Claudia Ramírez agacha la cabeza avergonzada cuando recoge su primera bolsa con alimentos en el comedor social de la avenida Paralelo de Barcelona, refugio habitual de las personas en situación de calle, pero que por la crisis del coronavirus asiste diariamente a centenares que nunca antes habían necesitado ayuda para comer.
“Ahora mismo no tengo ningún ingreso y utilizo lo poco ahorrado para pagar por una habitación para dormir“, explica a Télam esta joven ecuatoriana de 35 años, que perdió su trabajo justo antes de la irrupción del coronavirus en España, país que fue epicentro de uno de los peores brotes a nivel mundial.
Para ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad o que se encuentran en pobreza sobrevenida por la pandemia, entre ellos muchos inmigrantes como Claudia, el Gobierno español aprobó este viernes un ingreso mínimo vital de entre 460 y 1.000 euros al mes que entrará en vigor el 15 de junio y beneficiará a 2,3 millones de personas.
Con conocimiento de varios idiomas y formación profesional, Ramírez lleva cinco años trabajando en Barcelona en el sector comercial, en la limpieza, y asistiendo a adultos mayores.
Durante los últimos meses subsistió con el seguro de desempleo, pero la asistencia se le terminó y ahora busca sin suerte un trabajo mientras la economía se reactiva lentamente en una España que lucha por recuperarse del coronavirus.
“Me costó venir, nunca tuve que pedir ayuda, y espero no estar en esta situación mucho tiempo“, dijo.
Ramírez se unió a las llamadas “colas del hambre” de los nuevos pobres de España, que antes de la crisis del coronavirus no necesitaban recurrir a las ayudas sociales o a la caridad para alimentarse.
“Aquí no pedimos ninguna documentación, y por eso están viniendo personas que se quedaron sin trabajo ni tienen ayudas estatales. Familias enteras se acercan para poder comer al menos una vez al día”, explica Albert Gort, un catalán que asiste de voluntario en varios comedores sociales y bancos de alimentos.
Cada día, entre las 12 y las 14, el comedor de la avenida Paralelo reparte entre 500 y 600 bolsas con alimentos frescos, sandwiches y raciones precocidas a todo aquel que haga la cola en la puerta de la institución, que depende del municipio.
Petronella es de Filipinas, lleva 28 años en España y debería estar cobrando su jubilación. Sin embargo, recoge una bolsa con el que será su almuerzo y, probablemente, su única comida del día.
“Alquilo una habitación para poder pagar el alquiler, pero no me alcanza para comer“, dice esta mujer de 66 años.
Su marido falleció de cáncer a principios de mayo, en pleno confinamiento decretado por el gobierno español para controlar el brote local de coronavirus, que causó la muerte de más de 27.000 personas. A la pena por su pérdida, se añade la angustia de no haber podido iniciar el trámite para jubilarse por el cierre de las oficiales públicas.
Ella y una amiga que está sin trabajo y no recibe ayudas por haber estado en la economía informal, se intercambian algunos alimentos antes de despedirse.
“Nos vemos mañana”, le dice la amiga, quien, según cuenta, al igual que muchas mujeres inmigrantes de su país se ganaba la vida “limpiando en comercios o restaurantes“.
Debido al confinamiento, la economía en negro colapsó y envió a miles de personas a las colas de los bancos de alimentos y la Cruz Roja, que vieron incrementada en un 40% las solicitudes de ayuda, según sus responsables.
Además, fueron numerosas las iniciativas solidarias que se pusieron en marcha para alimentar a las personas más vulnerables, entre ellas la de la ONG World Central Kitchen, que prepara unas 35.000 comidas al día.
Datos duros
De acuerdo con los últimos datos estadísticos europeos, España es el país de Europa Occidental con la mayor proporción de población en riesgo de pobreza, un 21,6%, mientras el promedio es 16,9%.
Antes del coronavirus, el desempleo era del 14 %, pero este año podría incrementarse hasta el 19%, según las previsiones del gobierno, que sacó adelante el ingreso mínimo vital para nacionales y residentes extranjeros, con la intención de convertirlo en una política de redistribución y palanca de inclusión social.
En las últimas semanas, la frustración por el confinamiento que paralizó la economía se canalizó en protestas en la zonas más acaudaladas de Madrid y en otras ciudades, alentadas por la extrema derecha, que va calando en lo sectores más desfavorecidos con su discurso antiinmigración.
“Tengo una ayuda para pagar una habitación y con lo que me dan acá y en el banco de alimentos voy aguantando“, explica a las puertas del comedor de Paralelo Andrés Barrena, un joven colombiano de 34 años que llegó a España como demandante de asilo por sufrir amenazas de bandas organizadas y por su condición sexual.
Nacido en el núcleo de una familia pobre de recicladores de basura, Barrena quiere estudiar para forjarse un futuro mejor y afirma que si consigue la nueva ayuda, tanto él como muchos españoles con dificultades, tendrán más oportunidades.
Fuente. Agencia de Noticias Télam
