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Masiva protesta contra la posible expropiación de Vicentín

20 junio, 2020

Productores agropecuarios, sectores de la oposición y autoconvocados llevaron adelante este sábado una protesta masiva en distintos puntos del país contra la posible expropiación de la cerealera Vicentin, a la que se sumaron luego una pluralidad de consignas, en el marco de lo que se definió como un “banderazo nacional”.

La movilización de tractores, vehículos particulares y personas a pie con banderas argentinas comenzó en la provincia de Córdoba y tuvo su epicentro en la localidad santafesina de Avellaneda, donde se encuentra la sede a la empresa cuya expropiación fue anunciada por el Gobierno y puesta en duda en las últimas horas.

No obstante, la protesta fue creciendo a lo largo de la tarde y tuvo su réplica en la ciudad de Buenos Aires, con cecerolazos en distintos barrios y una concentración de personas y caravana de vehículos frente al Obelisco, desde donde se trasladaron luego a la Plaza de Mayo.

La movilización comenzó por la mañana en la provincia de Córdoba, entre Sinsacate y Jesús María, y continuó en Avellaneda, Rosario y localidades del interior de Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires, donde la actividad económica está fuertemente ligada a la producción agropecuaria.

La consigna principal de la convocatoria fue “No a la expropiación de Vicentin” y “en defensa de la propiedad privada”, pero los manifestantes en los distintos lugares del país sumaron expresiones como “basta de cuarentena”, “sí a la libertad” y “no queremos ser Venezuela”.

El acto central de la protesta, que tuvo lugar en Avellaneda, contó con la participación de Héctor Vicentín, accionista de la empresa y nieto de fundador, quien expresó: “Vamos a luchar. Vamos a defender nuestra historia de la mejor manera que sabemos, que es trabajar”.

Además, en las distintas localidades del interior participaron de la manifestación los principales referentes de las cámaras agropecuarias que integran la Mesa de Enlace (Confederaciones Rurales Argeninas, Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO).

A ellos se les sumaron diputados nacionales de Juntos por el Cambio y la agrupación Campo + Ciudad, que también estuvo entre los que convocaron al “banderazo” que recordó al conflicto por la resolución 125 que tuvo lugar en 2008.

Uno de sus referentes, Sebastián Quiroga, de la localidad cordobesa de Villa Dolores, sostuvo este sábado que las movilizaciones “no son por Vicentín sino por el respeto de las libertades individuales y la propiedad privada”.

“El Poder Ejecutivo no tiene por qué ir sobre el Poder Judicial para hacerse cargo de una caja, porque en definitiva es eso”, manifestó en declaraciones a Radio Colonia.

La intervención de Vicentín fue anunciada por el presidente Alberto Fernández tras la publicación de un decreto que dispuso la intervención de la compañía por parte del Poder Ejecutivo, en medio de un concurso de acreedores.

La empresa se encuentra en una cesación de pagos, con una deuda por más de 18 mil millones de pesos con el Banco Nación que se suma a la que mantiene con acreedores privados y productores agropecuarios.

Sin embargo, el proyecto anunciado no fue enviado al Congreso y en el medio hubo un fallo judicial que modificó la situación e intensas gestiones por parte del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para tratar de destrabar el conflicto sin recurrir a la expropiación.

El pasado viernes, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo de la convocatoria de acreedores de Vicentin, hizo lugar a una medida cautelar y repuso a los dueños de la cerealera por un plazo de 60 días, al tiempo que estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo, Gabriel Delgado, quede como veedor.

El viernes a última hora, Perotti anunció una propuesta para la creación de un Órgano Interventor y una administración mixta que, según dijo, cuenta con el apoyo del Gobierno.

Antes de la movilización, Fernández señaló que si la Justicia no acepta la propuesta de Perotti, el único camino para destrabar la situación de Vicentin será la expropiación.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: BanderazoMovilizaciónRecamosVicentin
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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