La Casa Rosada puso el enfoque de la semana política y gubernamental en el endeudamiento externo de la Argentina, récord e imposible de pagar. Fue al proponer a los tenedores de los bonos una pequeña quita de capital y una importante de intereses.
Mientras se espera la respuesta de los bonistas internacionales, quienes se volvieron a endeudar con las MiPyME y PyME argentinas (las que pudieron y consiguieron entrar en los créditos para pagar salarios a una tasa del 24%).
Pero también los trabajadores -con y sin relación de dependencia, formales e informales – que recurren a todo tipo de empréstitos (préstamos personales, tarjetas de crédito, adelantos de efectivo, etc.) para seguir sobreviviendo en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio que afecta a casi la mayoría de las personas.
Los que están en mejor situación son aquellos que consiguieron percibir la totalidad de sus haberes, en una sola vez, y sin descuentos. A los que peor les está yendo, son quienes pertenecen a empresas que cerraron, imposibilitados de trabajar y sin resto para reabrir cuando el aislamiento se termine.
A ellos se suman los monotribustitas y cuentapropistas que, sin su esfuerzo diario, no juntan un centavo para comer o vivir.
Aunque parezca increíble, los que calificaron como beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que deben cobrar $10 mil para un integrante por familia, aun esperan poder hacerse del dinero. Mañana lunes 20 de abril se cumplirá un mes de aislamiento obligatorio. En un mes ANSeS no pudo remitir de manera directa una ayuda a los aislados en peor situación económica.
Es por la inentendible decisión de bancarizar el aporte cuando la enorme mayoría de la población objetivo a ser asistida es informal y, por ende, no se encuentra bancarizada. El razonamiento pareciera ser que también hay que ayudar a los bancos a subsistir después de largos años de ganancias acumuladas.
En carpeta todavía quedaron los monotributistas C y D para percibir el bono estatal. Al igual que una posible segunda cuota del bono IFE y de $3.000 para jubilados y pensionados, AUH y embarazadas.
Por decenas se lanzaron las personas a arreglar aunque sea el pago del mínimo de las tarjetas de crédito para poder seguir gastando. Aún sabiendo que pagarán entre 50 y 80% de intereses. Nuevamente el sistema financiero se aseguró no perder.
Ese mismo sistema que le “pelea” a las PyME un crédito que subsidia el Estado (no implica que bancos deban poner un centavo de sus cajas), con garantías firmadas incluso por las provincias de la coparticipación.
Está claro que el endeudamiento obligado por las circunstancias es “selectivo”. Obliga a los que menos tienen ante la crisis y la pandemia y beneficia a los que más riqueza acumularon en los últimos años y siguen sin verse afectados.
Ahora, hace falta un mayor grado de efectividad del Estado nacional en ver que las medidas, que anunció para atenuar el impacto sobre la gente y las pequeñas empresas, se efectivicen. En especial si el aislamiento obligatorio irá “flexibilizando” actividades de manera moderada; con una economía que no se oxigenerá tal vez en muchos meses más.
Recién ayer el Gobierno reglamentó cómo se deberá atender la situación de quienes fueron intimados al corte de los servicios de agua, luz, TV cable, telefonía, entre otros. Pasaron varios días desde que la Nación anunció el “beneficio” que quedó acotado a usuarios que deberán demostrar en algunos días que no pueden pagar, así podrán obtener un servicio mínimo mientras dure la deuda.
De alerta en alerta
Las cámaras empresarias no paran de emitir alertas, de mandar notas a gobernaciones, intendencias y al Presidente de la Nación para pedir auxilio. Las teleconferencias buscan calmar los ánimos, pero los empresarios saben que en 20 días no habrá dinero para un nuevo pago de salarios, servicios y cualquier otro compromiso. Tampoco capacidad de endeudamiento ante bancos.
Ocho de cada diez empresas solicitaron ayuda estatal para hacer frente al pago de salarios y otras obligaciones durante lo que va de abril, según lo admitió el Gobierno nacional. Son más de 400.000 inscriptos, con exenciones impositivas, subsidios para pagar salarios de trabajadores y créditos.
El 72% de las empresas registraron caídas de las ventas mayor al 60%, mientras el 87% de las compañías tiene “serias dificultades” para pagar sueldos, según la Unión Industrial Argentina (UIA).
El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) pautó con los empresarios del rubro suspensiones temporales con pago parcial de los salarios (65%) en medio de la crisis generada por el coronavirus.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, admitió que los trabajadores del sector suspendidos en medio de la pandemia, cobrarán 30% menos pero no serán despedidos.
Desde la CGT, Héctor Daer endureció el discurso hacia la Casa Rosada: “A veces, nosotros tenemos más anhelos que lo que se puede dar”.
“Pero la ejecución (de las medidas) tiene que aparecer, porque sino seguimos dando vueltas sobre lo mismo”, dijo al canal A24.
Advirtió que “hay actividades que van a permanecer mucho tiempo (paradas), otras que se tendrán que transformar y otras que, por más que se empiece a producir, mañana no van a tener mercado”.
Lunes “flexible”
Desde mañana se podrán activar, lentamente, algunos rubros en Misiones. Luego de la reunión en Olivos entre el presidente Fernández y los Gobernadores, se acordó autorizar excepciones al aislamiento.
Para algunos puede significar un respiro. Para gran parte del personal de seguridad y sanitario no. Sigue latente el temor a que un mayor movimiento de personas pueda generar accidentes que ocupen las camas hospitalarias. Sin mencionar lo que podría ser un brote de contagio con la mirada puesta especialmente en San Vicente.
Varios funcionarios estaban ayer muy molestos con el intendente Fabián Rodríguez (PAyS) y los concejales que aprobaron a mediados de la semana pasada la reapertura de comercios en medio del aislamiento ordenado por el presidente Alberto Fernández. La medida llevó a obligar al cierre a comerciantes que ahora deberán afrontar causas judiciales por culpa de los dirigentes.
El jueves finalmente se derogó la polémica medida pero, un día después, apareció el caso positivo de Covid-19 en el camionero y ayer en la esposa del mismo. “Sobre llovido, mojado”, atinó a decir un Ministro sobre ambas circunstancias.
A puertas cerradas, en el esquema de ir tomando decisiones binarias como señaló Oscar Herrera Ahuad se pretende ir cuidando la salud pero al mismo tiempo generando las condiciones para cuidar la economía. Desde la Provincia prometen que habrá un estricto control sanitario, porque no se estará liberando la cuarentena como piensan algunos, sino que simplemente se habilitan algunas actividades con cumplimiento de un estricto protocolo.
El Gobernador le pidió a los ministros que sean inflexibles: “al que no cumple se le cierra. Primero está la salud”. La novedad de ayer es que el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, admitió el pedido de Misiones para habilitar actividades notariales; productores asesores de seguro para el pago de pólizas y sin atención al público; abogados; profesionales de las ciencias económicas. Pero no aceptó la propuesta de reactivar la construcción privada, bajo el protocolo que acordaron UOCRA, cámaras empresarias y la Provincia.
Durante la presentación del programa de pago de la deuda pública de la Nación, Herrera Ahuad acompañó al presidente Fernández. Tuvo la oportunidad de presentarle un reclamo por los montos adeudados que la Nación retiene a Misiones. Tal como lo anticipó PRIMERA EDICIÓN son más de $3000 millones para docentes, jubilados y viviendas, tres rubros donde se necesitan dineros con urgencia.
No fue claro Fernández en su respuesta, acerca de porqué se demoran sus colaboradores en enviar los recursos pero, desde Misiones, “se percibe un ritmo de gestión muy lento para los tiempos y las necesidades que aquejan a los ciudadanos, principalmente del interior del país”, admitió un funcionario consultado sobre los resultados del pedido.
Misiones es la única provincia que anunció un reparto a todos los intendentes, de los fondos recibidos como ATN por parte de la Nación para compensar la caída de la coparticipación.
Además se duplicará la cuota de la Emergencia Alimentaria que reciben los municipios, se envían $ 15 millones para obras o para sostener las ferias francas; y otros $ 15 millones para la compra de elementos de seguridad y cuidado sanitario.
