La salud antes que la economía. El presidente Alberto Fernández ratificó su premisa para sostener que el aislamiento social preventivo y obligatorio sigue un tiempo más. El Decreto conocido ayer fija como nueva fecha el 26 de abril pero podría ir más lejos.
La explicación sobre la cantidad de casos que tiene Argentina por sobre los países más complicados, tiene una explicación sencilla: en el país no hay más contagiados por coronavirus ni víctimas fatales por la cuarentena pero, el día que se comiencen a liberar actividades, los habrá sin que alguien pueda prever cuántos ni con qué características. Cuando llegue ese pico de contagios, los gobernantes nacionales y provinciales esperan estar en mejores condiciones sanitarias de atención para hacerle frente. Especialmente porque los materiales críticos aparecen a cuenta gotas (respiradores especialmente).
Los especialistas que asesoran al Presidente lo explicaron claramente: se trata de demorar la suba de casos que se deberán atender para ganar recursos disponibles. Y algo no menor, como es la llegada de la medicación y la vacuna contra el COVID-19. Sobre ambas trabajan muchas universidades, organizaciones gubernamentables y científicos pero todavía con pruebas en marcha o por hacer en las próximas semanas.
Hacer nada es hoy la mejor receta ante la enfermedad que castiga al mundo, en particular cuando se trata de un virus aún por conocer y del que no existe remedio comprobado.
Una realidad es la que se vive en Argentina con cuarentena obligatoria y una muy distinta será con miles de infectados por COVID-19 o fallecidos por la misma. La parálisis será más profunda. De allí la idea de Fernández de ir abriendo el movimiento de manera muy lenta.
Sin embargo, a medida que se estira la cuarentena obligatoria, hay personas (cuentapropistas, monotributistas, trabajadores informales); empresas (especialmente las más pequeñas) que miran la llegada de mayo con suma preocupación.
Presidente, ministros, gobernadores, intendentes y demás representantes de los ciudadanos deberán “navegar en aguas turbulentas” sin descuidar ambos frentes de tormenta (salud y economía) que pueden agravarse.
Pensar que un apoyo de $10 mil pesos para desempleados, monotributistas A y B o cuentapropistas ayudará a mantener una familia es no ver que la economía hogareña empeoró. Y que quedan grupos a los que se debe auxiliar con premura.
“Estamos preocupados por algunos sectores de la clase media, estamos viendo cómo ayudarlos, fundamentalmente los monotributistas de las categorías C y D”, afirmó Fernández al anunciar el viernes en la Residencia de Olivos, la extensión del aislamiento social.
Son trabajadores independientes con ingresos brutos al año de hasta $417.478,51 (es decir un promedio de $34.700) en el caso de la categoría C, y de hasta $626.217,78 ($52.100 mensual) para la D.
Pensando en negocios unipersonales o familiares, es que la Nación permitirá trabajar a muchos comerciantes sin atención al público y por servicio de delivery.
En el sector empresario con varios empleados a cargo, se dan situaciones diferentes pero que coinciden en los problemas económicos que vienen de arrastre, en una Argentina con largos meses de recesión.
Por un lado están las MiPyME y PyME que llegaron con los pagos de salarios a abril, pero no así de impuestos y cargas a la AFIP, ANSeS, Rentas, Municipalidades, etc. Algunas podrán entrar en los planes lanzados por la Nación con plazo para ello hasta mañana lunes.
En el otro están los que no pudieron siquiera pagar sueldos y se encuentran con bancos que, lejos de ayudar, no los asisten ni les permiten llegar al préstamo a tasa del 24%, dentro del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), a un año de plazo con tres meses de gracia.
“El Presidente sabe que si nosotros no hacemos lo imposible para mantenerlas vivas, va a ser imposible la recuperación futura. No es que ayudamos a las PyME porque son débiles, sino porque son el núcleo que permite la reactivación del tejido social”, sostuvo en una entrevista el presidente del BICE, José Ignacio de Mendiguren.
Más de 220 mil empleadores ya se registraron en la AFIP para recibir una prórroga de dos meses en el pago de aportes patronales en medio de la pandemia de coronavirus, en las primeras 48 horas desde que se habilitó la registración.
Siete de cada diez empresas que accedieron al programa obtuvieron en forma “automática” una prórroga por dos meses del pago de las contribuciones patronales correspondientes a marzo que vencían en abril.
Sobre este punto, el problema se dará en quienes tengan contratadas medicina prepaga: al no hacerse los aportes, los afiliados deberán afrontar de manera particular la diferencia. De hecho, este mes, se les facturó la diferencia con un fuerte impacto en los trabajadores.
Efecto Penta
No hay dudas que hoy se espera el mayor protagonismo desde el Estado. De hecho, la emisión récord de pesos realizada por la Nación se justifica en estos tiempos de emergencia. Pero el Estado puede hacer más, porque es hoy el que tiene las herramientas que impidan que todo no empeore más.
La AFIP y la ANSeS entre otros organismos pueden generar más medidas para descomprimir la situación, porque el Estado necesita de los privados. Y esos privados hoy están con cadenas de pago cortadas. A la enorme mayoría de los privados no se les pedirá más.
Sin embargo, al Gabinete nacional le faltan medidas más eficaces en materia fiscal y de incentivos laborales. Aparecieron algunos pensando en una cuarentena con finalización el lunes 13 pero, ahora, se necesitan otros con la mirada puesta prácticamente en mayo.
Poco a poco van apareciendo problemas en distintos puntos del país. A los que se comentaron la semana pasada desde este espacio, sobre suspensiones, despidos y descuentos salariales, el Gobierno nacional mira con preocupación a la provincia y la ciudad de Buenos Aires.
En Quilmes, la nota de tensión laboral de la semana se dio en el frigorífico de carnes Penta por despidos y no pago de salarios a 250 trabajadores que terminó en un enfrentamiento entre policías y manifestantes. La duda es ¿cuántos Penta puede haber hasta que se flexibilice el aislamiento y la economía se ponga en funcionamiento?
Decretar que no haya despidos sin generar condiciones para sostener el empleo es una mera intención sin efectos reales en la golpeada economía de Argentina.
ATN potenciados
El reclamo generalizado de los Gobernadores al Presidente fue la fuerte caída en la coparticipación. Entonces, Alberto Fernández propuso dos fondos: uno de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por 60 mil millones para los próximos meses; y otro Fiduciario con tasa preferencial y cuotas a pagar por parte de las provincias, por otros 60 mil millones de pesos más.
De los ATN potenciados en tiempos de crisis, ya se depositaron 20 mil millones de pesos, de los cuales a Misiones le tocaron 654 millones de pesos. Fuentes de la Rosadita provincial aseguraron que lo remitido es un tercio de las pérdidas de ingresos, calculados en 1.800 millones.
Aún con la diferencia entre lo que debería y lo que fue depositado, nada se rechaza en tiempos de crisis como la actual, más aún cuando no se conoce la finalización de la pandemia.
Paralelamente, cada provincia recibió un millón de dólares con el fin de invertir en equipamiento y recursos destinados a enfrentar el COVID-19.
En la teleconferencia conjunta, Misiones pidió sostener el cierre de fronteras y no reactivar el transporte de pasajeros de larga distancia. Fue escuchada, ya que ayer en los DNU de Fernández se ratificaron ambas cuestiones.
Lo único que seguirá pudiendo pasar de un país a otro será el transporte internacional y las exportaciones de productos habilitados.
Por la realidad de las chacras misioneras, distantes unas de otras, es que se optó por ir reactivando la producción primaria. Esa producción irá generando ingresos en los pueblos, ya sea mediante la agricultura familiar que vende a pedido o en las ferias francas o en grandes volúmenes de alimentos generados en la tierra colorada para abastecer las demandas del mercado nacional.
En el sector forestal, se exigieron medidas sanitarias para permitirles funcionar en las excepciones del aislamiento. Después de las 8 mil camas pedidas a dos empresas del Alto Paraná misionero, podrían llegar más solicitudes debido a la rápida respuesta que se puede ofrecer a las demás provincias y a costos muy razonables en la emergencia.
El conjunto de las acciones mencionadas dejan de estar paralizadas y, a su vez, de ser sectores a los cuales el Estado deba subsidiar de manera directa, pero sí se deben acompañar con medidas como las anunciadas por Herrera Ahuad hace casi dos semanas.
