Uno de los principales grupos de acreedores de Argentina advirtió que evalúa acudir a la Justicia ante el “fracaso de las negociaciones” para reestructurar unos 66.000 millones de dólares de deuda en bonos emitidos bajo legislación extranjera. Del otro lado del mostrador, el presidente Alberto Fernández dijo ser “inflexible”.
“Dado el fracaso de las negociaciones, nuestro Grupo está considerando todos los derechos y recursos legales disponibles en nuestra capacidad como fiduciarios para los millones de ahorristas que servimos en todo el mundo”, declaró el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos Argentinos en un comunicado publicado en la madrugada de este jueves.
“A pesar de que realizamos mejoras adicionales a la propuesta, las autoridades han elegido permanecer en incumplimiento de pagos (default), incrementando los riesgos de deterioro económico en una economía que tiene necesidades urgentes de nuevas inversiones y acceso a los mercados internacionales de capital”, añadió el grupo que desde abril participa en las tratativas para un canje de deuda con Argentina.
El gobierno de Alberto Fernández confiaba en sellar un acuerdo esta semana, con la presentación de una “oferta final” el martes pasado. Sin embargo, las expectativas se desmoronaron.
“Vamos a pagar en la medida en que podamos, ni un milímetro más. Y en eso soy inflexible, porque conozco como están las finanzas del mundo. No le pueden exigir a Argentina lo que al mundo no le exigen“, advirtió el presidente.
Una fuente del gobierno explicó a la AFP bajo anonimato que Argentina no presenta la nueva oferta formal debido a que “la distancia con algunos bonistas es aún insostenible”, cuando faltan tan solo dos días para que venza el plazo para adherir al canje. “Es altamente improbable que (un acuerdo) se resuelva antes del viernes“, destacó la fuente.
Las negociaciones se han desarrollado hasta ahora bajo un acuerdo de confidencialidad, pero ese compromiso se terminó este miércoles por la tarde y no fue renovado.
En la noche, el Ministerio de Economía difundió un comunicado con la nueva propuesta a los bonistas, aclarando que no es aún una oferta formal: Argentina rebaja un año más el periodo de gracia (comenzaría a pagar en 2021), reduce la quita de capital, y los vencimientos se hacen más cortos.
Los acreedores propusieron ajustes “con los que Argentina no puede comprometerse de manera razonable, algunos de los cuales son ampliamente inconsistentes con el marco de sostenibilidad de deuda que necesita la República para restaurar la estabilidad macroeconómica y para avanzar con un programa con el FMI”, señaló el comunicado.
Argentina se encuentra en recesión desde 2018 y se prevé que su economía sufrirá aún más este año por efecto de la pandemia del nuevo coronavirus, con un estimado de caída del PBI de 6,5%.
El fondo BlackRock, uno de los principales tenedores de deuda argentina, es señalado como el más intransigente.
“Hay muchos grupos de bonistas que empiezan a indicar que BlackRock está con más ganas de litigar (ante la Justicia de Nueva York) que de acordar”, dijo una fuente oficial.
En default desde el 22 de mayo, cuando incumplió el pago de 500 millones de dólares de tres bonos sujetos al canje, Argentina busca mejorar su oferta inicial, rechazada el 8 de mayo y que contemplaba tres años de gracia y una rebaja de 62% en intereses y 5,4% en el capital.
El gobierno propone una tasa de recuperación de los bonos no superior a 50 dólares por cada 100 dólares del valor facial e incluye un “endulzante”: un cupón atado a las exportaciones agrícolas, según fuentes cercanas a las conversaciones.
Según el comunicado emitido por acreedores este jueves, la brecha entre las propuestas es de 0,3% del PIB argentino de un año.
En su negociación, Argentina cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, con el cual tiene una deuda de 44.000 millones de dólares. La deuda pública argentina totaliza unos 324.000 millones de dolares, equivalentes a casi 90% de su Producto Interno Bruto.
En esta negociación hay bonos de 2005 y 2010, producto de una anterior reestructuración durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), y también nuevos títulos emitidos a partir de 2016, durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019).
Si los tiempos se alargan, otros bonos caerán en default. Hay vencimientos previstos para fines de junio, que contando el periodo de gracia podrían extenderse hasta fines de julio.
Para activar reclamos, 25% de los acreedores deben estar de acuerdo en ir a la Justicia en Nueva York.
En ese caso aumentará aún más la incertidumbre, la desconfianza y la desazón, en un país con 35% de la población en la pobreza y una inflación que alcanzó el 53% en 2019, una de las más altas del mundo.
