Alargue

El Ejecutivo nacional sufrió un duro traspié judicial el jueves, cuando la Cámara Civil y Comercial Federal extendió sin plazos la cautelar que beneficia al Grupo Clarín desde hace tres años, y mantiene en suspenso la aplicación de la “cláusula de desinversión”, incluida en la Ley de Medios.La cláusula, establecida en el Artículo 161, obliga a los grupos que cuenten con una participación de mercado superior a la que admite la ley anti monopólica a presentar un “plan voluntario de desinversión” y desprenderse de las licencias que posean en exceso, según la nueva legislación. El tropiezo judicial no fue la mayor pérdida para el gobierno kirchnerista, que había impugnado con recusaciones y denuncias a los integrantes de la cámara, sino el efecto político de la sentencia,  que desvaneció la posibilidad  de que el llamado “7D “ -o sea el viernes pasado- concluyera abruptamente el conflicto con el grupo mediático, el único que no se allanó a cumplir con la nueva ley, según la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.El titular del Afsca, Martín Sabbatella, quien asumió el cargo en septiembre pasado, había puesto énfasis en anunciar que “después del 7 de diciembre están todos los plazos vencidos para la adecuación” y el organismo comenzaría “el proceso de oficio”; postura que implicaba el lanzamiento del proceso licitatorio de unas 330 señales y frecuencias, -radios AM y FM, y canales abiertos y de cable-  una parte importante de ellas hoy en manos de Clarín.La insistencia del gobierno kirchnerista en instalar al “7D” como una suerte de juicio final respecto a la resistencia del principal Multimedios del país a adecuarse a las condiciones que impone la nueva ley -aprobada en el Congreso por una abrumadora mayoría- superó el marco del conflicto como tal y derivó en un complejo entramado político y judicial. Este viernes, tras conocerse la decisión de los magistrados María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras, de prorrogar la cautelar, la Jefatura de Gabinete y el Afsca apelaron la medida con sendas presentaciones en simultáneo a la Corte Suprema de Justicia.La Jefatura de Gabinete hizo uso de la nueva ley que reglamentó el per saltum, recurso que permite llegar a la Corte saltándose etapas, en casos de urgencia; y que en uno de sus artículos establece que la sola “admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución recurrida”.La decisión terminaría así en manos de la Corte, que ya inició el estudio de los términos de la presentación, y se pronunciaría entre el martes o miércoles de la semana entrante. Si el supremo tribunal declarara inadmisible al per saltum, la causa proseguiría su trámite normal, es decir a la espera de una decisión del juez de primera instancia; en tanto que si admitiera la presentación del Estado, la prórroga caería de inmediato. En el primer caso se favorecería al Multimedios, y en el segundo al gobierno. Se estima que en el máximo tribunal de la Justicia argentina hay interés en que se llegue a un fallo definitivo y razonable. Afortunadamente, prima un sano reconocimiento del criterio independiente de esta Corte, pese  a las tensiones y las visiones políticas contrapuestas.  Espera tensionada Mientras las partes esperan la decisión en la máxima instancia judicial, el clima no es el mejor no únicamente por la politización del caso, sino por las tensiones crecientes entre funcionarios del Ejecutivo y la Justicia, que en los días previos se intensificaron hasta el punto de que se insinúe una confrontación institucional entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial.El pico de tensión más alto se sintió cuando, prácticamente horas antes del fallo de la Cámara Civil y Comercial, la Comisión de Independencia Judicial, que coordinan dos ministras de la Corte, emitió un comunicado con fuertes planteos al gobierno. En su punto álgido, los magistrados exhortaron al Poder Ejecutivo Nacional a evitar “el uso de mecanismos directos o indirectos de presión sobre los jueces que afecten su independencia”.Los titulares de medios de comunicación públicos y privados fueron exhortados -en el mismo documento- a ser “mesurados y prudentes al imputar faltas éticas o criminales que luego quedan en la nada”. Más de lo mismoLa presidenta Cristina Kirchner se contentó con calificar al fallo adverso como “más de lo mismo”, y se llamó a silencio, aunque no se descarta que pueda ser la única oradora del festival por el “Día de los Derechos Humanos y la Democracia”, que tendrá lugar en Plaza de Mayo. La propuesta admite semejanzas con los festejos del Bicentenario, que marcaron un antes y un después para el kirchnerismo, pese a las diferencias marcadas en el contexto político y económico; que hoy se le hace cuesta arriba al gobierno. Dichos desdichadosEn la semana, en tanto, causaron cierto revuelo las declaraciones del gobernador Maurice Closs, tomando distancia de la reforma constitucional -necesaria para un tercer período de Cristina- que proponen los sectores de paladar negro dentro del kirchnerismo.  Como ya había ocurrido en otras ocasiones, ni bien la prensa nacional reflejó sus dichos, Closs se sintió obligado a desdecirse o precisar sus alcances, en este caso a  sostener que la inconveniencia política de una reforma constitucional, y el rechazo a un tercer período se referían a su propio mandato, y no al de Cristina, a quien al día siguiente acompañó a la Cumbre del Mercosur en Brasil.En este marco, en corrillos políticos de la provincia circularon versiones sobre un armado electoralista en las sombras en el que estaría implicado Closs, y que incluiría a la dirigencia tradicional de la UCR local, y al PRO de Humberto Schiavoni. Al otro día de que se hablara de este supuesto tejido  de poder por encima de las barreras partidarias e ideológicas, se confirmó parte del armado antedicho de parte del PRO y el radicalismo locales.Desmadre radicalCloss no estuvo presente, pero  quienes habían oído del armado de esta desprejuiciada alianza M sintieron como una confirmación al anuncio de la llegada de los legisladores Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO) para disertar en común sobre “libertad de prensa y libertades públicas”, una confirmación de las versiones inoficiosas. El titular de la UCR misionera y concejal posadeño Hernán Damiani anunció la conferencia bipartidis
ta con un sobredimensionado tono político, al considerarlo el inicio de “un espacio multisectorial abierto a toda la ciudadanía, partidos de la oposición y a organizaciones sociales disconformes con el gobierno actual”.“Desde la UCR y el PRO”, Damiani convocó explícitamente a la conformación de una “Multisectorial” para enfrentar al oficialismo en la provincia y aglutinar a los sectores “disconformes con el gobierno actual”. Curiosamente, la convocatoria  cosechó los primeros rechazos en el propio Comité Provincia de la UCR misionera, que preside Damiani, pero en el que están representados otros dos sectores, “Un compromiso Responsable”, que lidera el médico Osvaldo Navarro y representa en la mesa conductora  Hugo Escalada, y el sector agrupado en Lidera, de María Losada, que en las últimas elecciones jugó con Damiani, pero que rompería lanzas a partir de esta convocatoria. Fuentes del propio partido radical aseguran que el sector de Losada envió una nota fulminante a Damiani, pidiendo que “ratifique o rectifique sus dichos” y llame a una reunión de urgencia del partido para aclararlos. Es que Damiani -al que en la nota acusan de “vedetismo personal”, se cortó solo y nada dijo al presentar el tema en la reunión del Comité, que se traía bajo el poncho un lanzamiento político. Desde el navarrismo, fueron tajantes: “La participación de la UCR en este o cualquier frente no fue debatida en el Comité Central, siendo además resorte exclusivo de la Convención Provincial”, tras lo cual rechazaron lo actuado por Damiani “por sobre sus facultades, y por sobre las posiciones del Radicalismo Nacional que aún no tomó decisión al respecto”. El PJ misionero, por su lado,  confirmó las internas para el 31 de marzo, también en medio de un complicado debate.