En medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Ecuador condenó este martes en ausencia a ocho años de prisión y 25 de inhabilitación para ocupar cargos públicos al ex presidente Rafael Correa por delitos de corrupción.
Correa fue condenado por el delito de cohecho agravado en calidad de autor mediato y, además de la pena de cárcel y la inhabilitación política, fue sentenciado a pagar daños y perjuicios.
El diario La Hora informó, incluso, que el ex presidente deberá emitir una expresión de disculpas por su caso, en español y en quichua, y a costear la colocación de una placa en la Presidencia de la República del Ecuador en la que debe leerse una manifiesto sobre ética en el ejercicio de la función pública.
Desde Bélgica, el país natal de su esposa y el lugar donde vive con su familia desde que dejó la Presidencia en 2017, Correa rechazó el veredicto y lo calificó de “mamarrachada”. Al mismo tiempo, acusó a los jueces del tribunal de querer boquear su candidatura en las elecciones generales del año próximo.
“Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia para lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años. De tu voto depende que esta pesadilla acabe“, escribió el ex mandatario en Twitter.
Más tarde, le dijo a la agencia de noticias EFE que el objetivo de la condena era principalmente evitar su futura candidatura.
“Están desesperados para cumplir con los tiempos e inhabilitarme para las próximas elecciones porque saben que si yo puedo regresar les ganamos las elecciones, y ampliamente“, denunció Correa, quien cuestionó la “urgencia” del veredicto en medio de una pandemia que tiene paralizada a gran parte del país y el Estado ecuatoriano.
El juicio, con una veintena de imputados, duró menos de dos meses. Pese a la condena en ausencia de este martes, el ex mandatario advirtió que volverá al país y presentará su candidatura.
“Y yo regreso, así me metan preso, pero que me dejen registrar como candidato. No lo van a hacer“, sentenció.
El llamado ‘Caso Sobornos’ nació en abril del año pasado con una denuncia periodística basada en las anotaciones de la libreta personal de la ex jueza constitucional Pamela Martínez, sindicada por la Justicia y distintos medios como ex asesora del gobierno de Correa.
Martínez, quien fue condenada a más de tres años de prisión, dijo que en 2018 decidió escribir detalladamente el esquema de corrupción que, sostuvo, funcionó entre 2012 y 2016.
El año pasado, menos de una semana después que estallara la denuncia en los medios, la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial y presentado la acusación contra 11 ex funcionarios y 10 empresarios por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y lavado de activos.
Según la denuncia que presentó la Fiscalía, entre 2012 y 2016, un grupo de funcionarios de la Presidencia de Ecuador, por entonces dirigida por Correa, tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios que tenían contratos con el Estado y que terminaban en las arcas del partido oficialista, por ejemplo para garantizar la última reelección del mandatario en 2013.
Entre los condenados está el compañero de fórmula de Correa en esa elección, el ex vicepresidente Jorge Glas, quien hoy está preso en una cárcel de máxima seguridad por otro caso de corrupción.
Tanto Glas como la ex ministra de Obras Públicas María de los Ángeles Duarte recibieron la misma pena que Correa, según el diario Expreso.
Los otros condenados este martes fueron el ex secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera, los ex funcionarios Walter Solís y Vinicio Alvarado, la actual asambleísta Viviana Bonilla, el ex legislador Christian Viteri y la ex asesora de Pamela Martínez, Laura Terán.
De la contraparte empresarial, fueron condenadas diez personas.
En ninguna momento a lo largo de la investigación y el juicio, la Fiscalía pudo demostrar un vínculo directo entre este esquema de financiación ilegal y el entonces mandatario. Sin embargo, el tribunal concluyó que el flujo de dinero era tal que Correa debía estar al tanto.
En la lectura de la sentencia, los jueces explicaron: “Tanto dinero no puede ocultarse fácilmente, mucho menos si era manejado por su asesora (Pamela Martínez). Por eso, el Tribunal considera que efectivamente, Rafael Correa tenía conocimiento de los fondos indebidos para posicionar su movimiento político.”
Correa, quien se instaló en Bélgica con su familia después de terminado su mandato y no volvió a Ecuador para someterse de manera presencial a la Justicia, siempre negó las acusaciones de corrupción y aseguró que los pagos detallados por la Fiscalía en su contra fueron legales y declarados en su momento.
Fuente: Télam
