a un terreno privado en camiones de la comuna.
El imputado tiene 53 años y este lunes 10 deberá comparecer a la primera audiencia de debate fijada por el Tribunal Penal. Se le imputa el delito de “peculado por sustracción de caudales y peculado de trabajo”, tipificado en el artículo 261 del Código Penal, el cual prevé penas de entre dos y seis años de prisión, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los hechos ocurrieron el 24 y 28 de octubre del 2014, cuando vecinos del kilómetro 9 observaron que camiones del municipio llegaron a una obra particular que se erigía en esa zona.
Lo que llamó la atención no fue la descarga de tierra sino que los camiones tenían el logo de la Municipalidad. En su momento, testigos tomaron fotografías de ese movimiento en el barrio.
Fueron 20 cargas las depositadas en el terreno que estaba a nombre de una empresa S.R.L. El encargado de la obra era un arquitecto que además era concejal, pero al parecer este nunca había autorizado tales maniobras allí.
Cuando trascendió públicamente el caso, autoridades municipales tuvieron que explicar que la comuna no hacía obras en sitios privados y de hacerlo primero debía contar el aval del Concejo Deliberante.
Con la denuncia ante la Justicia comenzaron las pericias del caso y además de las fotografías, los registros de las cámaras de vigilancia dieron cuenta de camiones con el logo municipal movilizándose por la zona en los horarios que señalaron los testigos.
En la continuidad de la pesquisa los choferes de los camiones declararon ante el juez de instrucción. Reconocieron que llevaron las cargas de tierra, pero sostuvieron que lo habían hecho por orden de su superior, el secretario de Obras y Servicios Públicos.
En la causa además sumaron los testimonios de dos empleados del corralón, quienes afirmaron haber presenciado y escuchado cuando el jefe (hoy acusado) impartía órdenes a los choferes para que realizaran ese trabajo.
Asimismo, personal que hacía tareas de vigilancia mencionó que el funcionario habitualmente llegaba al lugar e impartía directivas a los empleados. Esto fue negado por el acusado cuando lo citaron a indagatoria. Había señalado que él no tenía contacto con el personal y que quien hacía esa tarea era otro funcionario de rango.
Para la Justicia, el acusado dispuso indebidamente de recursos a su cargo como ser vehículos y empleados municipales afectados a la secretaría que dirigía para fines particulares, hecho penado en el artículo 261 del Código Penal Argentino.
Encuadre legal
El Código Penal Argentino, en su artículo 267, expresa: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos, cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. También será reprimido con la misma pena aquel funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública”.
