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La ampliación de la moratoria impositiva recibió media sanción de Diputados

1 agosto, 2020
vandalismo rural

La Cámara de Diputados aprobó en general ayer por la noche, con 137 votos a favor, 3 negativos y 113 abstenciones, el proyecto de moratoria impositiva y previsional, tras haber dado media sanción a la reforma de la ley de concursos y quiebras.

El Frente de Todos logró obtener la media sanción y girar el proyecto al Senado con el apoyo del Interbloque Federal para Unidad para el Desarrollo, el Interbloque Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Juntos por el Cambio se abstuvo en la votación en general -para no ir en contra del concepto de la moratoria- y rechazó en particular dos artículos con los que no acordaba. Los tres votos en contra a la iniciativa fueron del legislador Luis Juez y los integrantes del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.

El proyecto, que fue enviado por el Poder Ejecutivo, amplía la moratoria aprobada en diciembre pasado, con el fin de normalizar deudas por más de $500.000 millones contraídas en el marco de la pandemia. En este sentido, incluye todas las deudas previsionales, impositivas y aduaneras acumuladas hasta el 31 de julio y contempla premios para los contribuyentes cumplidores.

Además, establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria, dispone que el primer pago vencerá en diciembre y fija que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.

Al exponer como miembro de la mayoría en el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el oficialista Carlos Heller, detalló una serie de cambios incluidos en el dictamen, algunos de los cuales recogieron pedidos de la oposición.

En primer lugar, anunció que se tomarán las deudas acumuladas hasta el 31 de julio, la redacción original disponía hasta el 30 de junio e informó que se eliminaron los artículos que fijaban restricciones para que pudieran sumarse a la moratoria bancos y telefónicas.

“Estamos eliminando por completo las restricciones de los sujetos alcanzados por actividades reguladas por el Banco Central, la superintendencia de seguros y las telefónicas”, explicó y agregó que sumarán además a las organizaciones comunitarias y asociaciones civiles sin fines de lucro.

También informó que en el tema de los cumplidores se estableció que el beneficio de poder deducir el 50% de ganancias “incluye solo un período fiscal”.

Heller indicó que el proyecto de moratoria ampliada “no es un traje a medida sino un traje a medida de todos los que necesitan salir adelante, ante la grave disminución de la actividad productiva que existía a fines de año pasado y que se agravó con la pandemia”.

“Esta moratoria ampliada -con menos tasas de interés- está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir y para que las que aún no pudieron retomar la actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, cerró su exposición.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Luis Pastori, subrayó que las moratorias de este tipo “suelen premiar a los vivos” que no pagan impuestos pero aclaró que, “sin embargo, esta es algo imperioso”, debido a la crisis generada por la pandemia de Covid-19.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Darío Martínez, sostuvo que “esta herramienta le va a servir a todos los argentinos”. En tanto, el oficialista Pablo González informó que “hay cerca de 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar a esta ley”.

El diputado nacional Jorge Sarghini (Consenso Federal) destacó que el dictamen del proyecto de moratoria haya contemplado la propuesta de su bloque de “darle un premio a los buenos contribuyentes”, aunque cuestionó que “los quebrados estén adentro” del beneficio.

“Estamos de acuerdo con las razones generales que motivan esta moratoria, ya que nadie discute lo que ha venido al mundo y a la Argentina con esta pandemia”, expresó el expresidente de la Cámara de Diputados bonaerense.

Tras aclarar que junto a sus compañeros de bloque, Graciela Camaño y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, votaría a favor de la iniciativa -en general-, expresó que “siempre que se elabora un régimen de este tipo es muy difícil distinguir entre buenos y malos contribuyentes”, y llamó a “no caer en la casuística y hacer una ley justa y equitativa”.

En tanto, el secretario de la comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto, señaló que “esta es una moratoria para todos, porque el Estado Nacional le tiende las manos a todos los argentinos para que puedan regularizar” y pueden ingresar “960 mil contribuyentes por una deuda de $534 mil millones”.

La novedad de esta moratoria es además de las pymes, como en versiones anteriores también están incluidas empresas de mayor envergadura y tamaño, pertenecientes por ejemplo a los sectores agropecuario, industrial, construcción, comercial, servicios y turismo podrán acogerse a los beneficios de la moratoria.

También quedan fuera de la posibilidad de acceder al régimen quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días.

Otro de los cambios fue la eliminación del artículo que facultaba al Poder Ejecutivo a prorrogar esta moratoria sin pasar por el Congreso.

El proyecto prevé una tasa de interés fija del 2% mensual por seis meses y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos de acuerdo a la tasa de interés BADLAR. Durante el debate se anunció además que se eliminó la parte del artículo que establecía que era conforme al sistema de amortización francés.

El texto también fija que la caducidad de la moratoria será por falta de pago de tres cuotas para grandes empresas y de seis cuotas para MiPyMES.

Entre los motivos de caducidad, además del atraso en el cumplimiento del pago de las cuotas, se estableció que las empresas de mayor tamaño que adhieran a la moratoria no podrán podrán distribuir dividendos, ni realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario.

A continuación, se aprobó por unanimidad la denominada Ley Williams, que declara de interés el síndrome del mismo nombre, un trastorno genético del desarrollo que afecta, en diferente grado, varias características de la persona que lo padece.

El síndrome de Williams se presenta en la población general en 1 de cada 7.500 nacimientos. Este nivel de ocurrencia lo caracteriza como una de las denominadas “enfermedades poco frecuentes”.

Fuente: Ámbito. 

Tags: Cámara de DiputadosMedia SanciónMoratoria impositiva
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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