Un mes y veinte días después de anunciar la intervención de la cerealera Vicentin, el presidente Alberto Fernández decidió hoy derogar el decreto que la había impulsado y, con críticas al juez que tramita la convocatoria, dijo que el Estado nunca llegó a conocer el “pasivo real” de la compañía.
También cuestionó al magistrado porque pese a las irregularidades mantuvo a los mismos directores.
De este modo, el jefe de Estado puso fin a una medida que generó protestas y movilizaciones, y que en la práctica nunca llegó a concretarse porque el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, impidió a los funcionarios interventores tomar el control de la compañía.
El anuncio de intervención, que incluía el envío al Congreso de un proyecto de expropiación, fue hecho público el 9 de junio en un acto compartido con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la senadora Anabel Fernández Sagasti, y el economista Gabriel Delgado, designado interventor.
Luego de las movilizaciones y un fuerte rechazo opositor, Fernández decidió dar marcha atrás con la propuesta y en su cuenta de la red social Twitter explicó los motivos.
Allí, afirmó que el magistrado que lleva adelante la convocatoria de acreedores “ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
“Estado Nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, afirmó el mandatario.
Dijo que la intención del Gobierno “siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”.
“Nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”, remarcó.
Agregó que “en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores“.
“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, afirmó.
El Presidente tomó esa decisión tras el fracaso del plan que impulsó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para crear un fideicomiso con participación estatal.
Con un Decreto de Necesidad y Urgencia que lleva el número 636, el jefe de Estado derogó el 522 que originariamente había dispuesto la intervención.
La decisión se tomó luego de que el gobernador santafesino diese por terminado su intento de poner al frente del grupo concursado a un interventor nombrado por la provincia.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
Fuente: Agencia Noticias Argentinas.
