El proyecto de Ley de Reforma Judicial comenzará a ser debatido este martes en el Senado, con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en la primera de una serie de audiencias que continuará hasta fines de agosto.
La intención del oficialismo es escuchar los detalles que la funcionaria desplegará mañana desde las 16 en una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, y luego avanzar en una ronda de preguntas en las que se esperan algunos cuestionamientos de parte de los integrantes de la oposición.
Tanto oficialismo como oposición pretenden agrandar el debate con la presencia de especialistas convocados por ambas bancadas para llegar a la firma del dictamen que podría hacerse en la tercera semana de agosto.
La idea, entonces, sería que el proyecto llegue al recinto de sesiones antes de septiembre, para que a partir de ese mes pueda ser debatido en la Cámara de Diputados.
La lista de invitados para las próximas audiencias se dará a conocer mañana desde el mediodía. Sin embargo, los senadores ya fueron advertidos de que la discusión sobre el proyecto de ley que impulsa el Gobierno nacional continuará el próximo jueves 6 de agosto.
“Ni siquiera quienes están en las antípodas nuestras están planteando que no sea necesaria una Reforma Judicial: la República necesita una Justicia independiente”, dijo este lunes la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, la peronista santafesina María de los Ángeles Sacnun.
En un reportaje concedido a Radio Colonia, Sacnun aseguró que “si hay un sector que puede estar tranquilo con este proyecto de Reforma Judicial es la oposición”.
“Todas las argumentaciones en contra de la Reforma Judicial surgieron antes de que este proyecto de ley fuera conocido”, agregó y fustigó con que “sería una irresponsabilidad institucional enorme por parte de la oposición no asistir a los debates en comisión para dar a conocer su posición”.
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto, anticiparon su rechazo al proyecto y se espera que mañana sus senadores den a conocer sus reparos.
A través de un comunicado, la dirigencia de la coalición opositora anunció hoy que se oponía a la propuesta del Ejecutivo y calificó la decisión como una “desconexión de lo que deberían ser las prioridades del gobierno en el actual escenario”.
“Eso no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo”, señala el documento.
El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal crea la nueva “Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica”.
Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de otros 23 nuevos tribunales que se sumarán.
Habrá un sistema de subrogancias con máxima transparencia en la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.
Según lo indicó el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando presentó la iniciativa de manera pública “la nueva estructura en nada afecta el criterio del juez natural” en las causas que ya se estén sustanciando.
El proyecto también prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales.
Por otro lado, los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes en los nuevos juzgados deberán realizarse por prueba de oposición oral y pública.
Asimismo, se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales que se cometan en su territorio.
El proyecto unifica plenamente la materia Civil y Comercial Federal con la del Contencioso Administrativo.
Con la iniciativa se buscará también el fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.
En otro aspecto, el proyecto repondrá las reglas de actuación que deberán seguir los jueces federales como: “mantener un trato equivalente con las partes, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o prejuicio, garantizar que las personas tengan un trato digno e igualitaro y comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones” por parte de poderes políticos o económicos.
También se pretende “evitar que el clamor público y el miedo a las críticas incidan en sus decisiones judiciales”, así como desalentar que los magistrados se valgan de su cargo para promover intereses privados.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la gestión del gobierno de Mauricio Macri en el marco del programa “Justicia 2020”.
Ese expediente, que perdió estado parlamentario porque fue enviado en 2018 y nunca se debatió en el recinto ni obtuvo dictamen de comisión, había sido presentado por los senadores de Juntos por el Cambio Humberto Schiavoni, Ernesto Martínez, Luis Naidenoff y Silvia Elías de Pérez; y por los ex legisladores Federico Pinedo, del mismo bloque; y por el peronista Rodolfo Urtubey.
Durante la presentación del proyecto, el presidente también anunció la creación de un Consejo Consultivo, conformado por especialistas en derecho que deberán elevar a consideración del Poder Ejecutivo propuestas concretas sobre una mejora en el sistema de justicia, el mejor funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Los miembros de este cuerpo tendrán plena autonomía para recomendar al presidente de la Nación lo que crean conveniente y, de esas recomendaciones, saldrán futuros proyectos de Ley que serán elevados al Congreso de la Nación.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
