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Quiénes eran los espiados por la AFI de Macri

6 junio, 2020

La citación como testigos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, en la causa por presunto espionaje ilegal es sólo la punta del iceberg, dado que el listado de las personas presuntamente espiadas es extenso y se revelarían más nombres en los próximos días.

Se trata de la causa judicial más importante de los últimos tiempos no sólo por el modus operandi de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dedicaba al espionaje de propios y ajenos, sino también por los nombres de estos últimos.

De acuerdo a las pruebas que se van recopilando en el juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena, la AFI de la Presidencia de Mauricio Macri, dirigida por su amigo Gustavo Arribas, espiaba desde políticos propios y ajenos, en términos de identificación partidaria, hasta sacerdotes, sindicalistas, deportistas, jueces y representantes de los pueblos originarios.

Según indicaron fuentes judiciales a NA, “la causa investiga a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”.

El listado al cual accedió NA -aunque más adelante se conocerán más nombres- incluye espiados lamentablemente “previsibles” y otros sorpresivos, aunque es difícil trazar una divisoria de ese tipo en la lógica de poder que se habría llevado adelante en la Presidencia de Mauricio Macri.

Estos son los nombres, por orden alfabético:
• Hugo Alconada Mon, periodista del diario La Nación.
• José Luis Barrionuevo, secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).
• Pablo Oscar Bruera, ex intendente de La Plata.
• Graciela Caamaño, diputada nacional y consejera de la Magistratura.
• Maurice Fabián Closs, senador nacional por Misiones.
• José María Di Paola, el “Padre Pepe”, sacerdote del Clero Diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires y de mucha llegada al Papa Francisco.
• Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación.
• Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda.
• Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora.
• Martín Irúrzun, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
• Jorge Rubén Lugones, monseñor y obispo diocesano de Lomas de Zamora.
• Nicolás María Massot, ex diputado nacional por Cambiemos.
• Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
• Hugo Antonio Moyano, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.
• Salvatore Pica, integrante de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.
• Horacio Antonio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Diego César Santilli, vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Marcelo Veneranda, periodista del diario La Nación.
• María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires.
• Waldo Ezequiel Wolff, diputado nacional de Juntos por el Cambio.

Todos ellos “serán citados en distintos momentos a declarar”, según comentan en el juzgado federal a cargo de Federico Villena.

Para garantizar los derechos reconocidos en la ley de “Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos”, incorporados a los artículos 79, 80 y 81 del Código Procesal Penal de la Nación, se les acuerda el derecho de constituirse como parte querellante.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #JudicialesAFIEspionajeMauricio MacriPolítica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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