La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) anunció ayer que bajó la calificación de dos bonos en moneda extranjera a “D”, desde “CC”, y los dejó en default porque el Gobierno no cubrió vencimientos de esos títulos que integran la renegociación de deuda. La medida se conoció a una semana de la finalización del plazo de la negociación con acreedores externos para reestructurar unos 65.000 millones de dólares.
Los dos bonos rebajados a la categoría de default parcial o técnico integran la nómina de títulos que el Gobierno ofrece en el canje, y espera una resolución de las negociaciones para saber si paga o los canjea por nuevos títulos. La calificadora informó que el Gobierno no realizó el pago de unos 220 millones de dólares en intereses en los bonos bajo legislación de Nueva York con vencimiento en enero 2022 y enero 2027.
El comunicado de S&P señaló que “estos bonos permanecerán en ‘D’ hasta la conclusión de las renegociaciones de deuda que están en curso”.“La fecha límite actual para la aceptación sigue siendo el 4 de agosto, con una fecha de liquidación del 4 de septiembre”, indicó S&P.
El 2 de julio último la misma calificadora había bajado la nota de otros siete bonos denominados en dólares por la falta de pago. En esa oportunidad, rebajó a la categoría “D” o de default tres bonos en moneda extranjera bajo legislación externa que tenían vencimientos de intereses a fines de junio por 582 millones de dólares.
También rebajó la calificación de cuatro bonos bajo ley argentina, denominados en dólares con vencimientos por 837 millones de dólares. En mayo S&P había rebajado la nota de otros cuatro bonos del país bajo ley extranjera y uno bajo legislación local en dólares a default debido al incumplimiento del pago de intereses dentro del período de gracia estipulado.
Más complicaciones
La Argentina entrará en default formal mañana por incumplir el pago de vencimientos de bonos Discount, y se expone a juicios para reclamar el pago total en caso de no llegar a un acuerdo por la reestructuración de deuda.
Los vencimientos de los bonos que el Gobierno no prevé pagar están incluidos en la oferta de canje de deuda y se espera llegar a un acuerdo con los acreedores para cambiarlos por otros títulos a largo plazo.
Una de las cláusulas incluidas en la propuesta de canje incluye el pago de intereses por el diferimiento de estos vencimientos. Los tenedores de esos títulos, que formaron parte del canje del 2005, podrían iniciar acciones legales en los tribunales de Nueva York, ya que no cuenta con las restricciones de las cláusulas contra litigios que rigen para los títulos emitidos desde 2016 en adelante.
Por el momento los juicios están frenados porque el Ministerio de Economía acordó con los acreedores que mientras las partes estén negociando la reestructuración de la deuda no se iniciarán juicios, porque se entiende que el Gobierno actúa de buena fe.
Los bonistas aceptarían no apelar a los tribunales e incluso una virtual extensión del plazo de negociación que vence el 4 de agosto próximo, para seguir las tratativas, en busca de un acuerdo.
El Gobierno no paga desde mayo los intereses de los bonos y también postergó un pago de junio último con el Club de París. Este jueves vence el plazo de gracia para estar al día con la deuda también emitida bajo reglas legales de Wall Street, para los títulos emitidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Primordial, pero no suficiente
El éxito en la negociación de deuda es una condición “necesaria pero no suficiente para la recuperación económica”, advirtió ayer un estudio privado. El informe económico mensual de la escuela de negocios de la Universidad Austral destacó que “hay un consenso general de aprobación sobre cómo se ha llevado el proceso de negociación”.
Estimó que “falta capacidad de cerrar diferencias que no parecen tan grandes en el plano de los montos por pagar y de condiciones legales”. Sin embargo, aclaró que “el éxito en la negociación de deuda se presenta como condición necesaria, pero no suficiente para la recuperación económica”, mientras pronosticó: “Si hubiese default, faltarían dólares y podrían generarse presiones cambiarias, además del efecto en el crédito a sector público y privado”.
En ese escenario, evaluó que para el país es “relevante la pospandemia, pero es clave el corto plazo porque condiciona al futuro” y argumentó que “si bien la actualidad es pura emergencia, lo que sigue ocurriendo es crucial porque puede comprometer seriamente la recuperación futura”.
“No hay valor para el dólar paralelo, si no tenemos ancla y plan concreto. Las 60 medidas no constituyen un plan. La evolución de las cotizaciones alternativas evidencia volatilidad”, subrayó. El documento advirtió también que la inversión es “anémica” y enfatizó: “Se espera crecer en 2021 en base a consumo y sustitución de importaciones”.
El presidente se mantiene en la misma posición
El presidente Alberto Fernández salió ayer al cruce de la amenaza de grupos de bonistas de bloquear el acuerdo si no se mejoran las condiciones de pago y aseguró que los acreedores “deben saber” que el Gobierno no va a “postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”.
“Nadie nos va a doblegar en eso”, enfatizó el jefe de Estado en un acto que encabezó por videoconferencia con gobernadores e intendentes para poner en marcha hospitales y centros modulares de atención de la salud.
En la misma línea, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó ayer que la última oferta de canje de deuda que el Gobierno presentó a los acreedores, ya que representa, dijo, el “máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer”.
