La Dirección General de Aduanas denunció penalmente el viernes ante la Justicia Federal, al agente de este organismo de control descubierto el miércoles en el centro integrado de operaciones fronterizas en la cabecera encarnacena del puente San Roque González de Santa Cruz con 24 tarjetas de débitos de beneficiarios argentinos de jubilaciones y pensiones y 570 mil pesos y un millón de guaraníes en efectivos.
Tal como lo adelantó PRIMERA EDICIÓN, la presunta maniobra de tráfico de divisas iba a ser llevada ante la jueza Federal de Posadas, María Verónica Skanata, a instancias de los letrados de Aduanas quienes solicitaron que se investigue por la presunta comisión de los delitos de “cohecho y contrabando agravado” por tratarse de un funcionario público.
En la supuesta acción delictiva que este Diario dio a conocer en exclusiva el jueves, quedó involucrado un empleado o auxiliar de transporte que presta servicio para un despachante aduanero en el centro integrado mencionado.
Cabe señalar que tanto el agente aduanero como su presunto cómplice prestan sus servicios en este punto del puente Posadas-Encarnación y ambos fueron demorados por efectivos de la Armada de Paraguay tras la advertencia de los aduaneros del vecinos país.
La Justicia Federal de Posadas investigará ahora si estos argentinos son eslabones de una red de cobros de jubilaciones y pensiones en cajeros automáticos argentinos cuyos beneficiarios residen en Itapúa y a quienes les quitaban en concepto de “comisión” alrededor de tres mil pesos por cruzar el puente con su dinero.
La irregularidad fue descubierta a las 18 del miércoles -17 hora paraguaya- cuando los efectivos de control fronterizo interceptaron al aduanero argentino entregando una mochila con fajos de billetes en pesos al auxiliar de transporte que lo esperaba en una motocicleta y quien se encargaría de distribuir el dinero y devolver las tarjetas de débito a cada jubilado o pensionado.
La operatoria no sería aislada pero el monto incautado para la legislación de Paraguay no constituiría delito aduanero porque el monto no superaba los diez mil dólares que se pueden ingresar al Paraguay sin tributar los impuestos. No constituiría el delito de “tráfico de divisas”.
El posible delito se realizó ante el contexto de fronteras cerradas por la pandemia mundial de coronavirus. Los sospechosos se habrían aprovechado que los beneficiarios no pueden cruzar el puente y que sus beneficios podían suspenderse si en tres meses no realizaban extracciones de sus haberes.
