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Piden a la Policía Federal un informe sobre la presencia de OVNIs en el cielo argentino

9 mayo, 2020
ovnis

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A partir de un pedido realizado por una organización dedicada al estudio de los OVNIs, la Policía Federal realizará un informe de carácter “muy urgente” a partir del cual se hará público cualquier material, ya sea escrito o audiovisual, relacionado con este tipo de fenómenos, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad nacional.

La solicitud original fue hecha el 6 de mayo pasado ante Alicia Pilar Marichelar, responsable de la coordinación de Acceso a la Información Pública de la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, quien a su vez elevó el requerimiento a todas las superintendencias de la mencionada fuerza.

En el texto que entregaron a las autoridades de la cartera que conduce Sabina Frederic, la Comisión de Estudios del Fenómeno Ovni República Argentina (CEFORA) pidió “información escrita, audio, video o fotográfica de material, producto de la investigación, información, denuncia, o informes de guardia, de todo lo vinculado a Fenómenos Aéreos Anómalos, Ovni, UFO, plato volador, Objeto Volador No Identificado, Fenómeno Aeroespacial, Fenómeno Aéreo Inusual y todo aquello que se referencie con este concepto“.

“Tenemos conocimiento que la Gendarmería Nacional tuvo comisiones en diferentes momentos de su historia que bajo lineamientos de PON 8/78, obtuvo material respecto a la temática. La Prefectura Naval, tuvo desde la década del 60 a la actualidad denuncias sobre Objetos Voladores No Identificados (OSNIS), en operaciones por ejemplo como UNITA. La Policía Federal tuvo denuncias de casos de la misma manera. Caso Piltos Rally, La Vuelta a la América del Sur (23/09/1978)”, recordó la CEFORA, entidad dirigida por la ufóloga Andrea Pérez Simondini.

El Ministerio de Seguridad señaló que “correspondería hacer lugar a lo requerido” por CEFORA, aunque aclaró que se deberá tener en cuenta que por ley no se pueden hacer públicos datos “expresamente clasificados como reservados o confidencial o secretos, por razones de defensa o política exterior”, que “pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”, que “comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero” o que “pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona”.

La normativa actual establece que tampoco se podrá divulgar información “de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales”; “obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación”; “elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública nacional cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adaptarse en la defensa o tramitación de una causa” o que esté “protegida por el secreto profesional”.

A través de una comunicación interna, una de las dependencias de la Policía Federal tomó nota del caso y pidió realizar un informe de manera “muy urgente” sobre todo el material que estuviera en su poder.

En una carta, el jefe de la división de la Gestión Administrativa de la Superintendencia Federal de Intervención Territorial, Alfredo Ariel Coria, le ordenó a varios directores de esa fuerza de seguridad que entreguen antes de las 12:00 del próximo 11 de mayo la información “escrita, en audio, video o fotográfica” que tengan del presunto hecho, así como cualquier “denuncia o informe de guardia”.

Puntualmente, el subcomisario se refirió a cualquier material vinculado a “Fenómenos Aéreos Anómalos, Ovni, UFO, plato volador, Objeto Volador No Identificado, Fenómeno Aeroespacial, Fenómeno Aéreo Inusual“, tal como había especificado la CEFORA.

El pedido está dirigido a los directores de Orden Urbano y Federal, Luis Alejandro Rolle; de Operaciones, Marcelo Fabián Tettoni; de Operaciones Especiales, Carlos Miguel Vallini; y de Despliegue Operacional, Fernando Héctor Villegas.

Fuente: Infobae

Tags: ExtraterrestresOVNISPolicía Federal
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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